Integrantes de El Barzón amagaron con sacar por la fuerza a la minera MAG Silver y su subsidiaria El Cascabel del ejido Benito Juárez en caso de que las autoridades estatales les den largas.
A un mes del asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís Contreras, los integrantes de El Barzón dieron 48 horas de plazo al gobierno de César Duarte Jáquez para que convenza a la minera de abandonar la región.
Durante una manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir que se esclarezcan los homicidios, Manuel Solís Bustamante, líder de El Barzón, dio a conocer que el 15 de noviembre iniciaron la apertura del río del Carmen, por lo que había luchado Ismael Solorio, y trabajan para obligar a la minera canadiense MAG Silver y la subsidiaria El Cascabel a suspender operaciones porque violan las leyes agrarias y ambientales.
Desde el pasado 22 de octubre, día en que asesinaron a Velorio y su esposa, la principal demanda de El Barzón ha sido el castigo a los responsables. “A la fecha no se encuentra ninguna persona detenida ni como autor material o intelectual de estos delitos”, informó el grupo a través de un comunicado que leyeron frente a la simbólica cruz de clavos, ubicada en la Plaza Hidalgo.
Asimismo, Solís Bustamante indicó, que una de las líneas de investigación más firmes apunta a la minera como responsable del homicidio, por lo que la exigencia es que las autoridades hagan justicia.
Exigieron al gobierno del estado, que en su calidad de observador y testigo de calidad en la asamblea ejidal de Benito Juárez, haga un pronunciamiento público sobre la legalidad de los acuerdos tomados.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le pidieron que resuelva las quejas 6/2012/8865 y 6/2012/8997, para otorgar las medidas cautelares solicitadas, ante la persistencia de riesgo a quienes continúan con la defensa del agua y contra la minera.
Al gobierno federal le demandaron implementar las acciones concretas en las dependencias federales, para dar cumplimiento de la aplicación de las leyes ambientales y agrarias en los conflictos de agua y mina en el estado de Chihuahua.
Señalaron que el Movimiento en Defensa del Desierto Chihuahuense, encabezado por el Barzón, ha demandado desde el mes de junio pasado las clausuras de la minera y de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del río del Carmen.
“Informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el pasado 15 de noviembre iniciaron los trabajos de apertura del cauce del Río el Carmen, para lo cual se inhabilitaron algunas de las obras que se utilizan para el aprovechamiento ilegal de aguas superficiales en los municipios de Riva Palacio y Namiquipa. Esta acción es realizada por la Comisión Nacional del Agua en coordinación con el gobierno del estado, sin embargo, el operativo de clausura de pozos ilegales no se ha reiniciado”, señalaron.
Sobre la asamblea realizada el17 de noviembre pasado, en la que acordaron restringir a la empresa El Cascabel o MAG Silver, o cualquier otra empresa minera por un periodo de 100 años la exploración y explotación minera, establecieron un plazo de 48 horas a partir de la asamblea para que la empresa el Cascabel y Mag Silver, retiren del ejido toda la maquinaria, equipo, materiales y a todo su personal que tengan en las tierras ejidales.
La asamblea tuvo como testigos a autoridades de la Procuraduría Agraria en el estado; el director de gobernación estatal, Wilfrido Campbell Saavedra, y un visitador de la CNDH, quienes dieron fe de los acuerdos que se tomaron.
Sin embargo, la minera informó en su página de internet que no dejarán la región porque la asamblea no fue legal, lo que el líder social Víctor Quintana Sylveyra calificó como una estrategia de los directivos para engañar a sus accionistas.
Fuente: APRO
