Pese a pronunciamientos inéditos de la ONU, el rechazo de académicos y la presión social de activistas en México, el Senado aprobó en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue regresada a la Cámara de Diputados.
Al filo de las 3 de la madrugada, el pleno del Senado mexicano aprobó en lo general, por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Seguridad Interior. Los votos del PRI y el PAN fueron fundamentales para su aprobación.
Lo anterior, tras casi 12 horas de debate con más de 40 participaciones en tribuna, escaso debate y con el voto fragmentado de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), cuya bancada se partió: una mitad aprobó el proyecto junto con PRI y Verde, mientras que otra se sumó al bloque PT-Morena, PRD e independientes en contra.
Los 34 artículos del dictamen, más los transitorios, fueron reservados por completo durante el debate en lo particular, que inició inmediatamente después de la votación general. Las senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna reservaron todo, mientras que el propio senador Zoe Robledo cuestionó el mismo nombre de la ley.
La correlación de fuerzas en esta larga sesión se prefiguró cuando alrededor de las 16:00 horas se votó la moción suspensiva presentada por De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos: 68 votos del PRI, Verde y de varios panistas en contra de la moción, mientras 39 votaron a favor y ninguna abstención.
Hubo momentos importantes del debate, cuando el senador panista Roberto Gil Zuarth subió a la tribuna a defender el dictamen. Acusó a la mayoría de los participantes y opositores a la ley por hacer señalamientos “frívolos”. Calificó como “maniqueo” decir que el Ejército es el mayor violador de los derechos humanos, ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna: “¿cuál ha sido el resultado de los derechos humanos tras once años de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?”.
La filípica de Gil Zuarth, quien se convirtió en el principal cabildero de esta ley, recibió fuertes aplausos de las bancadas del PRI y del Verde, mientras que sus correligionarios del PAN apoyaron las intervenciones de las senadoras Marcela Torres Peimbert y Adriana Dávila, así como el legislador yucateco Daniel Ávila Ruiz, quienes argumentaron en contra.
Gil Zuarth insistió que la fracción VI del artículo 89 de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para regular y disponer del Ejército en funciones de seguridad pública.
Los senadores Isidro Pedraza, del PRD, y Fidel Demédicis, generaron también las reacciones airadas de la bancada del PRI. El primero, les recordó cómo se creó en el seno del Ejército el grupo de élite conocido como los Gafes, que luego se convirtieron en el cártel de los Zetas, uno de los más peligrosos y sanguinarios en los últimos años. Demédicis acusó directamente al presidente Enrique Peña Nieto de ser el máximo responsable de las matanzas y violaciones cometidas por el ejército en Tanhuato, Tlatlaya y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El exgobernador priista de Chihuahua Patricio Martínez subió a tribuna para apoyar la ley y mencionó su propio caso cuando sufrió un atentado que casi le costó la vida. “¿Cómo que los criminales no violan los derechos humanos?”, preguntó airado Martínez.
El senador Miguel Barbosa, vicecoordinador del PT-Morena, le recordó que “los delincuentes cometen delitos y los derechos humanos son violados por las autoridades”. Esta intervención generó otro debate con Gil Zuarth, quien habló de las nuevas tesis alemanas sobre el “efecto irradiador” de los derechos humanos y, según él, el crimen organizado es el principal violador de los derechos humanos.
Provocadora, la senadora Adriana Dávila acusó a sus correligionarios del PAN que apoyaron la ley señalando que “están legalizando el fracaso” y señaló que el PRI ahora creó otro sector: la Confederación de con Acción Nacional (el CAN).
En su tercera intervención, el senador Manuel Bartlett, coordinador de PT-Morena, enumeró todas las violaciones constitucionales que contiene el proyecto de ley: el 73 porque no es competencia del Congreso legislar en materia de seguridad interior; el 39, 40 y 41 porque “no puede establecerse un régimen militar de excepción”, el 119, el 124, el 129, todos los artículos sobre derechos humanos, los artículos 39, 115, 116 y 124 porque se altera la certeza jurídica, el 6 porque viola el principio de máxima publicidad.
“Constituye un golpe de Estado esta ley. En lugar de buscar la paz, ustedes decretan el exterminio”, sentenció Bartlett.
Los defensores del PRI trataron de evadir el debate con la oposición. El exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, enumeró un decálogo para regañar a los críticos. Afirmó que la ley es constitucional porque es “armónica con otras leyes”. Negó que se militarice el país. Recordó que es un “instrumento específico, temporal”.
“Los que hablan de botas militares, no son capaces de ver su embotamiento mental”, les reprochó Cavazos Lerma, quien nombró como su sucesor a Tomás Yarrington, enjuiciado en Italia por vínculos con el crimen organizado.
La senadora Luz María Berinstáin, del PT-Morena, recordó que 11 organizaciones internacionales han estado en contra de este proyecto de ley y recordó que “la mayoría de los 211 mil integrantes del Ejército están en contra de la ley”.
