Por Javier Valero Flores
En medio de la parte más álgida de la definición priista al Gobierno de Chihuahua, acrecentada por la ausencia de Marco Adán Quezada y Víctor Valencia a la reunión del Consejo Estatal del PRI del día de ayer, algo a lo que Quezada no le concedió mayor importancia, el gobernador César Duarte efectuó uno de los cambios más polémicos en su gabinete.
Le pidió al hasta entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Miguel Salcido, se integrara a su equipo como secretario de Educación.
No hay parangón reciente
Pongámoslo como un hipotético caso, en el del súmmum del poder político realmente existente en la actualidad. Imaginemos, por un momento, que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos pida licencia para separarse de su cargo durante medio año a fin de aceptar el cargo de secretario del gabinete del presidente Barack Obama, titular del Ejecutivo.
Inimaginable
Y menos aún que el ministro anuncie que al terminar ese encargo, de subordinado del titular del Poder Ejecutivo, va a regresar al Poder Judicial, que está obligado a mantenerle alejado de cualquier duda de subordinación a los otros poderes.
Más allá, incluso, del resultado de la denuncia presentada por el juez de Garantías, Guillermo Gómez Cortez, en contra de Salcido, a quien acusa de haber puesto en riesgo la independencia y autonomía del Poder Judicial, lo cierto es que al aceptar la invitación del mandatario, puso en entredicho la formal separación de poderes en Chihuahua.
Días atrás Duarte sostuvo que ante el alud de licencias y renuncias de aspirantes a la gubernatura no se alteraba la marcha del gobierno.
Han puesto en grave entredicho la aplicación de justicia en Chihuahua. ¿Cómo pueden esperar la correcta impartición de justicia, por ejemplo, los ciudadanos que han acusado a policías ministeriales de la comisión de delitos, si éstos tienen como superior máximo al gobernador, el mismo que ahora tiene como subordinado (dicho sin ánimo peyorativo, sino descriptivo, de acuerdo con lo que dicen las leyes) a quien era el máximo representante del Poder Judicial?
No terminan ahí las razones para la crítica
Para sustituir a Salcido, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, eligió al magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes como nuevo Presidente, quien a su vez había sido impugnado porque, antes de haber transcurrido un año del término de su gestión como diputado local en 2013, fue designado Secretario del entonces Supremo Tribunal de Justicia, cargo que requería los mismos requisitos que para ser magistrado, entre ellos, precisamente, el de no haber sido secretario o diputado con ese tiempo de antelación.
Y de que hay una plena sumisión ante las directrices del Gobernador Duarte ahí están las votaciones en el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, salvo los 4 votos (y sólo 4) de diputados panistas, nadie, del partido gubernamental y sus aliados, o de los magistrados, fue capaz de levantar la voz y llamar la atención sobre el grave riesgo en que se ponían las instituciones en Chihuahua.
De ahí que se deplore aún más la decisión de Salcido. Amigos de toda la vida, con una trayectoria finalmente propia, el ahora nuevo Secretario de Educación era de los pocos, en el grupo gobernante, que podía decirle que no al Gobernador Duarte; tiene la confianza, el reconocimiento y el afecto de éste para hacerlo, sorprende que no le hubiese hecho ver el enorme daño que le causaría al Gobierno de Chihuahua esta decisión, porque con ello se afecta, más allá del rumbo que tienen y de las metas que alcancen, el Poder Judicial y la Secretaría de Educación.
¿A poco no hay, en la última, un grupo de funcionarios del cual podía emerger quien se hiciera cargo del tramo de 10 meses restantes a la administración y preservar la continuidad en el Poder Judicial en momentos en que, no solamente por las nuevas instalaciones, sino fundamentalmente por la reciente integración, severamente cuestionada por la inclusión de varios ahora magistrados que, en opinión de muchos y del escribiente, no cumplían con los necesarios requisitos profesionales para llegar a esa posición, además de la puesta en vigor de las recientes reformas?
Además, está el supuesto regreso de Salcido al TSJ.
La licencia es por 6 meses, es decir, deberá regresar a principios de junio de 2016, pero se encontrará con un problema:
La denuncia del Juez Gómez pudiera no ser exitosa en la parte referente a la petición de licencia (aunque es altamente cuestionable), pero en la del regreso sí que pudiera concitar uno de los litigios más ilustrativos acerca de las medidas que se deben asumir para preservar la independencia del Poder Judicial, pues no contará con el año de separación del cargo de secretario del gabinete para asumir la magistratura en el TSJ.
Es decir, la futura carrera judicial de Salcido habrá, en los hechos, terminado con las decisiones que tomaron él y Duarte en el pasado fin de semana.
Así, el Poder Judicial terminará en el sexenio actual, al igual que el Poder Legislativo, prácticamente desaparecido como uno de los contrapesos legales, institucionales, con los que debiera contar el Poder Ejecutivo, en lo que es una de las peores crisis institucionales por las que haya transcurrido la vida del Chihuahua contemporáneo.
No todo es miel con hojuelas, a la ceremonia de toma de posesión no acudió, como ha sucedido invariablemente a lo largo de la actual administración en cada relevo, el secretario saliente, Marcelo González Tachiquín, a lo que deberemos agregar la denuncia del Juez de Garantías de Guadalupe y Calvo, Guillermo Gómez Cortez quien acusó a Salcido “por haber incurrido en faltas administrativas graves que a mi criterio ponen en grave serio riesgo la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues el mismo ha mostrado una total sumisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado César Duarte Jáquez…”
El juez Gómez nombró como su representante al controversial abogado, Maclovio Murillo, quien ha sido el litigante que más procesos ha presentado y ganado en contra de diversas acciones del actual grupo gobernante.
Toda una bomba
UNIDAD.- En tanto, en el PRI, todo es unidad, luego de la reunión a la que acudieron la totalidad de los aspirantes a la candidatura de este partido al gobierno local. Tal eufemismo significa que no habrá ningún proceso electivo.
Emitida la convocatoria, es probable que el PRI anuncie a su candidato “de unidad” entre martes y miércoles.
PUENTES.- El Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, habló al escribiente para refutar la información ofrecida en la columna publicada el jueves anterior (“Nueva deuda, ahora fronteriza”) y expresarle que “no era cierta la información publicada” y que nos enviaría la que sí era precisa, en ella se ratifica la parte estructural del Fideicomiso, se precisa que son dos los representantes del gobierno municipal y dos de la sociedad civil juarense.
Estos son parte de los textos enviados:
En cuanto al financiamiento, presentado por el escribiente como deuda, esto sostiene el secretario de Hacienda:
“En lo que respecta a la solicitud de recursos al H. Congreso del Estado por $2,000 millones de pesos, cabe aclarar que es un esquema para traer a valor presente, ingresos futuros, sin embargo, como en el caso de las carreteras, existirán remanentes derivado del incremento en los cruces fronterizos, por lo que estos recursos de igual manera servirán para mejorar la infraestructura del Municipio de Juárez”.
Ustedes juzguen.
Con esta información, simplemente se refuerza mi opinión.
