Otro de los procesos que debe afianzarse para que se concrete la transformación (ver artículos previos) es la vuelta del Estado a regir el desarrollo en el territorio. De la política social se deriva una de las más grandes intervenciones territoriales de las últimas décadas, no solo por la acelerada construcción de sucursales del Banco del Bienestar, sino también por el despliegue humano que la política de transferencias ha requerido. Hay, actualmente, 18 mil Servidores de la Nación tocando las puertas de todo el país, inscribiendo a los programas a la gente a quien por derecho corresponde. Estos 18 mil operadores territoriales se suman a la estructura que antes hubo en Sedesol para atender los programas Prospera y Adultos Mayores (más que duplicándola) y lo han hecho, además, con mística política, que no electoral.
Algunos, como María Amparo Casar, pensaron que se trataba de fabricar una estructura electoral clientelar, que había un discurso de dientes para afuera del Presidente cuando decía que habría una tajante separación entre partido y gobierno. Esa idea perdió cualquier credibilidad cuando la Secretaría de la Función Pública abrió investigaciones contra coordinadores de los programas de bienestar, y, sobre todo, cuando el Presidente los sentó a todos a una mesa y les dijo, con Gabriel García —su jefe— a su derecha, que no solo se pediría la renuncia a quien operara electoralmente, sino que se daría vista a la Fiscalía porque el fraude electoral es ya un delito grave. Eso, incluso, quedó asentado en un memorándum del día 22 de octubre de 2019.(1) Se trata de gestionar la legitimidad de un nuevo régimen, no la preferencia electoral de un partido.
La segunda cara de la moneda de la vuelta al territorio son los proyectos de infraestructura, y particularmente el Tren Maya y el Transístmico, pero hay muchos más, como otros trenes o los programas nacionales de reconstrucción y de mejoramiento urbano. Por cuestiones de espacio, me centro en el tren que me parece más importante.
El proyecto Transístmico consistente en la remodelación de los puertos y vía de carga de Salina Cruz a Coatzacoalcos cambiará no solo el desarrollo de la zona, sino el lugar de México en el mundo. Los polígonos que conformarán parques industriales concentrarán intereses de diversos países y estados, y la capacidad de transportar contenedores de megabuques que transiten del golfo al pacífico generará un área de influencia directa de dos millones de hectáreas, además de que conectará cadenas de valor con redes intermodales de transporte global. O sea, en resumen, que se organizarán muchos intereses ahora ausentes de la región o dispersos. Desde luego que el diablo, para las comunidades, podría estar en los detalles —lo mismo que en el caso del Tren Maya—, pero si la política de esos proyectos territoriales es incluyente y sustentable, tendrá defensores arriba y abajo. Al final del sexenio, aunque se haya afectado grandes intereses, habrá beneficiados incipientes de esas afectaciones y del mencionado cambio del lugar de México en el mundo. El pendiente enorme que quedará si se concreta esta tendencia, desde luego, es la reforma del régimen de ordenamiento territorial.
Fuente: Sur Acapulco
