La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), grupo de autodefensa del estado de Guerrero que participa en la búsqueda de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, propuso la creación de Consejos de Gobierno, Seguridad y Justicia alternos a los ya existentes y un Consejo Electoral Ciudadano que organice las próximas elecciones.
Mediante un comunicado de prensa, la organización que desde diciembre de 2012 opera en Huamuxtitlan, Cualac, Olinalá, Tlapa de Comonfort y Ahuacuotzingo, informó que aceptó ayudar a los padres de familia de los normalistas en la búsqueda que iniciaron ayer miércoles en Iguala.
Sin embargo, aclaró que no comulga con algunas de las organizaciones que coadyuvan en la actividad por “sus prácticas viciosas de antaño”.
Los integrantes de la CRSJ recordaron que en una reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP), integrada por las organizaciones que exigen la presentación con vida de los 42, plantearon la necesidad de la creación de los consejos de gobierno autónomos, para de ese modo contrarrestar las operaciones de funcionarios coludidos con la delincuencia organizada, pero también, dijeron, todas las organizaciones deben estar en esa misma sintonía para poder lograr el objetivo.
“Frente a la crisis en que entraron los partidos políticos, por su participación en el asesinato y desaparición de los 43 normalistas. Que se conforme con todos las fuerzas políticas en lucha un consejo electoral ciudadano a nivel estatal y en cada municipio para organizar las elecciones, que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo avale, donde no se juegue con las mismas prácticas delincuenciales de la política actual: el que tiene más dinero gana, aunque sea un delincuente, un torpe o un ignorante en el arte de política”.
Aún con las diferencias ideológicas con algunos miembros de la ANP, incluida la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el CRSJ-PCP, el que menos número de elementos tiene en todo Guerrero, informó que: “envió a un grupo de la PCP para coadyuvar en la búsqueda ciudadana de los desparecidos, pero sobre todo para realizar un diagnóstico de la situación al respecto y enseguida proponer lo que consideremos conveniente a los padres de familia y al conjunto del movimiento”.
“Nuestros compañeros y todos quienes participan en este esfuerzo de búsqueda, deberían ser respetados en su integridad total y el gobierno es responsable de cualquier incidente que les ocurra”, continuaron los integrantes de esta Coordinadora.
Además, exigieron al gobierno federal y estatal una respuesta satisfactoria a los padres de familia y a la sociedad por el crimen del 26 de septiembre. “Los detenidos, si fueron ellos, saben a donde los dejaron, a quienes se los entregaron; las versiones hasta hoy vertidas son pura mentira. El móvil sólo lo puede realizar alguien con mucha experiencia en este tipo de crímenes y con protección estatal. Ningún delincuente o narcotraficante tiene tanto poder como el propio gobierno”.
Fuente: El Universal
