Las tropas de la Guardia Nacional enviadas el verano pasado a la frontera Texas-México podrían permanecer indefinidamente ahí, y no regresar a su base en marzo como se planeó originalmente, dijo el martes el vicegobernador del estado Dan Patrick.
El gobernador Greg Abbott no asistió al anuncio y ningún plan ha sido formalizado. Pero la extensión del período de despliegue de tropas es la señal más reciente de que el nuevo liderazgo conservador de Texas está planeando un gasto estatal récord en seguridad fronteriza, aun cuando reconoce que el cruce no autorizado de personas ha disminuido enormemente.
Patrick, quien también llegó al cargo en enero, no dijo cuántos soldados permanecerían en la frontera. Señaló que sostener la misión hasta mayo costaría 12 millones de dólares adicionales, y que espera que Abbott solicite un gasto de emergencia para mantener a la Guardia Nacional en la frontera hasta agosto.
“No podemos retroceder ahora”, dijo Patrick. “Bajo ninguna circunstancia debemos de tener un retiro completo de la Guardia Nacional el mes próximo”.
La presencia de la Guardia Nacional ha sido disminuida gradualmente al acercarse la fecha límite de marzo, reduciéndose a 200 soldados en la frontera el mes pasado.
Perry ordenó el despliegue durante lo que el presidente Barack Obama calificó como “una crisis humanitaria”, cuando miles de niños inmigrantes llegaron solos a Estados Unidos desde Centroamérica. Perry dijo que la fuerza adicional era necesaria para combatir criminales que estaban aprovechando que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban abrumados y distraídos por la oleada de niños migrantes.
Patrick dijo que nueva información de inteligencia indica que cárteles de narcotráfico han estado “reforzándose” en anticipación al retiro de la Guardia Nacional.
Demócratas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron fuertemente el nuevo curso de acción calificándolo como hostil para los hispanos.
La nueva medida ocurre además después de que analistas del presupuesto estatal señalaron el mes pasado en un reporte que “el estado no ha establecido una definición jurídica de seguridad fronteriza ni ha definido claramente una región fronteriza para propósitos de financiamientos a la seguridad fronteriza”. El reporte insta a los legisladores a exigir un mejor rastreo al financiamiento fronterizo.
“No hay medición de resultados. No hay indicadores de rendimiento”, dijo el senador estatal demócrata José Rodríguez, agregando que “la frontera no es una zona de guerra”.
Los cruces ilegales a lo largo del río Bravo (el río Grande para los estadounidenses) ha disminuido drásticamente desde que un abrumador aumento de inmigrantes el verano pasado puso en problemas a agentes estatales y federales para asegurar la frontera.
El presupuesto de Patrick en el Senado de Texas solicita gastar 815 millones de dólares en seguridad fronteriza, lo cual significa, dijo, más que el total de los últimos siete años.
