Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Como es de conocimiento público, se ha desatado, en torno al proceso de las elecciones intermedias del 6 de junio que inician este 4 de abril, una aguda confrontación política entre partidos y coaliciones que aspiran asumir el poder legislativo, gubernaturas, alcaldías, la cual ha exacerbado aún más la polarización social entre los de “arriba” y los de “abajo”, esto es, entre la oligarquía y el pueblo.
Es evidente que los de “arriba” quieren recuperar el poder del Estado para seguir gobernando como antes lo hacían y a la par, que los de “abajo” no quieren seguir viviendo como antes. Eso es lo que está en juego en estas elecciones, de eso no hay la menor duda.
La polarización política electoral en ciernes ha creado una enorme confusión entre lo que es el pluralismo político y la justicia social, ejes fundamentales de toda auténtica sociedad democrática.
El pluralismo es inherente a todo proceso electoral democrático, mediante el cual se expresa y difunde a los ciudadanos la multiplicidad de opiniones y puntos de vista políticos, económicos, religiosos, académicos, de partidos y candidatos, –lo que considero es lo más relevante para los electores–, ya que amortigua los conflictos sociales de grupos minoritarios y mayoritarios con intereses contrapuestos, siempre y cuando se apeguen a la legalidad por la vía pacífica, la Constitución y la equidad de minorías y mayorías en los comicios.
La polarización política, por el contrario, exacerba las relaciones de las clases sociales, fomenta la desigualdad de ricos y pobres, la discriminación racial de las etnias, vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y la soberanía del pueblo y la nación.
Ejemplo de ello es la aguda confrontación que se ha generado en el ámbito del Estado de Derecho entre el poder neoliberal de la “libre competencia y competitividad” y el Poder Ejecutivo federal y sus políticas socioeconómicas de la “cuarta transformación”.
“Estado de Derecho”, cuyo poder y actividad están regulados por las reformas constitucionales neoliberales impuestas por el los expresidentes del PRI y del PAN, que usan de escudo para poner freno a las políticas de la “cuarta transformación”, en particular, las de bienestar social, desarrollo económico estabilizador y rescate de las empresas paraestatales y recursos naturales propiedad de la nación, que fueron vendidas a empresas trasnacionales.
Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías de su protección”.
Sin recato alguno, jueces han otorgado decenas de amparos a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica a múltiples empresas del sector privado nacionales y trasnacionales, con el mismo argumento de que afecta la “libre competencia”.
Es evidente que el Presidente de la República enfrenta una embestida de los de “arriba”, que a toda costa pretenden desestabilizar su Gobierno y a la “cuarta transformación”.
No conciben que sin justicia social la “democracia” a la que apelan es una falacia; que su polarización electoral es un fraude del pluralismo faccioso del INE y el Poder Judicial, y una fuente de segregación del ser social y la nación.
El extraordinario politólogo Carlos Pereyra, en su texto Sobre la democracia publicado en 1990 en Ed. Cal y arena, lo advirtió y catalogó como el principal déficit político:
“Fuera de la gran coalición gobernante, no existe un grupo, una organización que pueda ofrecer alternativas conocidas nacionalmente, que pueda competir más allá de los márgenes sindicales, gremiales o locales un polo diferente que se proponga gobernar… sin esta condición es imposible siquiera pensar en un país democrático…sin esa condición es factible suponer un divorcio mayor –de imprevisibles consecuencias entre el Estado y la Sociedad–”.
Ese “polo diferente” que logró gobernar en este país es el de la “Cuarta Transformación”, la cual ha conciliado y regulado la relaciones entre el Estado y la sociedad y, con ello, fortalecido la democracia.
Es falso que “el Presidente se ha alejado de los atributos de una sociedad democrática”, como dijo en entrevista con Carmen Aristegui el consejo consultivo de Artículo 19. Al contrario, ha impulsado políticas sociales en beneficio de los de “abajo” NO de los de “arriba”, como lo hacían los gobiernos neoliberales, y, con ello, apuntalado los cimientos de una real democracia participativa y pluralidad política.
El Presidente de México a diferencia de sus antecesores, tiene claro que, sin justicia social, corrupción e impunidad, no hay democracia. Así que no se dejen engatusar por la polarización social que está impulsando Va por México y sus corifeos (PRIAN y PRD).
