La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.
En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y con el ex fiscal de esa entidad, Iñaky Blanco.
De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas.
Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron.
Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.
La diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo:
“Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información”.
BLOQUEO PRIÍSTA
Desde su creación, el 15 de septiembre último, la segunda comisión especial —la primera se creó en la pasada Legislatura federal— también provocó malestar entre los priístas: el 29 de septiembre, la víspera de su primera reunión formal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priísta César Camacho Quiroz, bloqueó la reunión.
“Por reglamento”, les dijo, ninguna comisión puede sesionar cuando hay reunión del pleno de San Lázaro. Y aunque el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo anterior, aclara que sí puede hacerlo de manera extraordinaria y con el permiso de la Jucopo; la diputada Murguía Gutiérrez informó que cuando solicitó el permiso, le fue negado.
La sesión se pospuso para el 2 de octubre, que finalmente resultó fructífera. Ese día los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa dialogaron con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez. Tres días después lo hicieron con el general Cienfuegos.
Los diputados aprovecharon las dos oportunidades para increpar a sus invitados por la inacción del gobierno durante la agresión a los normalistas de Ayotzinapa; también les dijeron que desde hace años las dependencias que encabezan sabían que el crimen organizado se había infiltrado en los cuerpos policiacos de algunos municipios de Guerrero y existía la presunción de que algunos alcaldes estaban coludidos.
Tras las revelaciones obtenidas en los encuentros informales, en los cuales no se grabaron los diálogos, no hubo fotos ni periodistas ni asesores legislativos, Munguía y sus compañeros convinieron en que los encuentros futuros fueran comparecencias, con todo lo que éstas implican; es decir, que los invitados declararan bajo protesta de decir la verdad.
Morena reclamó que los encuentros con altos funcionarios fueran siempre “reuniones de trabajo” y no de “comparecencia”, toda vez que este último carácter les da soporte legal a sus dichos y les confiere mayor fuerza.
ENTREVISTAS DESHILVANADAS
Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, cuestionó la manera en que se efectuaron las reuniones con la PGR y la Sedena, pues, dijo, carecieron de propósitos claros: parecían entrevistas deshilvanadas; parecía que la funcionalidad política era salir del paso y dar por hecho que hubo una cooperación entre las autoridades federales y los integrantes de la comisión especial, indicó.
Exigió que los encuentros se realicen en San Lázaro, por respeto al Poder Legislativo, y resaltó que la comisión sí está facultada para “solicitar comparecencias de funcionarios, según se desprende del artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Alarmado por las inconformidades, el priísta Manuel Silva Tejada propuso que la Jucopo dirimiera el caso. El presidente de esta instancia, Camacho Quiroz, recurrió a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que fuera esa instancia y no el área Jurídica de San Lázaro la que determinara si la comisión podía o no llamar a comparecer.
Cuando la Jucopo pide una opinión para dirimir controversias sobre facultades o alcances de ciertos órganos parlamentarios, por lo general recurre al área jurídica de San Lázaro, que en esta LXIII Legislatura está en manos del PAN.
Pero esta vez su presidente, el priísta Camacho Quiroz, solicitó la opinión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, instancia que también está facultada para emitir opinión respecto a las comisiones y está encabezada por Juan Carlos Delgadillo Salas, “un priísta embozado”, dicen quienes lo conocen.
Delgadillo realizó un “sesudo” análisis de la petición de Camacho Quiroz. Consultó el Diccionario de la Real Academia para conocer la etimología de la palabra “comisión” y concluyó que el caso de la instancia que preside la panista Murguía Gutiérrez se trata de una simple comisión ordinaria; por lo tanto, no está facultada para llamar a comparecer a funcionario alguno.
Fuente: Proceso
