A un mes del sismo del 19 de septiembre pasado, senadores de la oposición condenaron la corrupción existente tras las investigaciones sobre los presuntos responsables de los derrumbes en la Ciudad de México.
El priista Jesús Casillas presentó un punto de acuerdo para que el gobierno capitalino, los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación realicen investigaciones y peritajes sobre los presuntos responsables del derrumbe en el colegio Enrique Rébsamen.
Incluso, la senadora priista Verónica Martínez Espinoza presentó una iniciativa de reforma a tres artículos del Código Penal Federal para que se tipifique el delito de robo o mal uso de donaciones y ayuda para damnificados.
La iniciativa propone de 5 a 12 años de prisión y hasta 1,200 días de multa a quien se apodere de bienes destinados para la ayuda humanitaria, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella. También propone sancionar a quienes enajenen o trafiquen con esta ayuda.
La senadora Dolores Padierna presentó otro punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, a destinar de manera eficiente los recursos del Fonden y del Fonaden para la reconstrucción de las viviendas dañadas y criticó que hasta ahora sólo se hayan planteado “soluciones parciales” y se “regatee el apoyo” a los damnificados.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, advirtió que se pretende “tapar” la corrupción que existe tras los derrumbes, sobre todo, en la Ciudad de México.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, solicitó enriquecer el Atlas Público de Riesgos en la Ciudad de México para contar con datos precisos de los predios, inmuebles e instalaciones públicas que podrían ser afectados en otro sismo.
En su punto de acuerdo, Gómez del Campo advirtió que esta información debe ser revisada y actualizada constantemente, ya que contiene mapas de peligro por sismos, inundaciones, inestabilidad de ladera, peligros químicos, e incendios forestales.
Fuente: Apro
