Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Inexplicablemente tanto el gobierno de la República, el del Estado e incluso las organizaciones civiles derecho humanistas, han dejado de lado y/o hecho caso omiso, al alza desbordada de la violencia y la inseguridad en nuestra entidad.
El tema en disputa de las instancias gubernamentales y organizaciones civiles no gubernamentales, es otro: el del gasto público en seguridad, no solo en Chihuahua, sino en toda la República.
Por ejemplo, el mes pasado, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señalaron que será difícil para las autoridades federales y locales contener la escalada de violencia, ya que “el gasto de seguridad del gobierno en este año, alcanza apenas el 0.96 % del Producto Interno Bruto (PIB) y presenta un recorte de 14.3% en comparación a los recursos destinados en 2018.
Héctor Villareal, director de la CIEP, señaló que no solo hay poco dinero, sino que además se esta distribuyendo de “manera extraña”.
Alejandra Macías, analista de (CIEP) fue mas explicita: Subrayó que existe “una atomización de programas presupuestarios para cumplir con los objetivos, ya que en 2019 se identificaron 120 programas; sin embargo, –señaló—los recursos se concentran en seis de ellos”.
El gasto en seguridad pública en lo que va de 2008 a 2019 siempre ha sido de 1% del PIB, lo que representa el 4% del gasto total aprobado.
De este presupuesto, el 70 por ciento es destinado, según, el director de CIEP, a las Fuerzas Armadas en “apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia; reclusión y readaptación” en tanto–se queja–, el 1.5% se destina a prevención del delito y atención a los derechos humanos.
“México debería gastar el doble o triple en seguridad y gastar bien” concluyó la analista.
Seguramente tiene razón: los recursos financieros que se destinan a combatir este cáncer social, deberían incrementarse. En lo que va de la nueva administración el presupuesto asignado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los poco más de 6 mil millones de pesos ejercidos en 2018, se han asignado en el año en curso 5 mil millones de pesos, esto es, mil millones y pico de pesos menos.
Por lo que hace a nuestra entidad, las partida que se asignó el año pasado fue de alrededor de 166 millones de pesos, los cuales se distribuyeron 10 millones de pesos a 5 municipios (Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Meoqui y Camargo) 70 millones a Ciudad Juárez y 46 millones a Chihuahua.
No es, empero, el dinero la única ruta a seguir para hacer frente a la inseguridad y la violencia en constante crecimiento que se ha generado en la entidad, fundamentalmente por la disputa de los cárteles de la droga por el control de territorios y el mercado de consumidores, particularmente en la Sierra y en la zona fronteriza.
De nada sirve, incrementar el presupuesto en materia de seguridad pública, si no se atienden a profundidad las causas que han provocado cada vez más, una aguda expansión criminal en el país y nuestro estado.
El Semáforo de Delitos de Alto impacto lo documenta con claridad. Tan solo entre enero y marzo el secuestro se disparó 550%, la extorsión aumentó 127%, el robo a negocios el 62%, homicidios el 48%, robo a vehículos 46 % y narcomenudeo 31%.
Chihuahua se ubica entre las cinco entidades con mayor índice de homicidios por enfrentamientos y ejecuciones entre los cárteles de la droga, que reitero, se disputan tanto el territorio como el mercado del narcomenudeo.
Según la Coparmex, en lo que va del año, se han registrado mil 200 crímenes de alto impacto, esto es un promedio de alrededor de 6 ejecuciones diarias. En la lista están incluidos decenas de policías al servicio de diferentes cárteles que son levantados y asesinados por el grupo rival y otros en venganza por la detención de sicarios.
Y por si fuera poco, el narcotráfico está levantando en colonias marginales a jóvenes y también a adultos ya sea mediante el secuestro y/o el engaño de ofrecerles trabajo provisional para levantar cercos o potreros, cortar leña, con sueldo de entre 250 y 300 pesos diarios. Terminan literalmente de esclavos recluidos en cuevas, carentes de alimentos y agua para bañarse, pero eso sí, víctimas de golpizas y desnutrición.
La descomposición social en boga, se ha extendido también en el ámbito familiar. De conformidad con una encuesta de Ficosec, organismo comunitario, en torno a la Violencia Familiar y Sexual, realizada a 3 mil 948 personas en los municipios de Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes, el 45.2% de los varones niños y adolescentes y el 42.7 de las mujeres niñas y adolecentes, dijeron ser victimas de violencia en su hogar.
El 56 % de menores de edad y adolecentes de la violencia psicológica; el 18.4 carece de cuidados paternos y el 4.3 es golpeado, amenazado y estrujado o jaloneado.
En lo que se refiere a las mujeres, se registra también un alto índice de feminicidio, a tal grado que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos solicitaron se implemente en Chihuahua, una Alerta de Violencia de Género en lo Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo, de una parte y la otra en Chihuahua y Cd. Juárez.
La Ley General define la Alerta de Genero “como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia autoridad”
Este oscuro y deplorable entorno que se vive en Chihuahua, no se va a modificar con más dinero, ni con violencia y discriminación social y mucho menos con instalación de cámaras y luminarias nuevas como aducen las autoridades gubernamentales.
Lo que se requiere en mi opinión, es una auténtica reconstrucción del tejido social, combatir a fondo la corrupción y la impunidad y, desde luego, el saneamiento y profesionalización de las corporaciones policiales, bajo los siguientes ejes:
Una real articulación interinstitucional de las corporaciones policiales municipales, estatales y federales, incluyendo a la Guardia Nacional; Un sistema de evaluación periódico de su desempeño mediante indicadores que permitan detectar las diferencias estructurales y personales de esas corporaciones; una permanente capacitación de sus integrantes; un sistema pericial eficiente y de alta tecnología y un sistema penal moderno y certificado.
No hay otra forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la del Estado.
Veremos y diremos.
