Por John M. Ackerman
Los promotores de candidaturas supuestamente “independientes” y el Partido “Verde” (PVEM) se encuentran del mismo lado de la historia. Ambos buscan tirar por la borda dos décadas de construcción ciudadana de un conjunto de instituciones y leyes electorales ejemplares que tienen el propósito de defender el espacio público de la voracidad de los poderes fácticos. Tanto con sus acciones como con sus propuestas, trabajan arduamente para convertir el sistema electoral mexicano en una copia vulgar de la “democracia” mercantilizada y corrupta de los Estados Unidos. En este esfuerzo cuentan con el sólido apoyo tanto del “Señor Presidente” (Jaime Rodríguez dixit) Enrique Peña Nieto y el PRI como de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si esta perversa y paradójica coalición de intereses logra su cometido, nos encaminaríamos hacia un grave retroceso en el desarrollo político del país y se sepultaría para siempre la posibilidad de resolver los problemas más importantes de la Nación por la vía institucional. Específicamente, habría que frenar de manera urgente la privatización de la política por medio de una nueva reforma electoral supuestamente “ciudadana” y “liberalizadora” que abriría las llaves del financiamiento privado a los partidos y los candidatos “independientes”. Una reforma en este sentido sería la cereza en el pastel de la serie de contra-reformas “estructurales” corruptas que ha impulsado Peña Nieto y el “Pacto por México” desde 2012. Con ello, se consolidaría el poder de la avaricia y el mesianismo por encima del humanismo y la humildad así como del fraude y el engaño por encima de la honestidad y la dignidad.
El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza pública y democrática de las competencias políticas así como garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar candidatos, elecciones y partidos.
Así es precisamente como funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que determinan quienes ocupan los cargos de elección popular.
En México, gracias a décadas de valientes luchas ciudadanas en que miles de luchadores sociales han sido lamentablemente reprimidos, encarcelados y ejecutados, contamos con un marco jurídico en materia electoral muy por encima de la legislación en el país vecino del norte. Tirar por la borda a conquistas históricas tan importantes ganadas a precio de sangre sería una gran irresponsabilidad. Sería como si los mismos estadounidenses se arrepintieran del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, Jr. y regresaran al sistema de segregración racial legalizada que estaba en vigor antes del Civil Rights Movement.
Es innegable que debido a la complicidad y la ineptitud de los consejeros y los magistrados electorales no se cumple en los hechos con el principio de predominancia del financiamiento público. En la elección presidencial de 2000, Vicente Fox se benefició de una vasta red ilegal de financiamiento privado que extendía sus tentáculos hasta el extranjero. En 2006, Felipe Calderón pudo imponerse en la presidencia debido a una enorme y costosa guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador financiado ilegalmente por el sector privado. En 2012, ríos de dinero de procedencia desconocida fluyeron a las tarjetas Monex y Soriana así como a los medios de comunicación electrónica, rebasando por lo menos 14 veces el tope de gasto permitido de acuerdo con la Comisión Monex, para lograr la “elección” de Peña Nieto. Y en 2015, el PVEM da continuidad a la misma estrategia con su costosa propaganda ilegal y cínica burla a las autoridades.
El pasado miércoles, 20 de mayo el PVEM presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente que reformaría el artículo 41 de la Constitución para permitir la “libre contratación” de anuncios partidistas en radio y televisión. Unos días después, tanto la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León como el TEPJF avalaron la violación del principio de predominancia de financiamiento público sobre el privado para los candidatos independientes. Ello permitió, por ejemplo, que un candidato “independiente” como “El Bronco” pudiera recibir hasta casi 50 millones de pesos en contribuciones privadas, una cantidad que gustosamente podría aportar el poderoso grupo de empresarios de Monterrey que lo patrocinan. Y nuestra colega de la Revista Proceso, Denise Dresser, ha señalado en estas mismas páginas que una de las propuestas claves de la causa anulista debería ser la realización de “modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento partidista…que tan sólo han producido un clientelismo desbordado y un mercado negro de dinero no regulado”.
Nos encontramos frente a la misma perversa lógica que ha motivado todas las contrareformas “estructurales” del Pacto por México. En lugar de limpiar nuestras instituciones públicas y hacer cumplir estrictamente las pocas normas de avanzada que todavía tenemos, en las materias energética, laboral, educativa y electoral, se busca tirar al bebe junto con el agua sucia. Los ciudadanos conscientes no pueden permitir la consolidación del este nuevo atraco a nuestra esperanza. Lo que México necesita para salvarse de la podredumbre actual no son más falsas profetas “Broncos” ni el espejismo de soluciones individualistas y privatizantes, sino la construcción de nuevas organizaciones sociales e instituciones públicas con suficiente fuerza para domar los poderes fácticos que hoy tienen sometida a la Nación.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 2015
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