Por Luis Javier Valero Flores
Mañana a la media noche termina la gestión de César Duarte en medio de un creciente repudio, quizá el mayor que gobernante chihuahuense alguno haya recibido, probablemente superior al recibido por Óscar Soto Máynez, destituido del cargo a raíz de su presunta participación en el asesinato del taxista Juan Cereceres en la ciudad de Chihuahua, en 1955.
Tal condición llevó a que el gobernante terminara su gestión sin el boato de todo el sexenio. Primero, al no realizar acto alguno con motivo de su último informe y luego, en una rafagueante operación, la salida al balcón principal de Palacio, en la conmemoración del Grito de Independencia, en la que pronunciaría unas no menos rápidas palabras; tan veloz fue su aparición, encubierta por el sonido ambiental, que muchos de los asistentes no se percataron de su presencia.
Gobierno de agudos y exasperantes contrastes, hasta el final mantuvo tal fisonomía, signada por el verticalismo en los modos. En tanto Duarte declaraba en distintos momentos después de las elecciones (sobre las cuales guardó un ominoso silencio) que su gobierno colaboraría para efectuar una transición sin sobresaltos, en los hechos actuaba de manera contraria, seguramente acicateado por las incisivas declaraciones del nuevo mandatario.
Así, la aceptación del equipo de transición de Corral era seguida de la presentación de la impugnación de la elección de gobernador y de varios diputados locales, al tiempo que se daba una buena relación entre los equipos de finanzas de ambos gobernadores, o mejor dicho, en las abundantes reuniones celebradas entre ellos, en los hechos, mientras uno empujaba la aprobación de la última bursatilización, el otro presionaba en el ámbito federal –aunque también en el local, sobre todo con las persistentes declaraciones de Javier Corral– a fin de que no se aprobase, lo que retrasó la llegada de los recursos al ¡último día de la gestión!
No sólo eso, cambiaron las rutas y la forma del recaudo del ViveBús en la capital y aprobaron el lanzamiento de nuevas concesiones para el uso de taxis y cancelaron las fotomultas.
Y mientras declaraban que contribuirían a una buena transición, empujaron la creación fast track del Consejo de la Judicatura, que requirió una aprobación constitucional, primero en el Congreso del Estado y luego en la mayoría de los cabildos, así como su ratificación por la legislatura, en lo que fue su última sesión.
La reforma lleva, por lo menos, una medida envenenada, la elección de los tres magistrados que debe hacer el pleno del Tribunal Superior de Justicia requiere solamente el voto de la mayoría simple, y no, como es el caso de la Federal o la de la mayoría del resto de las entidades, mayoría calificada.
La explicación es sencilla, los magistrados duartistas son mayoría, pero no cuentan con dos terceras partes de los votos. Culmina así la operación para mantener el control sobre el Poder Judicial, que solo podrá revertirse con mayoría calificada en el Congreso del Estado, algo que todavía no tiene Corral y que empieza a intentar construirlo –le va a costar mucho– con el acercamiento del dirigente nacional del Panal al gobernador electo, lo que le llevaría a contar con 20 o 21 diputados –si es que los dos diputados de Morena acuerdan en asuntos trascendentales con la primera minoría de la nueva legislatura, la panista, compuesta por 16 diputados– a uno de los necesarios para contar con mayoría calificada en la nueva legislatura.
Otro de los rasgos descollantes de la administración del ballezano, es que no tuvo contrapesos. Los integrantes de su equipo no actuaron como tales, sino como subordinados, sin elaborar opiniones distintas a las del gobernador, o que éste, por su temperamento y personalidad no quería, no quiso escuchar.
Además, el PAN de la primera mitad del sexenio, sobre todo su fracción parlamentaria, fue increíblemente obsecuente con el gobernante; prácticamente le aprobaron todo en el Congreso, hasta el extremo de justificar algunas de las cosas que luego serían criticadas acremente por los chihuahuenses.
No por casualidad dos de los diputados del PAN de esa primera mitad, Héctor Ortiz, coordinador del grupo, y Jaime Beltrán del Río terminaron, no solamente fuera de las filas panistas, sino actuando políticamente en contra del PAN, en un claro intento de disminuirle preferencias y votos al blanquiazul, en lo que se percibió como una concertada acción con el primer mandatario.
Pero esas posturas continuaron durante largos momentos del segundo trienio, incluida la negociación que le permitió al PAN –o a una parte de su dirigencia– acceder al nombramiento de dos de sus militantes como magistrados del Tribunal Superior de Justicia, como la mayoría de los que fueron nombrados en esa ocasión, sin méritos para acceder a esas posiciones.
