La administración Trump ha comenzado a probar un programa secreto aquí, en El Paso, que tiene como objetivo acelerar la deportación de los migrantes que buscan asilo después de que crucen la frontera entre Estados Unidos y México, reporta The Washington Post.
El programa piloto, conocido como Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo (Prompt Asylum Claim Review), simplifica el proceso de asilo para que los migrantes que buscan refugio seguro en Estados Unidos reciban una decisión en 10 días o menos, en lugar de los meses o años que lleva actualmente, según funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las revisiones son principalmente para determinar si los migrantes centroamericanos pueden ser enviados de regreso a sus países de origen.
Las revisiones aceleradas buscan lograr dos objetivos de la administración Trump: disuadir a los migrantes de intentar cruzar la frontera de EU y expulsar a los solicitantes de asilo de los Estados Unidos. El Paso es el único lugar donde la administración está probando actualmente el programa, que comenzó este mes, según funcionarios estadounidenses.
Cómo funciona
Los migrantes detenidos en el área de El Paso son llevados a una instalación de la Patrulla Fronteriza en tiendas de campaña con mil 500 camas que abrió en agosto y permanece en gran parte vacía porque el número de migrantes detenidos se ha desplomado en los últimos meses. Se les da un día después de llegar para llamar a su familia o un abogado, luego tienen una entrevista con un oficial de asilo para determinar si tienen un temor creíble de persecución si regresan a su país de origen, según un funcionario de CBP que describió el programa en la condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar de ello públicamente.
Limita acceso a abogados
Los abogados de inmigración y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijeron que la prueba piloto de la administración niega el debido proceso de los solicitantes de asilo y destaca el papel limitado que pueden jugar los abogados: no pueden reunirse con sus clientes en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y se limitan a conversaciones breves por teléfono.
“Este es otro ejemplo más de la Patrulla Fronteriza llevando a cabo un proyecto piloto en secreto, eludiendo el Congreso y el escrutinio público”, dijo Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la ACLU. “La Patrulla Fronteriza está acelerando las deportaciones mientras retiene a los inmigrantes en los centros de detención … y prohíbe la supervisión para garantizar un trato justo y humano. Dado el historial de abuso de la Patrulla Fronteriza, lo último que se le debe permitir a la agencia es empujar a los migrantes a través de un proceso de toma de decisiones de vida o muerte, desprovisto de protecciones básicas del debido proceso “.
Difícil para no mexicanos
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondieron preguntas sobre el programa. Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa el sistema judicial de inmigración, dijo que se respetan los derechos de los migrantes.
“EOIR sigue comprometido a garantizar que todos los que se presenten ante sus tribunales recibirán el debido proceso y una adjudicación oportuna y justa, cuyo resultado se basa en la ley”, dijo Mattingly.
Las nuevas políticas de la administración Trump hacen que sea difícil, si no imposible, que los inmigrantes no mexicanos pasen una entrevista de miedo creíble si no buscaron asilo en el primer país por el que pasaron después de abandonar su tierra natal. Si un oficial de asilo encuentra que los migrantes no pueden cumplir con el estándar de miedo creíble, los migrantes se presentan ante un juez de inmigración por videoconferencia. Los migrantes son procesados para deportación o trasladados a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según el resultado de la entrevista y el fallo del juez, según los funcionarios de inmigración.
Los jueces de inmigración de Nuevo México están revisando los casos de miedo creíble a través de audiencias en video con migrantes en el proyecto de El Paso, dijo Mattingly.
Agregó que si bien los abogados pueden estar presentes en la revisión judicial de los evidencias de miedo, la ley les impide representar a sus clientes en la audiencia.
El Paso, ciudad ‘piloto’
En 2017, la administración Trump usó El Paso como prueba piloto para su controvertida política de “tolerancia cero”, que requería el enjuiciamiento de todos los arrestados por ingresar ilegalmente al país y separó a los niños de los padres arrestados. La administración implementó esa política en toda la frontera en la primavera de 2018, pero rápidamente la abandonó bajo fuertes críticas.
Una nueva regla implementada en julio generalmente requiere que los migrantes busquen asilo en el primer país seguro al que ingresan, como parte de un esfuerzo por reducir los flujos de migración históricamente altos. Un juez federal de California rápidamente bloqueó la entrada en vigencia de la regla, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó el mes pasado que los límites de asilo podrían permanecer vigentes mientras los tribunales federales sopesan su legalidad.
Dos hermanas, las primeras
Dos hermanas de América Central se encuentran entre los primeros migrantes en enfrentar la expulsión acelerada en la prueba piloto de El Paso, según su abogada, Mayra Rodríguez-Álvarez de Hammond, Indiana, quien pidió que sus clientes no fueran identificados porque huyeron de pandilleros en su país de origen que los extorsionaba.
Las hermanas cruzaron la frontera en El Paso el 8 de octubre, se rindieron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y pidieron asilo, dijo Rodríguez-Álvarez. Cada una tenía un niño pequeño, y una estaba acompañado por su esposo.
Habían notificado al abogado de sus planes antes de abandonar su país de origen y firmaron formularios autorizando a Rodríguez-Álvarez a representarlos.
Las hermanas llamaron a los miembros de la familia poco después de ser detenidas, pero Rodríguez-Álvarez dijo que no pudo averiguar dónde estaban detenidas hasta la semana pasada. Los miembros de la familia dijeron que las hermanas pidieron repetidamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza que llamaran al abogado, pero Rodríguez-Álvarez dijo que nunca tuvo noticias suyas.
Las hermanas fracasaron en sus entrevistas para demostrar el temor a la persecución si regresaban a casa, y luego se ordenó la deportación, dijo Rodríguez-Álvarez. La mujer no estuvo representada por un abogado en su proceso de deportación a pesar de solicitar su ayuda, dijo Rodríguez-Álvarez. Fue devuelta a su país de origen el lunes, menos de dos semanas después de cruzar la frontera.
La segunda hermana decidió abandonar su solicitud de asilo porque su hijo se enfermó bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, dijo Rodríguez-Álvarez. Todavía está detenida en El Paso.
“Como abogado, se supone que puedes ayudar a estas personas, y no puedes”, dijo. “Es muy horrible. Es muy aterrador”.
Taylor Levy, un abogado de inmigración de El Paso, trató de ayudar a los clientes de Rodríguez-Álvarez. Fue a la Estación 1 de la Patrulla Fronteriza de El Paso el lunes, donde los agentes le dijeron que estaban llevando a cabo un nuevo programa y que no podían brindarle mucha orientación.
Fuente: Washington Post vía El Diario
