El agente de la Patrulla Fronteriza que fue acusado de delito de asesinato no premeditado por la muerte de un adolescente mexicano es sólo uno de tres agentes que se han enfrentado a acusaciones de asesinato en más de 20 años.
Un jurado federal que revisó la muerte de José Antonio Elena Rodríguez de 16 años, a quien le dispararon unas 10 veces a través de la frontera, acusó el miércoles al agente Lonnie Swartz de un cargo por asesinato no premeditado.
“Es muy raro que un agente de la Patrulla Fronteriza sea acusado por un acto criminal cuando el abuso o asesinato está en tierra estadounidense”, dijo Lee Gelernt, subdirector de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
En el caso de un tiroteo transfronterizo con la víctima en tierras mexicanas, el grupo ACLU no conocía de ningún escenario previo en donde el agente de la Patrulla Fronteriza fuera condenado, agregó Gelernt.
Sólo dos agentes habían sido acusados por el asesinato de inmigrantes.
Nicholas Corbett fue acusado en enero de 2007 por la muerte de Francisco Javier Domínguez Rivera. El caso fue desestimado cuando los miembros de dos jurados no llegaron a una decisión mayoritaria.
Michael Elmer fue acusado de asesinato no premeditado, pero fue exonerado después de la muerte a tiros de Darío Miranda Valenzuela en 1992. Ambos casos sucedieron en Arizona.
La Patrulla Fronteriza ha afirmado que Elena Rodríguez estaba entre un grupo de personas que lanzaba piedras, poniendo en peligro la vida de los agentes. Pero su familia alega que el chico volvía a casa tras jugar un partido de baloncesto con amigos y no estaba armado ni lanzaba piedras.
Luis Parra, el abogado de la madre del adolescente, dijo que la familia estaba agradecida con el Departamento de Justicia “por este primer paso hacia la búsqueda de justicia” y los parientes “siguen resueltos a buscar total transparencia” de parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El abogado de Swartz, Sean Chapman, no ha respondido a las solicitudes de declaraciones al respecto. El letrado dijo al periódico Arizona Daily Star que su cliente prevé declararse inocente en la audiencia del 9 de octubre. La fiscalía se negó a comentar sobre el caso.
El sindicato de la Patrulla Fronteriza criticó la acusación el jueves.
“Tristemente nuestros agentes y todos los cuerpos policiales operan en un mundo de agendas políticas y consejeros de escritorio. Pero nuestros trabajos son peligrosos y las decisiones que tomamos todos los días determinan si podremos regresar con seguridad a nuestras familias. Le pedimos al público que detenga el juicio del agente Swartz mientras se desarrolla el proceso legal”.
Swartz también enfrenta una demanda de derechos civiles por la muerte del chico, quien estaba en Nogales, Sonora, el 10 de octubre de 2012, cuando Swartz disparó desde Nogales, Arizona.
La Patrulla Fronteriza ha utilizado fuerza letal en más de 40 ocasiones en incidentes relacionados con aventar piedras, y 10 resultaron en muertes.
El gobierno mexicano señaló el jueves que aplaude esta resolución de acusar al agente.
La decisión “representa un avance sin precedentes en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas en las acciones de procuración de justicia y de control migratorio”, dijo en una declaración del Departamento de Relaciones Exteriores. El fallo “ayuda a la construcción de confianza de la comunidad en los agentes de control migratorio y en el sistema de justicia” de Estados Unidos.
El caso sucedió entre críticas de que la Patrulla Fronteriza utiliza fuerza de manera indiscriminada, una acusación que la agencia niega. Por lo general se permite a los agentes de Patrulla Fronteriza emplear armas letales contra las personas que lanzan piedras, porque las pedradas pueden resultar mortales. Desde 2011 se han registrado más de 1.700 incidentes en los que se lanzaron piedras contra los agentes, según la agencia.
Chapman intentó que se desestimara la demanda bajo el argumento de que la Constitución estadounidense no ampara a Elena Rodríguez, ciudadano mexicano, porque estaba en México en el momento del tiroteo. Un juez federal falló en julio que la demanda podía seguir adelante.
En un caso similar en Texas, un tribunal federal de apelaciones determinó que un adolescente muerto en México por un agente de frontera en El Paso no estaba protegido por la Constitución.
En ese caso, el agente Jesús Mesa Jr. disparó en junio de 2010 contra Sergio Adrián Hernández Guereca, de 15 años, cerca de un puente de cruce fronterizo entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades señalaron que Mesa intentaba detener a migrantes que habían cruzado de forma ilegal al país cuando fue atacado con piedras. Mesa disparó su arma a través del Río Bravo y alcanzó dos veces a Hernández.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito dijo en un principio que la familia de Hernández podía demandar a Mesa. Pero el pleno de la corte revocó esa decisión en abril.
Fuente: AP
