Por Javier Corral Jurado
Al día siguiente de que el Pacto por México fuera suscrito por el presidente de la República y los presidentes nacionales de PRI, PAN y PRD, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), fue quizá la primera organización social que reconoció la importancia del esfuerzo de negociación y decisión políticas a favor de una agenda de reformas necesarias, posibles y del mayor interés público. El principal organismo mexicano especializado en el derecho a la información y los medios de comunicación, se pronunció abiertamente por respaldarlo, y llamó a los partidos a pasar de los dichos a los hechos, y a la sociedad en general a un riguroso escrutinio y exigencia de cumplimiento.
La AMEDI ha concurrido a depositar su confianza en este instrumento porque considera que en el campo del derecho a la información, el Pacto establece medidas importantes que de lograrse modificarían sustancialmente la relación entre los medios, la sociedad y el poder en México y darían pie a un conjunto de reformas legislativas, desatorando de esta manera una de las asignaturas de más difícil procesamiento en las cámaras del Congreso, que a la pusilanimidad con la que ha actuado la clase política en esta materia se suma la resistencia de los intereses multimillonarios que se verían afectados por la entrada de la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Ante la inminencia de que sea presentada en el Congreso, la iniciativa de reformas constitucionales que deberá concretar los compromisos suscritos en esta materia en los numerales del 37 al 45, y que según el calendario del Pacto, debe acontecer en el mes de febrero, vale la pena recordar las puntualizaciones que la AMEDI formuló en torno de esos compromisos, pues resultaría inconcebible que esa expresión social ampliamente acreditada en la opinión pública fuera desatendida en su larga lucha y en la expertis que siempre ha puesto al servicio del interés público.
Los compromisos para reordenar la legislación de las telecomunicaciones en una sola ley, así como para promover la competencia en radio, televisión y telefonía de manera simultánea, reconocen la necesidad de contar con un cuerpo jurídico integral. Desde hace casi tres años la AMEDI, en coincidencia con legisladores de varios partidos, participó en el impulso a una Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Las tareas legislativas que resulten del Pacto podrán apoyarse en propuestas como esa.
Para la AMEDI, “fortalecer la competencia significa acotar a los monopolios”. El fortalecimiento que se anuncia para la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, tendría que traducirse en atribuciones suficientes pero también en una auténtica autonomía respecto del gobierno y de las empresas reguladas por ese organismo. La creación de tribunales especializados podría solucionar la perpetuación de litigios, promovidos especialmente por empresas, cuya falta de solución perjudica antes que nada a la sociedad.
La creación de nuevas cadenas de televisión abierta solamente significará un contrapeso eficaz al acaparamiento de frecuencias que hoy ejercen Televisa y TV Azteca, si las autoridades en materia de telecomunicaciones establecen reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. Las reglas de asignación de nuevas cadenas de televisión deberán promover la competencia no sólo en términos económicos sino también para mejorar la calidad de la programación y el fortalecimiento de la producción independiente. Es necesario que una de las nuevas cadenas nacionales sea destinada para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un organismo con autonomía respecto del gobierno.
La obligación para que los sistemas de televisión de paga difundan las señales de TV abierta y para que las televisoras que transmiten señales abiertas así lo permitan, romperá el monopolio que Televisa y TV Azteca han mantenido en perjuicio de sistemas de televisión codificada distintos a los que son respaldados por esos consorcios. El Pacto en uno de sus apartados se refiere únicamente a “sistemas de cable” cuando debiera aludir a todo servicio de televisión restringida.
En nuestra opinión, el derecho a conducir por cable o satélite las señales de televisión que ya se difunden de manera abierta no debiera implicar el pago de una contraprestación. Se trata de señales, antes que nada de acceso universal y gratuito determinadas así en la ley.
El establecimiento de límites a la concentración en los mercados de la comunicación podrá partir de numerosas experiencias internacionales que señalan barreras a la existencia de muchos medios en pocas manos.
La promoción de la banda ancha, su reconocimiento constitucional, la creación de una red estatal de esa índole y de una agencia responsable de la agenda digital, abre la posibilidad de que por fin México tenga una política de Estado en ese terreno. La participación de la sociedad es necesaria para que esa política no esté orientada por el beneficio de las empresas sino por el interés público. Será preciso que se establezca de manera muy puntual a qué metas se aspira en el desarrollo de sus prioridades digitales. Por “banda ancha”, por ejemplo, hay quienes entienden la magra y defectuosa capacidad que suelen vender en México las empresas telefónicas que acaparan esos servicios.
