Por John M. Ackerman
Las viejas estrategias del régimen priísta para la desactivación de las protestas sociales ya no funcionan como antes. Hoy, cuatro meses después del surgimiento simultáneo de dos poderosos movimientos –uno desde la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el otro en el Instituto Politécnico Nacional–, ambos se mantienen más fuertes que nunca. Tanto el movimiento urbano como el levantamiento rural continúan con gran iniciativa imponiendo a los de arriba las reglas de los de abajo.
El ingreso de civiles desarmados a las instalaciones del 27 batallón en Iguala, el pasado lunes 12 de enero, en busca de sus hijos y colegas desaparecidos, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de México. Evidenció el contundente avance del poder popular en Guerrero y en todo el país. Después de meses de haber insistido en el ingreso a los cuarteles militares y recibido solamente evasivas de las autoridades, los padres de familia terminaron unilateralmente la espera e ingresaron directamente sin pedir permiso a absolutamente nadie.
Aquella valiente acción no constituyó de ninguna manera unaprovocación o un reto a la autoridad, sino que fue simplemente la materialización del enorme poder y legitimidad social que ha acumulado el movimiento desde el pasado 26 de septiembre. La policía comunitaria de Guerrero cuenta con armas de alto poder y se encuentra aliada plenamente con el movimiento de Ayotzinapa. Si lo que buscaban era provocar a la autoridad hubieran podido hacerlo sin problema, pero en lugar de disparar optaron por la vía de la acción social.
Lo mismo ha ocurrido con la instalación de decenas de concejos populares a lo largo y ancho de Guerrero. En lugar de tomar el poder con las armas, en municipios como Tecoanapa y Ayutla de los Libres, el movimiento social ha logrado desplazar a las autoridades formalmente constituidas con la fuerza de la razón y la legitimidad social.
La decisión del movimiento popular en Guerrero de optar por la vía desarmada es digna de reconocimiento. Marca una diferencia histórica radical con los movimientos guerrilleros de los años setenta.
Los verdaderos provocadoresentonces no son quienes buscan por todos los rincones del país a sus hijos desaparecidos, sino otrora luchadores sociales, como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes cínicamente se han pronunciado contra la liberación de presos políticos, como Nestora Salgado. Otro provocador sería el fundador del Grupo Bimbo, Roberto Servitje, quien se ha quejado de que al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa se le ha dado una dimensión que no tiene. El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, también se ha sumado al juego de la descalificación y la división al llamar promotores de la violencia a quienes luchan por limpiar al narcogobierno en el estado.
Los estudiantes del Politécnico también han podido evitar tanto la ingenuidad como la radicalización. El levantamiento del paro no ha implicado de ninguna manera el fin de la movilización, sino apenas el inicio de la lucha estudiantil. La renuncia de 24 de los 44 directores de escuelas del IPN la semana pasada dejó en claro que los alumnos mandarán y las autoridades tendrán que obedecer durante la nueva etapa de la institución. Tal y como señaló la vocera de los estudiantes en la clausura de la mesa de diálogo con las autoridades el pasado 8 de diciembre: “No venimos a pedir nada. Hemos venido a tomarlo todo. Porque los derechos no se piden, se exigen. No se mendigan, se toman…. Nuestra trinchera es el Politécnico, pero nuestro objetivo es el cambio nacional” (http://ow.ly/HwGfi).
Mientras, en el caso Ayotzinapa el gobierno federal busca superar la crisis política anunciando que ya se agotaron todas las líneas de investigación y que pagará la exorbitante suma de un millión de dólares a un equipo de cinco expertos para limpiar la imagen internacional del gobierno. También ha invitado alombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a realizar un paseo en un solo cuartel del Ejército.
Estas medidas mediáticas no cambiarán nada mientras no se atienden las raíces de impunidad estructural que todos los días genera más de una docena de desaparecidos en el país. Tal y como ha aclarado el siempre lúcido Omar García, en entrevista con Sanjuana Martínez enLa Jornada: “El brazo armado del Estado es el Ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del Ejército de nada sirve que cambie el gobierno…. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado”.
Con su típico coctel de promesas vacías, represión, e infiltración, el régimen busca fomentar el cansancio, la radicalización y el olvido entre la sociedad. También espera lavar sus fechorías en el torbellino electoral que ya se acerca. Pero los nuevos líderes sociales, en Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Sonora, Morelos y en todo el país han demostrado que se encuentran un paso adelante del poder. El guion autoritario se ha hecho añicos y la nueva historia ya empieza a escribirse.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
