“Lo que pedimos es que respeten nuestros derechos, nosotros no somos delincuentes”, reclamó Mariana Ramírez, venezolana que viaja con su esposo y tres hijos en la caravana de extranjeros que salió el viernes de Tapachula hacia Huixtla.
En entrevista, la mujer señaló que aunque las autoridades migratorias ya les habían entregado hasta ayer cerca de 2 mil permisos, aún “otras 2 mil personas” faltan de obtenerlos, y en el proceso, recalcó, la manera en que nos han tratado es “bastante deplorable, porque hay abusos y atropellos de las instituciones públicas que deberían garantizar el libre paso por el país”.
Un grupo de más de 2 mil indocumentados de diferentes nacionalidades partieron el viernes de Tapachula y luego de 14 horas llegaron a las oficinas que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en Cerro Gordo, a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Huixtla, donde debieron esperar para que comenzaran a entregarles los documentos para continuar hacia la frontera norte.
En el trayecto, según explicó Mariana, se fueron sumando más personas, hasta llegar a casi 4 mil. “Lo que queremos es que nos otorguen los permisos y que nos dejen avanzar, que si ven caravanas les habiliten ambulancias y puntos de hidratación”, añadió.
“La mayoría de las veces lo que conseguimos de ellos (autoridades) son insultos, groserías. De verdad que es bastante triste. En mi caso yo viajo con mi esposo y tres hijos, a quienes les han vulnerado sus derechos. Aquí hay menores que no tienen comida ni qué beber; no disponemos de baños, hay niños que están enfermos y sin atención médica”, denunció.
Ramírez refirió también que debido a las altas temperaturas, en el camino de 14 horas bajo el intenso sol, muchas mujeres y niños se desmayaron. “Había gente que nos quería brindar apoyo, pero los policías y agentes de migración los detenían y nos decían que si nosotros queríamos marchar, que camináramos”.
Manifestó que varios miles de personas que permanecieron ayer en las instalaciones migratorias de Cerro Gordo “durmieron en el piso, algunos bajo techo y otros a la intemperie, y nos mojamos. Nos trataron como animales”.
Mariana Ramírez recalcó que lo que piden, además de los documentos, es que los respeten. “Nosotros no somos delincuentes, somos personas que nos vimos obligadas a salir de nuestras ciudades de origen para buscarle calidad de vida para nuestras familias”, sostuvo.
En tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como Las Vanders, la Red Regional de Familias Migrantes y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se brinde protección, asistencia humanitaria y atención médica a los integrantes de la caravana que permanecen en Huixtla.
Fuente: La Jornada
