La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno saliente de Baja California en contra de la “ley Bonilla”.
Se trata del juicio constitucional promovido por el gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid (PAN), quien deberá entregar el mando estatal al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, en el primer minuto del viernes primero de noviembre.
El ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, emitió el acuerdo respectivo, que se suma a las acciones de inconstitucionalidad que, sobre el mismo tema, ya promovieron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
Al igual que en los casos anteriores, Franco González Salas decidió no otorgar la suspensión provisional, explicando que el fondo del asunto es la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla Valdez, de dos a cinco años, y no la legitimidad de la elección que le permitirá tomar posesión del gobierno de Baja California, el viernes próximo.
Fuente: La Jornada
