Por John M. Ackerman
Como el piloto del vuelo 9525 de Germanwings que estrelló intencionalmente su avión en los Alpes franceses con 150 pasajeros a bordo, Enrique Peña Nieto ha soltado la palanca de mando y se prepara para saltar de la aeronave justo antes de que el régimen estalle en llamas. Todo parece indicar que nos encontramos inmersos en un camino sin retorno de fragmentación y autodestrucción del régimen de simulación democrática. Lo que sigue será un proceso de brutal consolidación autoritaria o el surgimiento de una amplia alianza popular para el rescate de la patria.
Solamente un gobierno totalmente inepto sin ninguna estrategia de combate al crimen organizado permitiría que un pequeño destacamento de narcotraficantes de tercera tirara del cielo de Jalisco un helicóptero militar fuertemente armado y comandado por el grupo de élite más poderoso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo un gobierno bajo el control de los funcionarios más sádicos y corruptos permitiría la repetición una y otra vez de masacres criminales como las de Tlatlaya, Ayotzinapa y ahora Apatzingán. Y solamente un gobierno sin ninguna vergüenza o responsabilidad hacia la población utilizaría su poder para acumular casas de lujo, con los casos más recientes involucrando a Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, así como para forrar los bolsillos de sus amigos contratistas, ahora se suma el caso OHL al del Grupo Higa.
Cada día más comunicadores son asesinados, secuestrados y silenciados. La semana pasada en Veracruz el periodista Armando Saldaña Morales fue ejecutado con cuatro balazos en la cabeza y Bernardo Javier Cano fue privado de su libertad en Iguala, Guerrero. Mientras, cada mañana se vuelve más pesado e insoportable el silencio generado por la ausencia de Carmen Aristegui.
La brutal represión este sábado a los jornaleros en pie de lucha en San Quintín, Baja California, constituye una elocuente estampa de la total descomposición del sistema político en manos de un grupo de personas sin ética alguna. Los trabajadores agrícolas no demandan más que un salario digno, prestaciones básicas y algunos días de descanso. La respuesta, evidentemente coordinada entre los gobiernos estatales y federal, fue entrar por la fuerza al campamento de trabajadores triquis para violentar y atemorizar a la población. El gobierno despótico demostró que ha perdido cualquier capacidad de autorregulación o de consideración para los derechos humanos.
El régimen está desesperado. Los videos difundidos la semana pasada de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cometiendo delitos electorales a plena luz del día con el fin de acarrear votos evidencian un alto nivel de preocupación. En Naucalpan, el candidato a diputado federal por el PRI, David Sánchez, ofrece mil pesos por cada voto en su favor (véase: http://ow.ly/MLUjq ) y en Zacatecas el también candidato a diputado federal por el PRI, Benjamín Medrano, abiertamente condiciona la entrega de ayudas gubernamentales al apoyo electoral por el partido en el poder (véase: http://ow.ly/MLUwb ).
Ambas acciones violan flagrantemente la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga con cárcel a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa o amenace con suspender los beneficios de programas sociales a cambio de apoyo electoral. El nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, tiene la obligación legal de investigar de oficio y a fondo estos abiertos atropellos. Y aunque es difícil imaginar que lo hiciera, el funcionario peñista también tendría que encabezar personalmente una cruzada pública en contra de estas prácticas fraudulentas.
Otra acción desesperada del gobierno que viola flagrantemente el marco legal es la colocación de la seguridad pública bajo mando militar en cada vez más estados. Hace un par de meses Peña Nieto designó al general Felipe Gurrola Ramírez nuevo comisionado para la seguridad en Michoacán y la semana pasada nombró al general Gustavo González coordinador de la Operación Jalisco. Al colocar fuerzas civiles de seguridad pública bajo el mando directo de las fuerzas armadas se viola frontalmente el artículo 129 de la Constitución, que señala que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No sería nada exagerado suponer que algunos actores en el gobierno quisieran imponer un gobierno militar en todo el país.
La enorme crisis que hoy vive el Estado mexicano constituye una oportunidad de oro para la acción social. La autodestrucción del régimen de simulación desnuda cada vez más claramente el carácter inepto, sádico, corrupto, cínico y represor del sistema vigente. Pero la tempestad apenas inicia y hay que discernir con mucho cuidado la naturaleza de la coyuntura que se avecina. Avancemos con pies de plomo, sin sectarismos y con la más amplia apertura a todas las expresiones de resistencia social y política.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
