Según un informe reciente del Centro de Tecnología de Privacidad y Seguridad de la Universidad de Georgetown, desde 2020 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.
UU. ha agregado más de 1,5 millones de perfiles de ADN de inmigrantes a una base de datos federal utilizada por las fuerzas de seguridad nacionales. de acuerdo con la ley.
El documento “Multiple the Genome: How the Government Abused Its Immigration Powers to Stockpile DNA for Future Policies” añade que las muestras de ADN se envían al FBI para su procesamiento e inclusión en el Índice Compacto de ADN (CODIS).
Desde esta base de datos, las agencias policiales locales, estatales y federales pueden acceder indefinidamente a la información genética.
Al comparecer ante un subcomité del Senado en Washington a principios de este mes, el director del FBI, Christopher Wray, señaló que CODIS permite que unos 200 laboratorios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país comparen más de 20 millones de perfiles de ADN.
En los últimos 20 años, este sistema ha sido necesario en aproximadamente 675.000 investigaciones.
El estudio, que abarcó más de un año y medio y se basó en registros públicos y entrevistas con inmigrantes a quienes se tomaron muestras de ADN, señaló que durante sus primeras dos décadas, el Sistema Común de Índice de ADN, o CODIS, ya estaba en funcionamiento.
El informe decía que el gobierno federal permitió la recolección de muestras de ADN y recogió alrededor de 25.000 muestras de no ciudadanos.
Pero después de los cambios realizados por el Departamento de Justicia en 2020 bajo la administración del presidente Donald Trump, las cifras aumentaron dramáticamente.
Este cambio permite a los agentes del DHS recolectar muestras de ADN de casi todas las personas detenidas por agentes fronterizos, así como de ciudadanos extranjeros que ya se encuentran en el país.
Cabe señalar que este enfoque continuó durante la administración del presidente Joe Biden.
El Centro para la Privacidad y la Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown añadió que las conclusiones del informe plantean la cuestión de si los derechos de privacidad de los inmigrantes están siendo violados en virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Incluso cuestionaron la constitucionalidad del propio programa.
El informe dice que los funcionarios de inmigración estadounidenses a menudo recolectan muestras de ADN basándose en engaños y amenazas, a pesar de las políticas internas del Departamento de Seguridad Nacional que exigen que las agencias de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) notifiquen a las personas antes de recolectar muestras.
