Ginebra— La sesión de México ante el Comité contra la Tortura cerró en Ginebra, Suiza, con una fuerte presión de los expertos de las Naciones Unidas para que México elimine el arraigo, ya que no se respeta el Estado de Derecho y es una figura que tiene tintes de desaparición forzada.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Ruth Villanueva Castilleja, insistió que no están elogiando algo normativamente inadecuado, que esta medida es provisional (hasta 2016) y tiene mecanismos para respetar los derechos humanos (como asegurar la comunicación).
Posteriormente, en entrevista, su respuesta fue vaga sobre si se acatará esta recomendación, ya que dijo que el país está en periodo de transición (el Gobierno de Felipe Calderón termina su gestión el 30 de noviembre) y aseguró que los expertos del CAT se “tranquilizaron” sobre el tema al entender que el nuevo sistema de justicia penal se implementará totalmente hasta 2016, y por ende hasta entonces habrá posibilidad de abandonar esta práctica.
La subprocuradora además aceptó que en algunas ocasiones ha habido detenciones en centros militares, pero sólo ha sido de manera excepcional “en apoyo para el uso de sus instalaciones”.
La sesión comenzó a las 15:00 horas en el Palacio Wilson de las Naciones Unidas, donde la delegación de México (de alrededor de 30 integrantes) respondió a algunas de las preguntas planteadas un día antes por los 10 integrantes del Comité contra la Tortura.
Posteriormente, el experto Fernando Mariño -quien desde horas antes se encontraba en la sala revisando los documentos del caso México- mostró su preocupación por la necesidad de independencia de los peritos que acreditan la tortura, por la vulnerabilidad de los migrantes y porque insiste en que el arraigo es una práctica vinculada con la tortura y puede estarlo también con la desaparición forzada por la incomunicación de los detenidos.
En el mismo tenor, la experta Domah mencionó que el arraigo puede ser similar a la desaparición forzada. “Es un procedimiento que se justifica para una serie de infracciones con la justificación del combate a la delincuencia organizada. La clave es saber si va a perdurar, no puede ser aceptable. Si la mantienen, entonces están fuera del Estado de Derecho”. Tugushi remató diciendo que no entiende por qué México sigue justificando esta práctica.
El énfasis en este tema muestra que es uno de los que más preocupa al Comité contra la Tortura, ya que incluso su titular, el chileno Claudio Grossman, ha señalado que han corroborado cómo todos los países que violan los derechos humanos con la justificación de que están en una situación de emergencia (como la “amenaza” del terrorismo o del crimen organizado), “nunca ha servido para nada”.
Con el cierre de la sesión, el CAT emitirá en tres semanas las recomendaciones finales para el Estado mexicano, que será en el mismo tenor de lo que los expertos plantearon en el diálogo de estos dos días en Ginebra.
Preocupan psiquiátricos, migrantes e impunidad en tortura
La experta Nora Sveaass resaltó que uno de los temas que más le preocupa al CAT es la situación de lo que se vive en los centros psiquiátricos y que la respuesta del Estado mexicano sobre un caso en Oaxaca no le da elementos para pensar que el problema está resuelto.
“Es muy grave lo que sucede en estos sitios. Por lo que he leído en informes sobre el sistema mexicano de atención mental, no tienen avances en el tema, y es preocupante porque son espacios propicios para la tortura y otras violaciones de derechos humanos”.
La Delegación mexicana sí reconoció el gran reto que tiene el país en esta materia.
El CAT también cuestionó a la Delegación si aceptará la visita de la Relatora Especial sobre defensores y defensoras de derechos humanos, sobre la necesidad de que se combata la impunidad en cuanto a la tortura y la urgencia de la homologación de este delito, así como del de desaparición forzada, en todos los estados.
Por otro lado, México presentó avances de casos como el de Atenco, Ayotzinapa y el de Israel Arzate, como si ya se hubiera hecho justicia, con algunos pendientes como pedir disculpa pública en el caso de los estudiantes de Guerrero; y lo más grave es que las cifras que presentaron sobre arraigo, no coinciden con las que han ofrecido vía transparencia y en otros informes públicos.
Organizaciones festejan presión de la ONU
Los representantes de las organizaciones sociales celebran la presión que ejercieron los integrantes del Comité contra la Tortura y señalan que eso se logró en parte por la información alternativa que lograron presentar en materia de derechos humanos, para contrastarla con el informe oficial de México.
Sin embargo, cuestionaron algunos puntos que la Delegación mexicana presentó en el Palacio Wilson, como la supuesta aprobación de la Ley de Víctimas (que fue vetada) y que en todo México está tipificado el delito de tortura (cuando en Guerrero esa figura aún no existe).
Datos que presentó el Estado:
*La Secretaría de Marina ha aceptado las cinco recomendaciones que ha recibido por tortura.
*La SSP asegura que aceptó todas las recomendaciones de la CNDH.
*El Protocolo de Estambul se ha aplicado 311 veces, en 16% se comprobó tortura y en 22% malos tratos.
*La CNDH ha documentado otros 128 casos por tortura.
*De marzo de 2011 a la fecha, ha habido 668 solicitudes de arraigo, de las cuales 646 fueron concedidas, que se traduce en dos mil 177 personas que han sido puestas en centros de arraigo.
*La Secretaría de Gobernación aseguró que el Senado ya dictaminó la reforma al fuero militar.
*Hay 231 averiguaciones previas y 76 causas penales declinadas por el fuero militar al fuero civil, como en el caso Inés y Valentina.
*En el caso de Israel Arzate ya se investiga la tortura a la que fue sometido. No mencionan que jueza de Chihuahua no quiso desestimar la declaración que fue obtenida bajo presión.
*De 572 casos de mujeres desaparecidas en Juárez, desde marzo 2012, 494 ya fueron encontradas con vida y cinco muertas.
Si hay patrones de impunidad, hay responsables: Fernando Mariño, integrante del CAT
– México insiste en el arraigo…
– En la exposición inicial entendí que consideran que desaparezca en 2016. Vamos a remarcarlo, a ver si es verdad, a ver si lo dicen con más claridad. Los expertos están muy preocupados por esa figura porque no hay garantías suficientes en ella. La figura incluso para luchar contra el crimen organizado no puede seguir así.
– Habló de un patrón de violaciones sistemáticas.
-En el sentido de que las investigaciones no avanzan.
-Es patrón de impunidad
-Sí, si verdaderamente hay patrón, significa que hay una política, pero vamos a ver…
-Sobre las diferencias entre denuncias y consignaciones
-Sí, eso es importante para hablar de impunidad. Si hay miles de denuncias y sentencias hay dos, pues algo ocurre, hay un desfase, algo ocurre en los procedimientos de investigación, la gente no está preparada o hay intención de no investigar….
-¿Cuál es el riesgo de esta impunidad?
-Si hay patrones, hay responsables de los patrones y hay que controlar a los que no investigan o los que no denuncian. Si hay policíaas o fiscalías o jueces que notoriamente han visto fenómenos de tortura o malos tratos y no denuncian, tienen que ser sometidos a control. Se requiere sistema de vigilancia para ver por qué no funciona bien.
Fuente: El Informador/ Alejandra Guillén
