¿Quién pretendía callar a López-Gatell?

Poca atención mereció el fallido intento, por la vía judicial, de acallar al subsecretario en jefe de la estrategia federal ante el Covid-19, Hugo López-Gatell, y a los demás servidores públicos que diariamente ofrecen una conferencia de prensa sobre el crítico problema sanitario en curso.

Detrás de tal pretensión estuvo la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada que por medio de su presidente, Óscar David Hernández Carranza (quien fue consejero nacional y presidente de comisiones en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex), buscó que un juez federal ordenara suspender tales conferencias, en tanto se resolviera como asunto de fondo la legalidad de éstas, pues a juicio del quejoso, los funcionarios incurren en omisiones y contradicciones en relación con los actos para enfrentar la pandemia de Covid-19.

El tema no generó más polémica porque Laura Gutiérrez de Velazco Romo, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del primer circuito, atajó la demanda de la citada fundación filantrópica. Pero resulta interesante el perfil de esta agrupación, que es más conocida por el nombre de su órgano noticioso, Somos Hermanos. La Fundación para la Promoción del Altruismo forma parte de la Junta de Asistencia Privada, un mecanismo de recaudación de fondos para ayuda comunitaria de la que esta columna informó con amplitud crítica en 1997.

En la entrega del 3 de noviembre de 1997 se mencionaba: Decenas de millones de los pesos que los mexicanos pobres dejan al Nacional Monte de Piedad (NMP) al empeñar y perder sus propiedades, han sido utilizados en los cuatro años recientes para financiar tanto promociones políticas personales como muy dudosas fórmulas de presunta asistencia humanitaria. Todo ello, mediante la Junta de Asistencia Privada que presidía Víctor García Lizama, un político yucateco que entre sus principales cargos cuenta el haber sido secretario general del breve gobierno del general Graciliano Alpuche Pinzón, y director general de Aduanas. Quienes lo conocen lo ubican, ideológicamente, a la derecha, y muy cercano a segmentos del catolicismo tradicional. En ese y otros Astilleros de aquellas fechas se describieron algunos de los casos anómalos encontrados en una pila de expedientes y documentos revisados por esta columna (https://bit.ly/3cStHNJ).

García Lizama es actualmente asesor jurídico voluntario del patronato de la mencionada fundación, que además de Somos Hermanos (https://bit.ly/3e8ztv1) tuvo el portal informativo Anunciación. En cuanto al presidente, Hernández Carranza, en su ficha de Linkedin señala ser fundador de México de Diez, presidente y fundador de la asociación civil Premio Nacional de Salud y ser Director General de LLOYD INTERNATIONAL, SC, casa de Certificación de prestigio internacional. Además, detalla las comisiones que presidió en la Coparmex (https://bit.ly/2z8jaQ5).

Ayer se reportó la cifra más alta en fallecimientos por Covid-19, conforme a los registros día a día que dan las autoridades de la Secretaría de Salud. Fueron 424 muertes. Al tiempo que continúa la escalada fúnebre, los gobiernos federal, capitalino y de varios estados exploran las posibilidades de retornos parciales a la actividad productiva en varios rubros, no sólo los considerados esenciales.

Difícil resulta conciliar la legítima protección sanitaria colectiva con la pragmática necesidad de evitar la profundización de una crisis económica que está a la vista. El relajamiento de las medidas de prevención está siendo impulsado en cuanto voces autorizadas hablan ya de fechas para desescalar progresivamente las contenciones hasta ahora fatigosamente aceptadas y ejecutadas no por todos. En paralelo, el desempleo, el cierre de empresas y el previsto mayor empobrecimiento general obligan a calcular acciones arriesgadas en términos de salud, pero considerables en términos económicos. Ese es el dilema. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Fuente: La Jornada