Por Arturo Rodríguez García
Desde 2013, antes inclusive de que terminaran los procesos legislativos para concretar la Reforma Energética, una asociación civil inició cabildeos y articuló una red de relaciones en México y el extranjero, a fin de promover la inversión en shale gas: el Clúster de Energía Coahuila.
Dicha asociación fue creada por el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, economista excluido de la élite tecnócrata, acabada su carrera política por ser protagonista del escándalo conocido como “Pemexgate”, de triangulaciones millonarias de la entonces paraestatal al sindicato petrolero para de ahí, financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida.
Miembro de una influyente familia en el norte de Coahuila, Montemayor era un estereotipo del tecnócrata. Estudió economía en el Tec de Monterrey, maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania, donde fue adjunto de Lawrence Klein, el Nobel de Economía, creador de las herramientas econométricas para predecir tendencias.
Luego de ocupar diferentes posiciones en el gabinete económico, llegó al INEGI en sustitución de Pedro Aspe, presidiendo el organismo de 1985 a 1988, año este último en el que inició, impulsado por el salinismo, una vertiginosa carrera política: diputado federal (1988), senador (1991), gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (1999-2000).
El caso fue ampliamente ventilado en medios, se convirtió en bandera anticorrupción del gobierno de Vicente Fox, pero sus consecuencias de derecho se perdieron en el maniobrerismo, la negociación, la simulación y la inexperiencia. Multado el PRI con mil millones de pesos, el asunto no tuvo responsabilidades penales y Montemayor, como los demás implicados, quedaron exonerados.
Menos conocidos en el ámbito nacional, son los negocios de los hermanos Edilberto, Jesús María y Rogelio Montemayor Seguy en la minería de carbón: sin controles ambientales suficientes han perforado indiscriminadamente la región para enriquecerse como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, inclusive a costa de la vida de los trabajadores, como ocurrió en el Pozo 3 de Binsa, en mayo de 2011, donde murieron 13 trabajadores y un niño trabajador quedó mutilado, en una mina en la que Jesús María era concesionario.
Rogelio, libre de todo proceso judicial, se arrimó a Grupo México por ahí de 2008. Apareció por Cananea, intentando sabotear la huelga minera, consiguió la reapertura de una lavadora de carbón en Pasta de Conchos y, tiempo después, fundó la mencionada asociación energética fincando alianzas locales, nacionales y trasnacionales para promover el fracking. Una campaña en forma que va de escribir artículos en diarios (con guiños de simpatía hacia López Obrador) a consolidar alianzas en todos los niveles, y promover el fracking en pueblos y comunidades.
Consiguió que aceptaran ser “asociados” al menos 15 instituciones de educación superior, entre estas, Texas A&M International University y el Tecnológico de Monterrey; cuatro centros de investigación con presupuesto federal como lo son IIE, Ciqa, Comimsa y Cinvestav; en lo local, 19 ayuntamientos y el gobierno del estado; pero principalmente, 57 empresas, entre las que destacan Grupo México, Peñoles e Iberdrola.
Una versión hasta ahora no confirmada es que, entre sus asociados y políticos de la entidad, hay inversiones millonarias en acaparamiento de tierras con potencial de shale gas, pues hasta hace unos días el negocio parecía inminente, con tenue oposición de los siempre minoritarios ambientalistas.
El pasado viernes 5, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no se permitirá el fracking, lo que ha causado nerviosismo en los ya dispuestos inversionistas. Previsible, sigue una fuerte presión sobre el gobierno que aún no inicia desde el tejido de alianzas construidas por Montemayor Seguy, en un contexto donde el presidente electo tiene ante el poder económico, varios frentes abiertos.
Fuente: Notassinpauta.com
