Una investigaciónde The Associated Press mostró que algunos de los niños migrantes colocados por el gobierno en hogares temporales, fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación
Por Garance Burke
A medida que decenas de miles de niños huían de la violencia en Centroamérica, las autoridades fronterizas estadounidenses se vieron tan abrumadas que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de The Associated Press.
Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos relajó sus normas los últimos tres años a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos. Las normas fueron relajadas aún más a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.
En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de 2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinantes. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinantes. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios criminales del FBI para muchos de los patrocinantes.
Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.
“Esto es claramente la punta del iceberg”, declaró Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. “Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadounidenses”.
Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número exacto de niños sometidos a abusos entre los 89.000 que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de los niños no han sido encontrados. Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia le advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de “patrocinantes falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota que trataban de adoptar varios niños a la vez que no tenían parentesco entre sí.
Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.
“No estamos tomando atajos”, dijo el vocero del departamento, Mark Weber. “En general el programa funciona muy bien”.
Uno de los casos detectados por la AP es el de un joven guatemalteco de entonces 14 años que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al apartamento de un patrocinante en Los Ángeles, donde estuvo confinado por tres semanas. El joven, Marvin Velasco, dijo en una entrevista que durante esas tres semanas ese pariente lejano le privó de comida.
“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, dijo Velasco, que desde entonces ha recibido un status migratorio especial. “Todo ese tiempo lo único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”.
A diferencia de la exhaustiva revisión obligatoria en casos de padres adoptivos a nivel nacional, la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Asistencia Social había dejado de exigir que sus trabajadores sociales averigüen los antecedentes penales o les tomen las huellas digitales a la mayoría de los patrocinantes, para la época en que Velasco fue llevado al apartamento del padre de su cuñado. Ningún profesional fue al apartamento antes de la llegada del chico, ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después, dijo Gina Manciati, abogada del menor.
Velasco dijo que había otras nueve personas en el apartamento y que su pariente les exigía el pago de la renta y les decía que si trataban de huir serían castigados. Cuando Velasco le dijo al pariente que quería ir a la escuela, el hombre llamó a la familia en Guatemala y amenazó con botar al niño de la casa si no le daban dinero.
Con ayuda del hijo del patrocinante, Velasco se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo están criando como si fuera su hijo.
Otros casos descubiertos por la AP:
– Una chica hondureña de 14 años cuyo padrastro la obligó a trabajar en cantinas en Florida donde las mujeres beben y bailan con los clientes y a veces se prostituyen.
– Una joven de 17 años de Honduras que fue a vivir con una tía en Texas que la obligó a trabajar en un restaurante de noche, a limpiar casas los fines de semana y en ocasiones la dejaba encerrada en la casa.
– Un joven de 17 años de Guatemala asignado a la casa del hermano de un amigo en Alabama, donde era obligado a trabajar en un restaurante 12 horas al día para pagar la renta.
– Una joven centroamericana asignada a la casa de un amigo de la familia en Florida que la obligaba a cocinar, limpiar y cuidar a otros niños en un parque de casas móviles.
Varios expertos, entre ellos un psicólogo y un abogado, citaron ejemplos en que los jóvenes fueron violados por familiares, o por otros individuos vinculados a los patrocinantes.
Weber dijo que la Oficina de Reubicación de Refugiados ha añadido más visitas de los profesionales a los hogares y más revisiones de antecedentes penales desde julio, cuando las autoridades federales acusaron a varios patrocinantes y cómplices suyos de orquestar una red de tráfico de personas en Ohio, en que seis menores eran obligados a trabajar en polleras 12 horas al día bajo amenaza de muerte.
“Yo sé que aprendemos de las experiencias y estamos tratando de mejorar el sistema a fin de garantizar que cada menor llegue a un lugar seguro y estoy seguro de que en la mayoría de los casos eso es lo que ocurre”, dijo Weber.
El senador republicano Rob Portman, de Ohio, presidente del Comité de Investigaciones de la cámara alta, declaró que pautará una audiencia el jueves sobre el programa de esa dependencia del gobierno para reubicar a los niños refugiados, pues teme que las fallas son sistémicas.
“Creemos que se necesitan reformas con urgencia porque hay menores de edad en estos momentos que están llegando a la frontera”, dijo Portman. “Este es un problema que hay que enfrentar”.
* El equipo nacional de investigaciones de la AP puede ser contactado en: investigate@ap.org
Fuente: AP
