La defensa de la candidata del PAN al Gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para cotejar los expedientes de la imputación por presuntamente haber cobrado sobornos y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de Chihuahua. Su abogado Francisco Molina declaró que el citatorio era inconstitucional por lo que decidieron no comparecer. No obstante, la Fiscalía de Chihuahua, que expuso en su recinto la totalidad del expediente, buscaba realizar el contejo para evitar que Maru Campos gestionara un nuevo amparo para eludir otra vez la audiencia de imputación de cargos. Y además hacerle entrega de nuevas evidencias recién obtenidas.
Reporte especial de Animal Político
La candidata del PAN al Gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por presuntamente haber cobrado sobornos y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de la capital chihuahuense.
Se trata de una investigación distinta de la llamada “nómina secreta”, en la que Campos Galván es acusada de haber recibido sobornos millonarios de parte del ex Gobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como Alcaldesa.
Ahora, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción la señala de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en la carpeta de investigación 19-2020-17757.
La Alcaldesa con licencia, conocida comúnmente como Maru Campos, habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
Además, en ese mismo periodo, utilizó una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la candidata panista ronda 1 millón de pesos.
La acusación forma parte de la causa penal 3022/2020. Este viernes 5 de marzo se programó la audiencia inicial de vinculación a proceso, que la defensa de Campos Galván ha logrado aplazar ya en dos ocasiones por medio de suspensiones judiciales, en una estrategia legal semejante a la que siguen en el caso de la “nómina secreta”.
En respuesta a una solicitud de este medio, un vocero de la alcaldesa acusó que ésta ha sido víctima de un “linchamiento” mediático por parte de la Fiscalía previo a la audiencia; señaló que la candidata panista no tiene nada que ocultar y que confía en que no existen pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.
“Se están haciendo acusaciones, se está haciendo un linchamiento, no de ahorita, desde hace meses se le está acusando, se le está victimizando, sin haberle señalado formalmente las acusaciones”, indicó Arturo García Portillo, coordinador de la campaña de Maru Campos.
“La Alcaldesa sabe perfectamente, y es lo que ha dicho una y otra vez, que ella no tiene nada de lo que se le señale, por eso compitió en una interna (del PAN), por eso es candidata, porque no tiene absolutamente nada que ocultar”.
Nexos entre los competidores
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en declaraciones de testigos y en irregularidades en contrataciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la Cuenta Pública 2018.Las investigaciones ministeriales señalan que Campos Galván ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que, de acuerdo con la Auditoría, estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.
Los proveedores involucrados son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
Testigos colaboradores declararon a la Fiscalía que Maru Campos cobró, mes con mes, un “diezmo” que ascendió a 788 mil 433 pesos el primer año y a 530 mil 881 pesos el siguiente. La suma global fue de 1 millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10% de los montos de los contratos sin IVA.
Durante esos dos años, los contratistas pagaron adicionalmente sobornos por 1 millón 439 mil 321 pesos, que fueron repartidos entre otros tres ex colaboradres de Campos Galván que participaron en las licitaciones amañadas.
Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Chihuahua durante el sexenio de César Duarte.
También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, ex director de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.
La acusación señala que estos funcionarios, previo a las licitaciones para los ejercicios 2017 y 2018, proporcionaron información privilegiada al grupo de empresas -a través de su intermediario, identificado como Miguel Alfredo Aragón Reta- para que pudieran cumplir con los requisitos técnicos y económicos y, así, asegurar las adjudicaciones.
Tras participar en el esquema de corrupción y cobro de sobornos, los tres exfuncionarios municipales se acogieron al “criterio de oportunidad” y ahora son computados colaboradores de la Fiscalía, a la que han rendido declaraciones en contra de Campos Galván.
Uno de ellos, Félix Martínez Adriano (el ex “City Manager”), incluso ya es candidato a regidor del Ayuntamiento de Chihuahua en la planilla del abanderado del PAN que aspira a suceder a Maru Campos, Marco Bonilla.
Conforme la información recabada, el operador de las negociaciones al interior del municipio fue Orlando Villalobos, quien trató directamente con el bróker de las cinco compañías beneficiadas, Aragón Reta, un priista que fue candidato a regidor en 2016.
Además del intermediario, las empresas compartían a la misma contadora, Kenia Ochoa Venzor, esposa de José Luis Prieto Olivas, que en el periodo de las contrataciones era funcionario de la Secretaría de Economía estatal, según el informe de la Cuenta Pública 2018 elaborado por la Auditoría estatal.
El ente fiscalizador también encontró que las compañías coincidían en algunos nombres de sus propietarios, accionistas y trabajadores dados de alta ante el IMSS.
Pago de favores
La indagatoria señala que, una vez que el Ayuntamiento de Chihuahua benefició al grupo empresarial con los contratos en 2017, como un pago de favores, el bróker Miguel Alfredo Aragón Reta facilitó a Campos Galván una tarjeta de crédito que la alcaldesa utilizó para cubrir sus gastos personales, lo que configuraría el delito de cohecho.
La cuenta fue abierta en el banco BBVA a nombre de la empresa Imagen Logística Empresarial S.A. de C.V. Testigos colaboradores declararon a la Fiscalía que la entonces funcionaria quería tener una fuente de ingresos que no pudiera ser vinculada a ella.
Sin embargo, la Fiscalía accedió a estados de cuenta bancarios y a recibos de compra que fueron firmados tanto por Campos Galván como por personas cercanas a ella.
Así, se detectaron cargos entre marzo de 2017 y octubre de 2018 -durante su gestión como funcionaria- para el pago de restaurantes, ropa, muebles y joyas por un valor aproximado de 1 millón de pesos.
La tarjeta fue usada en Chihuahua, Monterrey y la Ciudad de México, así como en ciudades de Estados Unidos, Italia y Francia, de acuerdo con la acusación.
Fuente: Animal Político/ El Noroeste