Y al interior del PRI, probablemente por esa característica propia de sus militantes, quizá hasta genética, las voces que llamaran a la reflexión, a la mesura en el accionar gubernamental, no existieron, se quejaban sotto voce, discrepaban, pero hasta ahí.
Solamente en la parte final, ya en medio de la disputa por la candidatura a gobernador, el grupo de Delicias, jefaturado por los Baeza, discrepó abiertamente, luego de los continuos señalamientos del mandatario al exgobernador Reyes Baeza y la oposición de Duarte a la designación de Marco Adán Quezada a la candidatura al gobierno.
Así, sin contrapesos, ni al interior, ni al exterior, la división de poderes, como nunca, fue una utopía, y el ejercicio del poder no tuvo cortapisas, solo esporádicamente algunas manifestaciones del descontento popular, generalmente desarticuladas, se hicieron presentes; la inconformidad y el rechazo se acumulaban, muchos ciudadanos se guardaban para el momento de hacerlas patentes.
En tanto, paulatinamente la desproporción entre los ingresos reales de la administración estatal, y los gastos –muchos de ellos señalados como suntuarios, o crecidos a causa de los “moches”, como lo sostuvieron insistentes y consistentes rumores a lo largo de la administración, y otros muchos derivados de la decisión del gobernante de llevar al límite sus promesas de campaña– agotaron la capacidad crediticia del gobierno estatal.
Un tema retratará a su gestión, por encima de aspectos positivos de ella como el de la cobertura completa en educación media y el de la ampliación de la cobertura en materia de salud, así como el de llevar casi al cero los incidentes carcelarios, o el de disminuir sensiblemente el total de la incidencia delictiva, sin que se puedan echar a andar las campanas, a veces totalmente al contrario, sobre todo en la parte final del sexenio en el que arreciaron y al momento de efectuar el balance, la sorpresa es que el número de homicidios ocurridos en el sexenio –10 mil 235, a dos meses del final– supera a los acaecidos en el sexenio anterior, el de Reyes Baeza –9 mil 928 de todo el sexenio–.
El ViveBús es el fracaso de su gobierno. Será la viva muestra del modo en que un gobierno no supo y no quiso vencer a los intereses enquistados en la prestación de ese servicio y sirvió como detonante para incrementar la percepción negativa de la población de todo el estado.
No había espacio para la reflexión, ni para la autocrítica, y esa percepción, la de los gobernantes chihuahuenses, permeó a nivel central, a grado tal que el grupo gobernante –el local y el federal– creyó que en todos los escenarios posibles, con cualquier candidato, podían ganar las elecciones, no les preocupaba, ni siquiera, en esos momentos, la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador Duarte, que originara la, quizá, frase más recordada de Duarte: “A lo macho que no me fijé (que firmó un documento de 65 millones de pesos)”.
La candidatura de Corral haría ganar al PAN, a pesar de las posturas, en la mayor parte del sexenio, de este partido y se convirtió en el pararrayos de la inconformidad social.
Hasta el final persistió la actitud beligerante de los gobernadores, Duarte asegurando que permitirían que se perdieran los avances en materia de seguridad y otros logros de su administración, en tanto que Corral advirtiendo que las finanzas del gobierno estatal son un desastre, al tiempo que anunció la realización de una drástica auditoría.
Duarte, al final, insistió que “por Chihuahua” estaba dispuesto a realizar la transición de la mejor manera. Sin embargo, unos fueron los dichos y otras, muy diferentes, las últimas acciones del grupo gobernante.
Además, como si fuera el colofón a su gobierno, en el tema de las finanzas estatales, cuyo eje central ha sido la adquisición de compromisos financieros, a 30 días de entregar el poder, la empresa calificadora Fitch Ratings le otorgó “una nota de perspectiva negativa a las finanzas del Gobierno del Estado, debido al incremento de su deuda, al elevado gasto operativo y al recurrente uso de créditos de corto plazo para atender problemas de liquidez”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx, 2/IX/16).
Así, el gobierno de César Duarte dejará endeudada a la entidad “con 11 mil 175 pesos a cada habitante de Chihuahua ya que deja un pasivo de 42 mil 175 millones 900 mil pesos, según datos cruzados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, hasta el trimestre anterior, y de acuerdo con la nueva denominación que recibirán los pasivos de las entidades con la aprobación de la ley de deuda de los estados. (Nota de Manuel Quezada, Aserto 158, septiembre de 2016).
Tales cifras se agravan más si se toma en cuenta que en Chihuahua “el 34.4 % de los habitantes, un millón 265 mil 500 en números cerrados, vive en situación de pobreza, y de ellos, un 5.4%, unos 200 mil 300, están catalogados en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al 2014”. (Ibídem).
