Por Magdalena Gómez
La consolidación de la vía legislativa para consumar el despojo de tierras en favor de las trasnacionales plantea desafíos a la centenaria resistencia indígena. En especial se vulnera el objetivo estratégico de reconstituir los pueblos indígenas con el eje de su autonomía territorial.
El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados en el mismo nivel que la Constitución. Específicamente, el campo de los hidrocarburos planteará sin duda a la Corte la necesidad de precisar si los derechos de los pueblos a la superficie de sus territorios incluyen el subsuelo, cuando no es el Estado quien lo explota conforme a su dominio exclusivo, sino empresas a las que ha transferido tal facultad trastocando su sentido original. Con el agravante de que el proceso legislativo omitió el deber de garantizar el derecho a la consulta previa libre e informada.
En ese contexto, poco importa que, en lugar de expropiación cuando los titulares de las tierras se opongan al despojo, para llamar a las cosas por su nombre, el Congreso de la Unión con su aplanadora PRIAN refiera a la llamada ocupación temporal como supuesto paliativo. Sin embargo, la experiencia de los pueblos indica que el componente central de su resistencia es la organización, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese contexto. Para definir su estrategia inmediata, en primer lugar, es urgente una campaña propia de información sobre el contenido de las leyes en materia energética, cuyo ciclo de aprobación está a unos días de cerrarse. También sobre su impacto a corto, mediano y largo plazos.
El peñanietismo ya inició la suya para desinformar, y seguramente reforzará las presiones mediante las migajas gubernamentales denominadas genéricamente programas sociales de combate a la pobreza; bien sabemos del componente mediatizador de la protesta social que está presente y más aún con carácter abiertamente contrainsurgente, como lo pretendieron en las regiones zapatistas.
Las próximas semanas las organizaciones indígenas seguramente abordarán estos temas, en especial en la reunión de La Realidad, Chiapas, del EZLN y el Congreso Nacional Indígena. Por lo pronto, ya algunas tuvieron un primer intercambio el pasado fin de semana en la Montaña de Guerrero, en Tlapa, durante el foro Desde el Corazón Comunitario de las Resistencias, organizado con motivo del 20 aniversario de la creación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. En la mesa Megaproyectos y Defensa del Territorio indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de 13 municipios y 85 comunidades de la Montaña, así como representantes invitados del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de Oaxaca; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota; el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta, Júba Wajiín-San Miguel del Progreso y la Unión de Cooperativas Tosepan, dieron cuenta de los diversos procesos de lucha para conservar sus recursos.
En suma, se equivocan los prianistas con sus cuentas alegres sobre lo que consideran leve protesta social ante sus más recientes atropellos legislativos en materia de hidrocarburos. El hecho de que no se expresen masivamente a las afueras de sus ostentosos recintos significa que la ruptura con esos espacios de supuesta representación popular es profunda y no están dispuestos a desperdiciar energías. Sin embargo, tampoco es que en lógica de seguridad nacional el Estado se confíe frente a la resistencia indígena; por ello, desde su Pacto por México incluyó el complemento de sus reformas llamadas estructurales y no es otro que el de la criminalización. A partir del mismo, y para ser congruente con su prioridad de garantizar al gran capital la libre explotación de los recursos naturales, se preparan para reglamentar el artículo 29 constitucional y expedir una nueva ley que permita normar los términos y condiciones de la suspensión de garantías (Compromiso 23). Además, acordaron en el mismo pacto impulsar la ley federal sobre el uso legítimo de la fuerza pública al indicar que como sucede en otros países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza pública (Compromiso 28), con sus avances, ominosos por cierto, en entidades como Puebla y Chiapas.
Las trasnacionales que se aprestan a invertir en nuestro país en el ramo de hidrocarburos deben saber que los pueblos darán la batalla en todos los frentes posibles para defender sus territorios, antes que convertirse en sus peones o ser desterrados a cambio de unos cuantos pesos y quedar en espera de que termine su ocupación temporal. Sin duda, el Estado abandonó el interés nacional y continúa su guerra ancestral contra los pueblos originarios.
Fuente: La Jornada
