Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le han ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) imponer al nuevo dirigente de Morena por medio de una encuesta de opinión pública diseñada por Lorenzo Córdova y sus secuaces. Ello implica una abierta declaración de guerra de parte de las instituciones del viejo régimen en contra del partido de Andrés Manuel López Obrador con el fin de interrumpir el proceso de transformación de la República.
La resolución del TEPJF del 20 de agosto, dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, será recordada como una de las sentencias más problemáticas jamás emitidas, comparable con la declaración de validez
de la elección de 2006 y el aval a la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, en 2018. Afortunadamente, existen vías de resistencia civil pacífica para contrarrestar los efectos de esta barbaridad jurídica, tal y como se logró revertir el desafuero de López Obrador en 2005, colocar a Clara Brugada en la alcaldía de Iztapalapa en 2009 y vencer el intento de fraude en 2018.
La resolución de los magistrados viola la ley. El artículo 45 de la Ley General de Partidos Políticos señala que el INE solamente podrá organizar una elección interna de un partido cuando exista una solicitud explícita del mismo instituto político realizada cuatro meses antes del vencimiento de la dirección vigente y sin que interfiera en periodos electorales. Pero el partido no ha realizado solicitud alguna, el plazo de la dirección actual ya se venció y el proceso electoral 2020-2021 se inicia el próximo 6 de septiembre.
La resolución del TEPJF también viola los estatutos del partido y los derechos de sus militantes. El artículo 2 del estatuto de Morena garantiza la integración plenamente democrática de los órganos de dirección
y los artículos 37 y 46 indican que el presidente del partido debe ser votado por los integrantes del Consejo Nacional en un proceso conducido por la Comisión Nacional de Elecciones. Una encuesta y una votación son dos formas de toma de decisiones radicalmente distintas y la primera de ninguna manera puede ser considerada un mecanismo plenamente democrático
.
Pero a los magistrados no les interesa tutelar la ley sino destruir la Cuarta Transformación. En su sentencia dicen que han decidido modular la norma
(¡vaya eufemismo!), con el fin de lograr una mayor cohesión
y superar el grado de conflictividad al interior del partido
. El paternalismo autoritario es evidente. En lugar de facilitar el desarrollo de procesos democráticos internos, el TEPJF da un golpe sobre la mesa y encarga al principal adversario de Morena, el INE de Córdova, la selección del nuevo dirigente.
Además, en el colmo del cinismo, los magistrados señalan que el INE queda en completa libertad de determinar el método a través del cual se pueda realizar la encuesta referida
. Y agregan que para formular el mecanismo, requisitos y preguntas de la encuesta
, el INE debe conformar un grupo de expertos
integrado sin duda por personalidades afines a Ciro Murayama.
El TEPJF insiste en que la encuesta debe ser abierta
a la población en general, incluyendo cualquier persona que sea simpatizante
de Morena. Ello porque para los magistrados el actual padrón de militantes no es confiable. Así que, en un salto argumentativo digno de un campeón olímpico, afirman que para salvaguardar los derechos de la militancia
habría que incluir a quienes precisamente no son militantes del partido.
Los magistrados también abren la puerta para que casi cualquier persona sea candidata a dirigir el partido. Los únicos requisitos serían los señalados por los artículos 7 al 11 del estatuto de Morena con respecto a las prohibiciones de relección para el mismo cargo y de ocupar simultáneamente cargos públicos y partidistas. Si bien la sentencia indica que los candidatos a dirigir el partido deberían ser militantes de Morena
, este candado carece de cualquier sentido efectivo en un contexto en que el mismo tribunal ha desconocido el padrón existente.
Literalmente cualquier persona puede ser candidata a la dirección de Morena con la simple afirmación de que se considere a sí misma militante
de este instituto político.
La buena noticia es que esta exageración de los magistrados nos da a los ciudadanos precisamente la llave para salvar al partido.
Si cualquier persona puede inscribirse como candidato, inscribámonos todas y cada una de los 30 millones de personas que votamos por López Obrador en 2018.
Inundemos el INE con nuestras solicitudes de registro, tapemos las tuberías de esta burocracia inútil y hagamos simplemente imposible la realización práctica de la espuria encuesta abierta
.
Esta acción de resistencia civil pacífica sería absolutamente legal y no pondría a nadie en riesgo. Sería mucho más efectiva que una protesta callejera y recordaría a las autoridades corruptas que el pueblo es quien manda en una democracia.
Terminando la pandemia habrá suficiente tiempo para organizar un nuevo proceso auténticamente participativo, pero por el momento urge parar el atraco.
Fuente: La Jornada
