Por Arturo Martínez Núñez
Esta batalla no es solo por el control de los ductos, de las pipas y de los tanques, es además una batalla por recuperar los espacios que son de todos, por recuperar los bienes de la nación y por recuperar el respeto a las instituciones nacionales…
Las terroríficas imágenes de la deflagración en una toma clandestina de combustible en Hidalgo nos conmueven, nos indignan y nos entristecen. Cientos de familias sufren inimaginablemente la pérdida de seres queridos, amigos, madres, padres y vecinos. El dolor abrasa el corazón y nos obliga a reflexionar.
La lucha contra el robo de combustibles debe de analizarse desde la óptica de la teoría general del Estado y no solamente como el combate al crimen organizado.
En las últimas décadas, México fue cediendo territorios y espacios a los agentes de la economía no estructurada: ambulantes, traficantes de diversos productos ilegales, infractores de la ley y corruptos.
Evitar el robo a Pemex no es solamente impedir que se siga dañando el patrimonio nacional, sino que es, principalmente, el símbolo de la determinación en la lucha por recuperar el papel rector del Estado mexicano en la vida pública. Y la mejor manera de comenzar es por casa. El Estado no puede ser candil de la calle mientras permite que en sus narices, huachicoleros de cuello blanco y de cuello azul, succionen a sus anchas la riqueza pública.
El fondo del problema tiene que ver con la impunidad, con la corrupción y con un sistema político que fue permitiendo que amplios sectores de la vida pública salieran del control del Estado.
Por eso apoyar la lucha contra el huachicoleo va más allá de la intervención y la seguridad en los ductos. Esto no es solamente un asunto de policías y ladrones. Se trata de recuperar el control sobre los energéticos, pero también de recuperar la autoridad socavada durante años por la complicidad, el “moche”, la “comisión” y el “guante”.
Esta batalla no es solo por el control de los ductos, de las pipas y de los tanques, es además una batalla por recuperar los espacios que son de todos, por recuperar los bienes de la nación y por recuperar el respeto a las instituciones nacionales.
Durante décadas el sistema permitió o fue cómplice de distintos tipos de delitos: desde aquellos que a simple vista parecían inofensivos como el ambulantaje o la invasión de predios, hasta aquellos que generan grandes dividendos como el contrabando, la venta de plazas y la asignación de contratos públicos a cambio de porcentajes y obsequios inconfesables.
La impunidad y la injusticia se convirtieron en incentivos para los criminales, total, en México nunca pasa nada, en México solamente los tontos o los pobres van a la cárcel; total, en México el que no transa no avanza.
La regeneración nacional pasa necesariamente por poner un alto a los excesos y delitos cometidos desde el amparo, y con la complicidad u omisión del poder público. La regeneración nacional significa dejar de voltear hacia otro lado cuando se conoce de un delito, por grave que este sea. La regeneración nacional significa terminar con décadas de inercias donde los delincuentes terminaban volviéndose socios de las autoridades que supuestamente los combatirían.
Nunca más un México donde los encargados de preservar el patrimonio nacional sean los que lo enajenen al mejor postor; nunca más un México donde la autoridad pública se subrogue a los grupos de poder legales o ilegales; nunca más un México donde los crímenes queden impunes y donde sea más fácil y más atractivo violar la ley que cumplirla.
Fuente: El Sur
