Por Arturo Zaldívar
Satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista haría un daño a la democracia y al Poder Judicial, que muchos no han dimensionado.
‘Hace 25 años nuestro país hizo una apuesta por la justicia constitucional, al establecer que los conflictos de poder que anteriormente se dirimían en sede política —de manera vertical y autoritaria— serían ahora resueltos por un árbitro imparcial, encargado de adjudicarlos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Con ello, se sentaron las bases para una transición democrática, fundada en el principio de división de poderes como uno de sus componentes fundamentales.
Un cuarto de siglo después, el paradigma de la justicia constitucional se fortalece. Con las recientes reformas al Poder Judicial de la Federación, los beneficios de la justicia constitucional serán cada vez más tangibles para todas las personas. La carrera judicial será la columna vertebral de un sistema meritocrático, alejado del nepotismo y el tráfico de influencias, en el que jueces y juezas formados por una Escuela Judicial de excelencia impartirán una justicia a la vez técnica y humana; en el que las personas defensoras y asesoras públicas llegarán a todos los rincones del país para que las personas más marginadas tengan acceso real a la justicia; en el que las sentencias de la Corte adquirirán obligatoriedad inmediata, de tal manera que la Constitución despliegue toda su fuerza normativa a favor de la ciudadanía. Se trata, sin duda, de la reforma más importante desde 1994 y, en materia de jurisprudencia, la más trascendente en la historia del Poder Judicial de la Federación.
Con todo, la reforma ha sido opacada por la inclusión de un artículo transitorio que prorroga por dos años la integración actual del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de implementarla. Dicho precepto no formó parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una adición de último minuto, cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda. Desde su inclusión en la minuta del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación. El último reducto de institucionalidad —afirmaban— dependía de que yo saliera a descalificar a los otros poderes.
Pero en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa. Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial, que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía. Actuar al margen de los cauces constitucionales y satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista haría un daño a la democracia y al Poder Judicial, que muchos no han dimensionado.
Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional. Pero mi conciencia no estaría tranquila, porque hacerlo iría en contra de mi deber y responsabilidad como juez constitucional y como Presidente de la Suprema Corte.
Seguramente me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables que me condenaban a la ignominia; quizá me hubiera cubierto de gloria saliendo a emitir condenas anticipadas. Pero hacerlo antes de la conclusión del procedimiento legislativo hubiera implicado interferir en la deliberación parlamentaria, frente a la cual los jueces debemos permanecer neutrales. Hacerlo ahora, implicaría adelantar mi criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte.
Es paradójico que quienes aducen que el orden constitucional ha sido subvertido, a la vez afirmen que la vía para remediarlo deba ser la confrontación política. No es así. Si el orden constitucional ha sido subvertido, tenemos un tribunal constitucional que desde hace un cuarto de siglo ha contribuido de manera decisiva a la construcción de nuestra institucionalidad. Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que actuará con total imparcialidad, responsabilidad, diligencia y seriedad. Tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia. Y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos, de eso va ser juez constitucional. Arturo Zaldívar.
Fuente: Milenio
