Por Pedro Miguel
No deja de sorprender la manera en la que la desigualdad social se disimula ante los ojos de muchas personas inteligentes y lúcidas de la clase media mexicana.
Van tres ejemplos.
Hace unas semanas, en una plática con un viejo y querido amigo, académico brillante y simpatizante en lo general con la Cuarta Transformación, le brotó una queja: “a los académicos nos han tratado muy mal”.
–No –le repliqué–. Es sólo que les han quitado algunos privilegios.
–Yo no soy un privilegiado –contestó, molesto.
–¿Cuánto ganas?
–Tengo un doctorado, tres décadas en la docencia, soy investigador nivel III, y matándome, saco $50 mil mensuales.
–Ahí tienes: ganas seis veces más que el ingreso promedio por persona en la nación, que es de menos de 7 mil 500 pesos, y más de 12 veces lo que gana un trabajador con salario mínimo; tu ingreso personal equivale al de 18 hogares mexicanos pobres; estás en el decil más alto de la población.
Le cayó el veinte.
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Me llegó por ahí la propuesta de adherirme a una petición para que el ingreso de los jubilados quede exento de impuestos.
En principio la idea me pareció razonable, pero investigué un poco y encontré que las pensiones, como el resto de los ingresos, no pagan impuesto sobre la renta (ISR) hasta un monto equivalente a 15 veces el salario mínimo (en diciembre pasado eso representaba unos 55 mil pesos mensuales) y al excedente de esa cifra se le aplica el mencionado impuesto.
Acto seguido decliné respetuosamente suscribir la iniciativa porque encuentro de elemental justicia que quienes perciben montos superiores a esa suma paguen sus impuestos como todo mundo. Jubilados o no, se encuentran en clara posición de privilegio en un país en el que más de la mitad de la población gana menos de 7 mil 500 pesos al mes.
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Desde hace unos meses está subida en change.org una propuesta que parece humanista, sensible y lógica: que el gobierno federal otorgue una pensión de 20 mil pesos mensuales para los mayores de 65 años de uno de los gremios del ámbito cultural que ha padecido desde siempre un particular desamparo laboral y una precariedad crónica en sus condiciones de trabajo.
En primera instancia sería inhumano oponerse a tal idea. La suma referida parece una compensación justa para quienes han entregado su vida a la formación, la creación y la recreación cultural, han contribuido, de esa manera, a a la nación y sus habitantes y que en su vejez merecen, sin duda, una retribución, así sea mínima, de la sociedad.
Pero si se observa el conjunto se verá que hay en México millones de adultos mayores que se encuentran en desamparo económico y que a lo largo de su vida laboral realizaron también contribuciones significativas: agricultores, artesanos, comerciantes, afanadores, trabajadores del sector informal y muchos otros que fueron excluidos de todo sistema de pensiones. Hoy, las circunstancias del país no permiten más que entregarles pensiones bimestrales de2 mil 700 pesos, una suma del todo insuficiente, sin duda.
En la medida en que se profundice la orientación de la economía hacia el bienestar de la población y no hacia el interés de los grandes capitales, esas pensiones deberán aumentar hasta que alcancen un nivel decoroso. ¿Hay un motivo para crear pensiones que implicarían privilegiar a un sector en detrimento de los demás? ¿Sería ético que el gobierno brindara a los adultos mayores de un ramo cultural siete veces más dinero del que entrega a los trabajadores de otros oficios que ya no están en posibilidad de laborar?
Tal vez las tres anécdotas mencionadas sirvan para ilustrar el malestar de núcleos privilegiados de la población, situados entre los deciles 7 y 9, que en años recientes (posiblemente a partir de 2016, como lo sugiere la la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 del Inegi) han sufrido una ligera caída en sus ingresos y que depositaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador su esperanza de una mejoría inmediata o en el corto plazo para sus finanzas personales. Pero el inicio de la Cuarta Transformación (4T) incluso perjudicó a algunos que perdieron empleos, contratos o prebendas, o que vieron cómo los presupuestos para sus rubros se achicaban en lugar de ensancharse. Es el caso de académicos, profesionistas, asesores, consultores, microempresarios, trabajadores de la cultura, integrantes de organizaciones sociales y una diversidad de proveedores de bienes y servicios. Muchos de ellos se sienten traicionados. No faltan los que piensan que la ausencia de un impacto positivo para ellos es indicativo del fracaso precoz de la 4T.
Buena parte de quienes comparten estos sentires cuentan con educación superior y tendrían que tener los elementos para ir más allá de sus circunstancias y ver la nación de manera panorámica. Pero, siendo privilegiados en un océano de pobreza y miseria, no saben que lo son. Su condición es invisible para ellos.
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Fuente: La Jornada