Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en la ciudad de Pamplona para repudiar la sentencia emitida el pasado jueves por la Audiencia Provincial, en la que se condenó a “sólo” nueve años de cárcel a cinco personas por haber abusado sexualmente de una joven de 18 años en julio de 2016.
Durante la protesta se criticó la justicia “patriarcal” y se acusó tanto a jueces, leyes y fiscales de formar parte de un “sistema injusto y machista” que minimiza los delitos de carácter sexual contra las mujeres.
En una ciudad de sólo 200 mil personas, Pamplona, en una de las marchas más multitudinarias más de 35 mil personas, según la policía municipal, recorrieron las calles para expresar su solidaridad y apoyo con la joven agredida durante las fiestas de San Fermín de 2016.
Aquel día, un seis de julio, la joven fue llevada por el grupo que se autodenomina La Manada a un portal de un edificio para abusar sexualmente de ella una vez tras otra.
Los hechos fueron registrados parcialmente en uno de los muchos videos y fotos que hicieron los propios victimarios, que mientras agraviaban sexualmente a la joven -que se limitó a cerrar los ojos y a no oponer resistencia ante el miedo a ser asesinada- también se burlaban de ella y hacían bromas de mal gusto entre ellos.
El caso sacudió a la opinión pública española y copó horas de la parrilla televisiva durante meses, convirtiéndose en motivo de especulación, denuncia y crítica.
Los tres magistrados que juzgaron los hechos -dos hombres y una mujer- emitieron una sentencia que no fue unánime, ya que hubo un voto particular que concluyó que los agresores no eran culpables.
En cualquier caso la sentencia sólo los encontró culpables del delito de “abuso sexual” y no de violación, como solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular, con lo que los victimarios fueron condenados a penas de nueve años de cárcel cada uno y a pagar una indemnización de 50 mil euros (un millón 100 mil pesos) a la agredida.
Un caso similar al que ocurrió en México, en concreto en Veracruz en el año 2015, en el que un grupo de jóvenes violó con premeditación y alevosía a una menor de edad. Los agresores eran hijs de familias de clase alta y con contactos políticos y lograron salir indemnes de la agresión.
Tanto la sentencia como el voto particular, que justificó en un alegato en el que llegó a afirmar que durante el ataque y una vez visto el video que figuraba como principal prueba él había visto “sexo en un ambiente de jolgorio y regocijo”, provocó la indignación y el repudia de una amplía mayoría social en el país y del conjunto de los partidos políticos y líderes sociales.
Hubo unanimidad, tanto a la derecha como a la izquierda, en considerar que la sentencia era a todas luces injusta y lejos de ser ejemplar, como se había reclamado en las últimas semanas desde las organizaciones de mujeres y feministas de todo el país.
Y por tercer día consecutivo se volvieron a manifestar en las calles, en una marcha multitudinaria en Pamplona, que recorrió la ciudad y finalizó a las puertas de la Audiencia Provincial bajo el lema “No es abuso, es agresión: nosotras te creemos”.
Durante la marcha, como se ha venido repitiendo desde la emisión de la sentencia, se gritaron consignas contra la “justicia patriarcal”, contra el “machismo” y se lanzaron mensajes de ánimo a la joven agredida, cuya identidad permanece en el anonimato: “Hermana, no estás sola. Nosotras te creemos”, se repetía sin cesar durante la protesta.
Antes de la manifestación, la parlamentaria regional Tere Sáez advirtió que la sentencia “recoge bien los hechos pero luego no es capaz de llamarlo agresión sexual, lo que es. Porque la violencia sexual no se considera violencia machista, así que hace falta una ley específica que modifique el Código y que entienda lo que es la libertad sexual para las mujeres. Además de que los jueces tienen que formarse. No vale saber solo jurisprudencia, tienen que saber de igualdad y de género”, advirtió.
Mientras que Uxua Álvarez, del Movimiento Feminista de Pamplona, afirmó que la sentencia de La Manada es un “ejemplo de la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres. No hay que poner el foco solo en esta agresión porque esto pasa todos los días y se invisibiliza”. Y añadieron que los tribunales españoles forman parte de la “injusticia patriarcal que nos agrede y nos mata”.
Otra víctima de La Manada los acusará
Mientras, en la localidad de Pozoblanco, la otra supuesta víctima de La Manada -que fue vejada y agredida en mayo de 2016, sólo dos meses antes de lo ocurrido en la fiesta de San Fermín- rompió su silencio en el periódico digital El Español y advirtió que seguirá adelante con la denuncia que presentó.
“Voy a llegar hasta el final con el juicio. No quiero hundir a nadie, pero sí que se haga justicia. La chica de Pamplona no está sola. Yo estoy a su lado”, señaló.
Mientras arrecian las críticas contra el sistema judicial y contra la aplicación de la ley de los jueces, desde las asociaciones y agrupaciones de profesionales de la justicia cundió la preocupación ante la ola de críticas contra su labor.
El vocero de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, lamentó los ataques sin que antes se hubiera leído la sentencia, que -aseguró- “no es un churro, que no son tres ideas al azar, sino que está bien construida, aunque se pueda discrepar sobre lo que dice de la intimidación. La calle ha reaccionado con una dimensión pocas veces conocida. Es la reacción más virulenta e impulsiva contra una sentencia que recuerdo”.
Desde la asociación Francisco de Vitoria, su vocero, Raimundo Prado, también tildó de “desproporcionada” la reacción social y política, recordando que además del repudio generalizado a los jueces se ha abucheado públicamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a otros representantes de la judicatura.
“Estas reacciones sólo reflejan una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste”.
Mientras que el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González Vega, advirtió que “es legítimo que la sociedad se indigne, pero la crítica pública debe estar fundamentada con un cierto rigor y no basada en falacias o falsedades”.
La Asociación de Fiscales advirtió por su parte que “aunque no se compartan las decisiones judiciales, merecen todo el respeto, ya que constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia”.
Y se lamenta la “facilidad con la que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales; se realizan juicios paralelos; se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia; se realizan manifestaciones carentes de rigor; se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales; y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Ministro de Justicia, que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones”.
Fuente: La Jornada
