Por Luis Javier Valero Flores
No le va bien al presidente Peña Nieto. El promedio de calificación otorgado por los ciudadanos en las encuestas es del 50%, con un porcentaje de desaprobación del 49%.
Contra todo lo relatado en el acto celebrado el 2 de septiembre con motivo de la presentación del II Informe Presidencial, otras cosas suceden realmente en el país.
Ni la seguridad mejora (por ello presume ese aspecto en Chihuahua), ni la economía repunta; ni los programas gubernamentales de asistencia social tienen efectos benéficos sobre la sociedad, ni la corrupción disminuye, ni la aplicación de justicia avanza, ni se fortalecen las finanzas públicas, ni los salarios aumentan; ni el federalismo se consolida y, al contrario, disminuyen los espacios de autonomía y soberanía de entidades y municipios.
Vamos, ni la educación mejora. Ni los precios de los combustibles dejan, por lo menos, de aumentar, al contrario. Nada de lo prometido por Peña Nieto y el PRI en la campaña, salvo las reformas denominadas estructurales, se ha cumplido.
Es tan severa la parálisis del Gobierno federal que a un tercio del camino han decidido cambiar de fachada al programa estelar en materia de asistencia social; ahora se llamará Prospera, luego de reconocer que “a pesar de haber invertido 73 mil millones de pesos este año –dijo– la proporción de mexicanos en pobreza es prácticamente la misma de hace tres décadas”.
Sólo un aspecto sí se debe resaltar: Los anuncios de las grandes obras que emprenderá en lo que resta del sexenio. Son ambiciosas en materia de infraestructura, quizá la más importante de las resoluciones sea la de reemprender la ruta de fortalecer y privilegiar el transporte ferroviario en sus dos conceptos, la del transporte de personas y mercancías.
El anuncio de la construcción del segundo aeropuerto en la Ciudad de México será un detonante para el crecimiento de la región hacia la que se orientará esa obra, pero no será necesariamente de beneficio para la zona metropolitana pues motivará, aún más, la emigración hacia la antigua Gran Tenochtitlán.
La construcción de casi un centenar de autopistas, de nuevas líneas del metro en la zona conurbada de la capital mexicana y de los trenes en distintas áreas del país permitirá inyectar recursos frescos a la economía que por segundo año de gobierno de Peña Nieto mostrará un crecimiento inferior al crecimiento de la población y, por tanto, crecerá el número de jóvenes llegados a la edad productiva que no accederán a un puesto de trabajo.
¡Ah! Pero para eso ahí están las reformas estructurales, nos dicen, especialmente la energética, que atraerá grandes inversiones (y en este anuncio reconocen lo que siempre han negado, que sólo le están apostando a la gran inversión privada que llegará para llevarse nuestras riquezas) pero cuyos plazos, de hacerlo, van más allá, incluso, del actual sexenio.
A punto de cumplir dos años de gobierno, el actual grupo hegemónico insiste en mostrar, en materia de seguridad pública, una imagen de eficacia.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses del gobierno del mexiquense –del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio de 2014– se registraron 29 mil 417 averiguaciones previas por homicidio doloso; en cambio, en los primeros 20 meses del panista Felipe Calderón se registraron 18 mil 451 averiguaciones del mismo tipo.
Más aún, en los últimos 20 meses del calderonato, que incluyeron algunos de los más álgidos de la oleada violenta, el SNSP reportó 37 mil 421 averiguaciones previas por homicidio doloso.
Es decir, en la primera parte del actual gobierno se superan los homicidios del período semejante de su antecesor y sólo, de acuerdo con estas cifras, investigadas por el semanario Zeta de Tijuana y citadas por Proceso (No. 1973, 24/VIII/14), se presentaron 8 mil averiguaciones más en la parte final del gobierno de Calderón, justamente en la cresta de la violencia extrema que vivía, y aún vive, el país.
De ahí los elogios a la disminución de las cifras delictivas (algunas) en Chihuahua, particularmente las de los homicidios dolosos, las que sin duda han disminuido, junto con otros índices delictivos y han posibilitado el paulatino regreso a la “normalidad”, aunque no se presente, en esas cifras, en la magnitud que existía antes del fatídico año de 2008.
Queda pendiente el asunto del formato de la presentación del informe presidencial.
Si existe un acto espectacularmente burocrático es la entrega del texto del informe a la Cámara de Diputados.
Unas cuantas palabras del Secretario de Gobernación en un acto de absoluto trámite y a esperar –como ocurre en la mayoría de las entidades, gobernadas por miembros de distintos partidos y no solo por priistas– el acto faraónico de la “presentación” del informe, en un auditorio a modo, sin posibilidad alguna de que alguien pregunte o interpele al mandatario.
En este acto, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter, “cumplo con la mandamiento constitucional” de rendir cuenta.
No es cierto.
Eso debiera hacerlo en la Cámara de Diputados; para ello, hay que cambiar nuevamente la ley, para arribar a un formato republicano, no la cortesanía de hoy, pero tampoco la del pasado, existente antes del año 2 mil.