Poco antes de la votación en lo general, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa subió a la tribuna para defender la decisión de su hermano, Felipe Calderón, de ordenar el despliegue de militares en Michoacán, en 2007. “El Ejército no está ahí de manera ilegal”.
Polémica por el quórum
En dos momentos durante la tarde, la senadora Layda Sansores, del PT, pidió que se hiciera el recuento del quórum, ante la evidente falta de la mayoría de los 128 legisladores. El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, decidió, en forma inédita, dar 90 minutos para dar tiempo a que retornaran los senadores. A las 20:30 horas se registraron 92 senadores en el pleno.
El único momento tenso de este monólogo entre opositores y defensores fue cuando la propia Layda Sansores reclamó intervenir “para alusiones personales”. La senadora del PRI Hilaria Domínguez le reclamó a la campechana que dejara de faltarles el respeto a los priistas porque ella estuvo un día antes en un evento de festejo de los trabajadores del Senado y no estuvo pendiente de la primera lectura de la minuta.
El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera, afirmó que su bancada votaría de manera diferenciada porque hay senadores que “legítimamente defienden la seguridad de sus estados” y están a favor de esta Ley de Seguridad Interior.
“Nadie está totalmente equivocado ni nadie tiene toda la verdad”, afirmó salomónicamente Herrera, prefigurando el voto de los 35 senadores que originalmente tenía la bancada. De estos, al menos los 6 “rebeldes”, encabezados por Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y Javier Lozano, votarán a favor, junto con otros que se sumarán a la aprobación a favor como Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Preciado y otros que asumieron haber sido “convencidos” por los gobernadores del blanquiazul.
A nombre de la Comisión de Gobernación, la priista Cristina Díaz insistió que el dictamen “no pretende que las fuerzas armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente”. “¡Hay que decirlo fuerte! ¡Hay que decirlo claro! No existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho”, arengó.
La legisladora priista volvió a perder la paciencia en el pleno cuando la senadora Layda Sansores les reprochó a los de tricolor no estar al pendiente del debate. Desde su curul gritó que ella ha estado al pendiente. Algo similar ocurrió un día antes cuando perdió el control en la sesión de las comisiones unidas.
El priista Ernesto Gándara Camou, de la Comisión de Seguridad Pública, habló a favor del dictamen resumiendo los nueve cambios a los artículos que provenían de la Cámara de Diputados, pero no respondió a ninguna de las críticas que argumentó la oposición.
Opositores con argumentos acaparan la tribuna
A lo largo de la sesión, la mayoría de quienes ocuparon la tribuna fue para argumentar en contra de la Ley de Seguridad Interior, al tiempo que PRD, PT-Morena se reservaron los 34 artículos para discutirlos en lo particular, después de la aprobación en lo general.
La senadora Dolores Padierna mostró gráficas sobre el incremento de la violencia y la inseguridad desde que se desplegaron los militares en todo el territorio y afirmó que se trata de aprobar esta ley para operar “una sucesión presidencial militarizada”.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, subrayó que esta ley crea “un nivel intermedio entre el Estado normal democrático y el Estado de excepción”, pero sin controles civiles efectivos.
El senador Alejandro Encinas, ahora independiente, insistió en que aprobar esta ley constituía un “error histórico” porque “la mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad pública también”.
“No queremos una guerra sucia en el 2018. No queremos al Ejército en la vida política de la nación”, insistió el exjefe de Gobierno capitalino.
Por su parte, Manuel Bartlett, coordinador del PT-Morena, hizo un extenso recuento de cómo desde 1996 hasta la fecha se han aprobado leyes para configurar “un Estado policiaco-militar, subordinado a los intereses transnacionales y que implican un estricto control social”.
Bartlett reveló que este día los secretarios Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong se reunieron con funcionarios del gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para comprometer la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
“Con esta ley estamos completando la agenda de la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó. Y en tono doctoral, el senador poblano les dijo a los senadores: “se llama guerra de cuarta generación silenciosa y cuenta con el apoyo de todos ustedes”.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, reiteró que existen “argumentos falaces” a favor de la ley. “No hay excepcionalidad cuando en más del 75 por ciento del territorio nacional las fuerzas armadas están en labores de seguridad pública”, afirmó la legisladora que más insistió en incorporar las exigencias de decenas de organizaciones de derechos humanos para suspender esta ley.
La seguridad interior es “un concepto ambiguo, oscuro e híbrido” entre seguridad pública y seguridad nacional, argumentó De la Peña, quien también lamentó “la simulación del diálogo” de la mayoría priista y del presidente Enrique Peña Nieto.
De la Peña les reprochó: “no hay que partidizar un tema como éste, pero, ni modo, hoy con su decisión ustedes están partidizando”.
Por su parte, el senador panista Víctor Hermosillo, uno de los más firmes opositores, sentenció que esta ley constituye “la joya de la corona del fracaso de la administración de Enrique Peña Nieto”.
Fuente: Apro
