ODecenas de miles de personas volvieron a protestar este martes en Colombia contra el presidente Iván Duque, cuando se instala una nueva legislatura en el Congreso, adonde los principales voceros de las manifestaciones esperan llevar sus reclamos.
“Espero que por fin ese Congreso empiece a legislar en favor de los intereses de todo el pueblo colombiano y no solo de un grupo de particulares que se enriquece”, dijo a la AFP el odontólogo Iván Chaparro, de 46 años, mientras caminaba en medio de una multitudinaria marcha festiva en el centro de Bogotá.
El Comité Nacional del Paro, que es el mayor colectivo de manifestantes pero no representa a todos los sectores inconformes, convocó a esta nueva movilización durante la fiesta nacional después de más de un mes de pausa.
Las manifestaciones recorren las calles de las principales ciudades con consignas variopintas que en el fondo exigen una reforma policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que hundió en la pobreza a 42% de los 50 millones de habitantes.
Integrado por estudiantes, indígenas y organizaciones sociales el Comité había suspendido las movilizaciones el 15 de junio, pero volvió a las calles el Día de la Independencia de Colombia con el objetivo de llevar sus reclamos al parlamento.
Las peticiones del Comité “las vamos a presentar al Congreso porque el gobierno no quiso negociar”, dijo a W Radio Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores.
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Despliegue policial y militar
Miles de personas se dieron cita en distintos puntos de Bogotá y marchaban con cánticos, bailes y banderas de Colombia al revés hacia la central Plaza de Bolívar, pero la fuerza pública cerró el paso al Congreso y la sede presidencial.
“Estamos en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos frente a la salud, la educación, la no violencia”, dijo en la capital la profesora Noelia Castro, de 30 años.
La movilización transcurre en un ambiente enrarecido por denuncias del gobierno sobre infiltración de grupos armados en las marchas, capturas de manifestantes y advertencias de las autoridades sobre un posible incremento de muertes y contagios por covid-19 cuando el país sale de la peor ola de la pandemia.
De acuerdo al ministerio de Defensa, más de 65.000 policías y militares custodian la jornada de manifestaciones en todo el país, ante la presunta participación de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC en las marchas.
Más de 60 personas han muerto y miles fueron heridas desde que estallaron las protestas el 28 de abril, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y autoridades civiles.
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Brutalidad policial
Lo que comenzó como una manifestación contra un fallido plan del gobierno para elevar impuestos a la clase media fue avivado por la represión de la policía, rechazada por la comunidad internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en medio de las protestas, denunció la respuesta “desproporcionada” y “letal” de las fuerzas oficiales frente a las manifestaciones.
De su lado, la ONG Human Rights Watch acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios durante las protestas, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes estatales con intención de “matar”.
Si bien ha admitido casos de violencia policial, el gobierno controvierte las cifras.
“Uno no puede ser indiferente a la injusticia, a que maten a los estudiantes por protestar (…) que se les agreda como si fueran terroristas”, dijo en Bogotá la profesora Jeanneth Gómez, de 59 años.
Fuente: AFP
