Una manera de verlo es pensar que, en efecto, lo más recordado sea el sismo. La otra manera de hacerlo es pensar que las cifras presentadas en nuestro informe, que muestran un panorama del estado en que se encuentra la violencia contra la prensa, tengan efectos oscilatorios y trepidatorios en el debate público.
Movimientos oscilatorios en el terreno de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión porque, como se da cuenta en el informe, es una instancia sin capacidades ni logros, con deficiencias que no han sido solventadas como la falta de recursos financieros y humanos, la discrecionalidad en la facultad de atraer casos o las limitantes para el conocimiento de delitos. Con el fantasma de la reducción presupuestal que ha sido en seis años de 72.36 por ciento; esta reducción no se debe a la disminución de los delitos contra periodistas, sino al subejercicio presupuestal que tan sólo en 2010 alcanzó el 91.79 por ciento. La fiscal, como en la canción de Gustavo Cerati, decidió dormirse hasta que pase el temblor y no estuvo presente en el informe.
Movimientos trepidatorios en los terrenos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuya pobre rendición de cuentas es tema fundamental para el trabajo presentado. La CNDH ha fallado a través de su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos. Cuando los resultados se revisan a la luz del presupuesto asignado y ejercido por esta instancia, las estadísticas relevantes de su mandato, como los números de quejas, recomendaciones y solicitudes de medidas cautelares, así como el personal adscrito al programa, es imposible no poner en entredicho la verdadera eficiencia del uso de los recursos públicos en el Programa, mostrándonos que el impacto real en los últimos cinco años es casi nulo.
El número de quejas por violaciones a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo se ha incrementado, en contraste con el número de recomendaciones por la situación de violencia e impunidad contra la prensa.
De acuerdo con información proporcionada por la CNDH, entre el 1o. de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2011, se iniciaron 119 expedientes de queja; de ellos 25 fueron concluidos por orientación, 16 se encuentran en trámite y sólo en nueve se emitió recomendación. Es decir, del total de quejas presentadas por posibles violaciones a derechos humanos a lo largo de casi cinco años, solamente 7.6% concluyeron en recomendación.
En la CNDH no resistieron el terremoto, los titulares de la Comisión y el Programa fueron los grandes ausentes en la presentación.
Como un sismo de alto grado en la escala Richter han sido los últimos años para la prensa en nuestro país. Tan sólo en 2011 hubo 172 agresiones contra la prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 200 por ciento respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas.
Podríamos decir que encontramos efectos similares de un sismo y de nuestro reporte, uno de ellos es la convergencia; en el caso del sismo en las plazas, en el caso de nuestro informe en la pluralidad de medios, periodistas, reporteros y activistas que estuvieron ahí; pensar en los ausentes es un contraste indicativo de la realidad. El otro efecto similar entre ambos eventos es la oportunidad; en el caso de los temblores, la oportunidad de revisar los protocolos de seguridad de las ciudades, las construcciones antiguas o el correcto funcionamiento de los servicios básicos; en el caso de Silencio Forzado, la oportunidad de revisar el marco legal, de evaluar con lupa el papel del Estado como cómplice de la violencia y de buscar sanciones, que se cumplan, a aquellos que desde el servicio público o desde el crimen atenten contra el derecho a la libertad de expresión, prensa e información.
Probablemente nosotros tampoco olvidemos el temblor, fue lo único que nos silenció esa mañana, un final poético, un silencio forzado.
– El autor es director General de Article 19 Oficina para México y Centroamérica.
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