Un organismo ciudadano para supervisar la publicidad oficial en todos los niveles y con límites al gasto de cada entidad, contribuiría a resolver la promoción de gobiernos y funcionarios con cargo a los recursos públicos. A nuestro juicio, la medida más adecuada sería la cancelación de cualquier gasto publicitario por parte de las instituciones del Estado mexicano para contar con otros mecanismos de apoyo a los medios a través de fondos concursables. Mientras eso sucede, el organismo que se propone deberá tener reglas y facultades muy claras para no convertirse en cobertura del ejercicio discrecional de dinero público en medios de comunicación, beneficiando a los mismos de siempre.
El compromiso a fin de que los tiempos oficiales que los partidos utilizan en campañas electorales sean utilizados “para impulsar una cultura del debate público” implica la sustitución de abundantes spots por programas abiertos a la deliberación. Esa medida implica, naturalmente, la ratificación del modelo de comunicación gracias al cual la propaganda electoral se difunde en tiempos del Estado en radio y televisión y está prohibida la mercantilización de espacios para ese fin.
En materia de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, consideramos que la creación de otra instancia más es innecesario, las organizaciones de la sociedad civil han hecho un esfuerzo importante para que se cuente con marcos legales y un Mecanismo para tal efecto, lo que se requiere es que funcionen de manera eficaz por parte de las autoridades correspondientes sin más dilación.
En el Pacto por México echamos de menos dos temas fundamentales: los medios de radiodifusión públicos y los medios comunitarios. La radio y la televisión públicas son opciones que la sociedad mexicana reconoce ya como distintas a los medios comerciales y requieren de pleno sostén financiero, así como respeto al trabajo que desarrollan. Es preciso que esos medios dejen de estar supeditados a las voluntades de los gobernadores o del gobierno federal.
Los medios comunitarios ameritan reconocimiento, respaldo y garantías. La radiodifusión comunitaria es uno de los elementos más activos para revitalizar y cohesionar a la sociedad en sus niveles más básicos. Su reconocimiento es parte del pluralismo necesario para el país.
El Pacto por México recupera propuestas que distintos organismos de la sociedad han presentado, en diversos campos, durante los últimos años y que por lo tanto están respaldadas por esa sociedad que durante décadas las ha exigido. En el caso del derecho a la información, la agenda de las reformas que hacen falta no se agota allí. Pero el documento que firmaron los tres principales partidos políticos y el presidente de la República contiene medidas muy relevantes”.
A este marco conceptual, la AMEDI entregó en los primeros días de enero a los integrantes del Consejo Rector del Pacto, los principios clave que debe contener la reforma de medios. Entre ellos destaco los principales: una ley convergente visionaria que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha. Creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional, para prevenir riesgos de captura regulatoria y lograr su gestión transparente e independiente de asuntos e instancias alejadas del interés público. Definir las telecomunicaciones como servicio público, incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha.
Crear una Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine los trabajos de una Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha con calidad (velocidad) y conduzca al país hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Homologar concesiones y crear licencias únicas para la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones. Establecer reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. Garantizar el servicio público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su plataforma de transmisión, (must carry, must offer). Reconocimiento legal a los medios comunitarios y sociales a través de la figura de la concesión de uso social sin fines de lucro. Reglas de dominancia en todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil, televisión restringida, banda ancha y radiodifusión.
Publicidad equilibrada y respeto a contenidos audiovisuales. Fomento a la producción nacional independiente. Regulación de la programación y publicidad destinada al público infantil, para que procure su sano desenvolvimiento físico y mental, no promueva malos hábitos alimenticios ni conductas consumistas, ni fomente contenidos sexistas, discriminatorios o violentos. Sanciones que disuadan a los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de cometer o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que atenten contra los derechos de las audiencias y los usuarios.
Porque estoy absolutamente de acuerdo con todas y cada una de sus expresiones, suscribí entonces los dos pronunciamientos, y ahora los ratifico como insumos ineludibles en la concreción del Pacto por México en la reforma de los medios de comunicación.
Fuente: Sin Embargo
