En una apretada y controvertida decisión -cinco votos a favor y cuatro el contra-, los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos han fallado a favor de que la policía pueda tomar muestras de ADN de personas detenidas por delitos graves sin necesidad de una autorización judicial previa. La sentencia concluye que es constitucional que los Estados mantengan una base de datos de ADN de los arrestados y equiparan el material genético con las huellas dactilares como método para la identificación de delincuentes.
Tomar y analizar una muestra de ADN extraída del interior de la mejilla de un detenido es equiparable a las huellas dactilares o la fotografía, un procedimiento policial legítimo y razonable”
Prueba de la división que la resolución ha suscitado en el seno del alto tribunal es que el juez de tendencia progresista Stephen Breyer se ha sumado a sus compañeros más moderados -John Roberts, Samuel Alito y Clarence Thomas-, mientras que Antonin Scalia, uno de los miembros más ultraconservadores del Supremo, ha votado junto al resto de colegas de tendencias habitualmente opuestas. Los cuatro jueces disidentes con la sentencia mayoritaria -Scalia, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- coinciden en que la resolución favorece un cambio radical en los poderes policiales.
En su voto particular, Scalia ha alertado de que el verdadero propósito de las bases de datos es el de resolver delitos que todavía no se han cometido. “No se equivoquen, la decisión de hoy permite que su ADN se encuentre en una base de datos sólo por el hecho de que le hayan detenido, no importa por qué motivo o si la detención ha sido correcta o errónea”, sostiene el magistrado. La sentencia del Supremo es muy específica sobre la constitucionalidad de la extracción de muestras de ADN en el caso de detenciones por delitos graves, pero no se pronuncia sobre el caso de arrestos de delitos menores o faltas.
En EE UU el Gobierno federal y 28 Estados autorizan la toma de muestras de ADN en determinados tipos de detenciones. En los últimos años, varios juzgados han fallado sobre la legalidad de este tipo de pruebas, pero fue un tribunal de Maryland el que primero resolvió que el Estado no podía someter a uno de sus ciudadanos, Alonzo King, a una prueba de ADN sin una autorización judicial previa. En 2009, King fue detenido tras amenazar a varias personas con una pistola. Su material genético lo vinculó a un caso de violación sin resolver que se produjo seis años antes. Este es el caso sobre el que el Supremo ha resuelto este lunes.
El presidente de EE UU, Barack Obama, ha defendido la necesidad de que los Estados desarrollen sus propias bases de datos de ADN y de que estén interconectarlas entre sí a nivel nacional y con el resto de agencias federales. Los grupos de derechos civiles, sin embargo, advierten del peligro de que con esos registros se aumente todavía más la presión policial sobre las minorías, que son las que sufren más detenciones e investigaciones por parte del sistema policial y judicial de EE UU.
Fuente: El País
