Con 44 firmas de senadores, la oposición en la Cámara Alta presentó este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cuarta acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, después de las interpuestas por la Cámara de Diputados, el INAI y el gobierno de Cholula, Puebla.
Los senadores del PRD, PAN y PT calificaron dicha ley como la “Ley Trump de Seguridad Interior”, por considerar que favorece más a Estados Unidos, y exigieron que sea desechada porque, a su criterio, viola once artículos constitucionales y ocho de carácter internacional sobre derechos humanos.
“Pareciera que esta es la Ley que le están pidiendo (al gobierno) desde Estados Unidos, que en la mesa de negociaciones del TLCAN está la política de seguridad de México, está la política de seguridad de México y lo que pide Trump se lo están dando. Esta Ley, al único que le conviene es a los Estados Unidos y en ese sentido estamos seguros que, cuando dice Trump que si no hay muro no hay Tratado, en realidad lo que está diciendo es que si esta Ley se cae no habrá tampoco tratado. Están intentando cambiar la construcción del muro y poniéndole una ley a modo, es la Ley Trump de seguridad”, dijo Zoé Robledo, senador del PT.
El documento de los senadores, entregado a los ministros, resalta que la Ley de Seguridad interior viola once artículos de la Constitución y ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Estamos argumentando aquí, primeramente, que no se tiene facultades en el Congreso para legislar en materia de Seguridad Interior, pero también estamos señalando la violación en materia de derechos humanos, la violación a las facultades que tienen los municipios y los estados en materia de seguridad pública, las facultades metaconstitucionales que se les dan a las fuerzas armadas y al presidente de la República”, dijo el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada perredista.
Manuel Barlett, coordinador del PT, comentó que la SCJN debe proceder “con puntualidad y rapidez” en emitir un fallo al respecto; mientras, el senador panista Ernesto Ruffo Appel consideró que la Corte debe abrogar toda la ley.
Fuente: Excélsior
