La cuota de visas especiales concedidas por el gobierno de Estados Unidos a las víctimas de delitos se agostó cuando apenas se han cumplido algunos meses del nuevo año fiscal, reveló la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. El ritmo en el que se agotaron estas visas fue el más rápido desde que las autoridades comenzaron a entregarlas en 2008, agregó la agencia, conocida como USIS por sus siglas en inglés.
El gobierno federal entrega este tipo de visas con el propósito de que las autoridades puedan investigar delitos cometidos contra personas que carecen de permiso para vivir en Estados Unidos y para que las víctimas tengan la seguridad de que no serán deportadas si se presentan a hacer una denuncia.
Los defensores de estas visas afirman que su agotamiento es una señal positiva de que las víctimas están aprovechando el programa. También dejaría entrever la necesidad de que el Congreso revise y eleve el límite obligatorio de las llamadas visas U, que es de 10.000 en la actualidad.
La USIS anunció que la cuota se agotó el miércoles, menos de dos meses y medio después del inicio del nuevo año fiscal. La ocasión anterior en la que se alcanzó el límite más rápidamente fue en 2010 -el primer año en el que se acabó la cuota- pero pasaron nueve meses y medio.
Aunque se haya agotado la cuota de visas especiales, la agencia continúa aceptando y revisando solicitudes. Quienes fueron excluidos inicialmente fueron colocados en una lista de espera y están en la fila para recibir una visa U del lote del año fiscal entrante, que comenzará el 1 de octubre.
Estas visas fueron creadas mediante una iniciativa aprobada en el 2000 y la agencia ha entregado más de 89.600 a víctimas de delitos y familiares desde 2008.
Alrededor de 75% de las visas U que se conceden corresponden a víctimas de delitos relacionados con violencia familiar o agresión sexual.
A cambio de que colaboren con las autoridades en la investigación de delitos o en el juicio contra implicados, las víctimas reciben autorización para permanecer hasta cuatro años en el país y para que soliciten un permiso de trabajo. Al cabo de tres años, pueden solicitar su residencia permanente.
Las víctimas deben conseguir primero un “certificado de buena disposición” de una agencia investigadora local, estatal o federal, o de un fiscal o juez, en tanto que algunas agencias podrían ser renuentes, al menos al principio.
El capitán Norberto Leal, de la jefatura de policía del condado de Hidalgo, Texas, dijo que su agencia recibe cada semana una petición del certificado con vistas a una solicitud de visa U.
“Cuando (las víctimas) tienen acceso al certificado o reúnen los requisitos para recibir una posible visa, a veces están más dispuestas a cooperar con nuestra agencia”, dijo Leal.
Ordinariamente, las víctimas le son presentadas por organizaciones sin fines de lucro que les proveen asistencia jurídica o trabajan con quienes han sufrido violencia familiar.
Uno de esos grupos es Texas Rio Grande Legal Aid, que provee servicios jurídicos a texanos de bajos ingresos e inmigrantes que ingresaron ilegalmente en el país. La organización representa a centenares de víctimas que solicitan visas U cada año, dijo la abogada Lauren Joyner.
Fuente: AP
