El pasado 24 de enero, Amnistía Internacional (AI) presentó en la ciudad de Chihuahua el informe Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la sierra Tarahumara, el cual analiza la falla del Estado mexicano en ofrecer protección efectiva a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en esa región, el impacto para la comunidad indígena rarámuri Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, a más de 10 horas de la capital del estado. El informe se enfoca en el asesinato, en su comunidad, del líder indígena Julián Carrillo, quien contaba con medidas de protección, desde 2014, brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, debido a que había sido víctima de amenazas y hostigamiento en relación con la defensa de los derechos humanos y de su territorio ancestral, incluso cinco de sus familiares más directos fueron asesinados, entre ellos su hijo, Víctor Carrillo, en 2016, aproximadamente un mes después de la publicación de una sentencia favorable a la comunidad, en que el Tribunal Agrario suspendió permisos para la tala del bosque de Coloradas de la Virgen, cuya trayectoria jurídica aún está abierta con el ejemplar acompañamiento de la organización Alianza Sierra Madre y el informe de AI.
Destaca que tuvo acceso a un documento por medio del cual la Secretaría de Economía otorgaría cuatro concesiones mineras en la región de Coloradas, una de las cuales fue concedida a tres particulares, dos de ellos miembros de la familia mestiza Fontes que ha usurpado territorio ancestral a la comunidad con aval oficial.
Las medidas de protección para Julián Carrillo incluían teléfono satelital, botón de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados, las cuales no fueron suficientes para evitar su asesinato el 24 de octubre de 2018, perseguido por los criminales en la sierra, sin escoltas, sin que funcionara el teléfono satelital, menos el botón de pánico. AI señaló que es inconcebible una política de protección desde la ciudad sin respetar la cosmovisión de las comunidades indígenas. Fallaron en atender el contexto de pobreza y marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de justicia frente al despojo de sus territorios por parte de mestizos avalados históricamente por las autoridades agrarias y de todo tipo.
Al mismo tiempo señaló la vulnerabilidad de un defensor frente a la presencia de grupos armados del crimen organizado, quienes ante la impunidad que prevalece en la comunidad de Coloradas de la Virgen, continúan llevando al terror del desplazamiento forzado a las comunidades. Chihuahua, junto con Guerrero, es la entidad con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para la protección a personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Sin embargo, entre 1973 y 2018, 36 activistas han sido asesinados en la entidad, 14 en Coloradas de la Virgen.
Un día después de la presentación del informe de AI, la Fiscalía General de Chihuahua informó de la captura de dos presuntos asesinos materiales de Julián Carrillo. Se inicia con ello un acercamiento incierto con la justicia; sin embargo, quienes persisten en la defensa de sus pueblos lo ven con esperanza, porque no renuncian a ella. El propio Julián Carrillo, en entrevista con AI, incluida en el informe, denunció que lo amenazaron con que le iban a trozar el buche
y afirmó: en Coloradas hemos vivido, hemos nacido, entonces nuestros hijos vienen siendo como un brote, como un árbol, y ya a veces los árboles se hacen viejos, se secan, pero el brote sigue, después todavía crece. Ahorita yo ya estoy un poco viejo, pero me siguen mis brotecitos
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AI retrató la guerra que enfrentan las comunidades rarámuris, pero no sólo ellas ni sólo en esa región. ¿Hasta allá llegará la seguridad que supuestamente ofrecerá la Guardia Nacional? ¿Será suficiente con terminar la guerra contra los jefes del narcotráfico, como señaló recientemente el Presidente de la República, para que sus redes de poder local se desarticulen y liberen a las comunidades del virtual cerco de violencia cotidiana? ¿Se detendrá el despojo territorial, la entrega de concesiones? ¿Cuándo se reconocerá que es insuficiente el otorgamiento de apoyos individuales para integrantes de los pueblos indígenas? ¿Cómo realizan el censo de bienestar en la sierra Tarahumara ante la dificultad objetiva para llegar a sus rancherías y para utilizar la tarjeta de un banco? En un área de miles de hectáreas, con una orografía irregular que evita el ingreso vehicular y que, por tanto, implica que los funcionarios de todo tipo caminen horas para llegar a un destino determinado. Esto es sólo una parte de la guerra contra los pueblos, a ras del suelo.
Fuente: La Jornada
