La Reforma Energética traerá desalojos y expropiaciones en 260 municipios, alertan investigadores y senadores
Por David Martínez Huerta/ Sin Embargo
Tierras ejidales, comunales y de pequeños productores agrícolas, en cuyo subsuelo yacen miles de millones de dólares en energéticos, están en riesgo de ser despojadas de sus actuales dueños, con la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto, advirtieron expertos en energía y legisladores de izquierda.
Alertaron que la expropiación de tierras podría reglamentarse en las leyes secundarias, que el mandatario enviaría próximamente al Senado, pues así quedó estipulado en los artículos transitorios de la Reforma Constitucional, aprobada en diciembre pasado.
David Bahen, doctor en Física Teórica, detalló que las grandes empresas trasnacionales petroleras y de explotación de gas shale requieren seguridad jurídica para apropiarse de grandes extensiones de tierra y mar para realizar las actividades que les permitirá la Reforma Energética.
“En la tierra se tiene previsto como una de las grandes apuestas de este gobierno, la exploración y explotación del gas de lutitas. Eso significa una exploración masiva, es decir miles de pozos, en grandes extensiones de terreno, lo que significa su apropiación, por allí empieza el despojo”, aseguró el también ex dirigente obrero del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Asimismo, el senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que el octavo transitorio de la Reforma Constitucional considera de “interés social y orden público” a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Esto significará, en la práctica, que en este nuevo marco jurídico las empresas privadas, nacionales y extranjeras, tendrán preferencia sobre la propiedad privada.
“Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social”, alertó el Legislador por el Estado de México.
Por su parte, Francisco Cravioto Lagos, investigador del área de presupuestos y políticas públicas del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, detalló que cuando se le da preferencia a una actividad económica sobre cualquier otra, ya sea social o cultural, necesariamente entrará en contradicción con otras normas constitucionales.
“Cuando se presente en un sitio determinado donde se realicen actividades diferentes como es la agricultura, la ganadería, actividades turísticas, sobre todo si hay explotaciones en zonas de interés costeras o en zonas de interés arqueológico, será muy grave que se le dé prioridad a las actividades [de exploración y explotación de hidrocarburos], por encima de otros usos de terreno”, subrayó el especialista.
Al mismo tiempo, destacó que la Reforma Energética peñista no incluye ninguna norma para que las poblaciones que habitan cerca de los sitios ricos en hidrocarburos participen en consultas públicas si quieren que se realicen estas explotaciones o no.
En el caso de las poblaciones indígenas, existe un derecho plasmado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), homologado a rango constitucional, para que los pueblos originarios sean consultados sobre este tipo de decisiones.
No obstante, la población no indígena también debería tener derecho a tomar decisiones consensuadas e informadas con la autoridad, sobre si desea llevar a cabo este tipo de proyectos o no. “Eso no aparece por ningún lado en esta Reforma Energética y eso es particularmente grave no sólo en términos de fracking, también en explotación petrolera”, alertó Francisco Cravioto.
Zonas de riesgo
En el Senado de la República, el perredista Luis Sánchez señaló que la Reforma Energética pone en riesgo de expropiación las propiedades de millones de mexicanos que habitan en 12 estados y 260 municipios, por albergar hidrocarburos en su subsuelo o por ser sitios donde pasan redes de trasmisión y distribución de electricidad.
Según estudios realizados por el propio Legislador, estarían en riesgo comunidades de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
El senador perredista dijo que la Reforma Energética no toma en cuenta que la mayoría de las tierras comprometidas están bajo un régimen ejidal o comunal, y que la reforma de Peña Nieto ignoró la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales que otorga la propia Constitución, la cual también protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva anticipó que se verán afectadas comunidades de más de 260 municipios, en dónde se lleva a cabo la extracción y la exploración de hidrocarburos, y por donde pasa la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, así como subestaciones y demás instalaciones que implican esos servicios.
Todo junto, precisó, involucra más de 400 mil kms2 del territorio nacional.
Pero no solo afectará a los estados ricos en petróleo, también estarían en riesgo las comunidades en cuyo subsuelo se encuentra la roca de lutitas, de cuya fragmentación resulta el gas shale, la gran apuesta energética del gobierno de Peña Nieto.
En Estados Unidos existe un boom casero de gas shale, que ha provocado que se perforen miles de pozos al norte de la frontera con riesgos posiblemente irreparables para el medio ambiente local. La explotación de este energético requiere una gran cantidad de agua mezclada con químicos dañinos al medio ambiente, los cuales se utilizan para explotar el mineral de lutita, que se encuentra aproximadamente a mil 550 metros de profundidad.
Para su extracción se requiere la perforación de cientos de pozos en una enorme extensión de territorio. “Cada pozo tiene una distancia de 400 metros, entonces imagínese usted, haciendo una matriz de puntos donde pone 400 metros de distancia entre cada uno, y pone centenares de pozos en una explotación determinada, ya estamos hablando de una superficie bastante considerable.
Además de que la industria tiene que generar todas las carreteras que se requieren para conectar todos estos pozos”, explicó Francisco Cravioto, especialista de Fundar.
En México afectará directamente a las comunidades de los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
“Entonces, no solo habrá depredación sin un gran despojo que afectará obviamente a los más débiles en primer lugar. A los que poseen escaso terreno y que es su única propiedad”, recalcó el especialista David Bahen.
La investigación del Legislador Luis Sánchez se realizó con información difusa proporcionada por Pemex Exploración y Producción y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para localizar los núcleos agrarios y pequeñas propiedades en municipios, por lo que exigió a estas dependencias que revelen información oficial de las reservas probadas, probables y posibles en México, para que el análisis sea más exacto.
Desplazamientos forzosos
El panorama expuesto por los expertos no está alejado de lo que actualmente sucede en estados mineros, donde se construyen hidroeléctricas, y en zonas ricas en energéticos. “Actualmente esto ya existe, principalmente con relación a la energía eólica que ha sido puesta en manos de trasnacionales.
Como ejemplo está el caso del Istmo de Tehuantepec, se apropian de los terrenos por la vía que sea, sea la venta sea la compra, o el despojo pleno y las comunidades terminan perdiendo sus tierras. Aún en el caso que las renten, que lo hacen de forma miserable”, alegó David Bahen.
En un texto del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, se enumeran varios casos de comunidades desplazadas de forma violenta en México para construir obras hidroeléctricas, que finalmente no generaron desarrollo económico sustentable a nivel local.
A inicios de la década de 1950, la construcción de la presa “Miguel Alemán”, entre los Estados de Oaxaca y Veracruz, provocó el desplazamiento forzado de 22 mil indígenas mazatecos. Como medida de presión, grupos de choque incendiaron las casas de quienes se rehusaron a perder sus hogares. En 1972, la presa “Cerro de Oro” en Oaxaca desplazó a 26 mil campesinos, en su mayoría indígenas chinantecos.
A más de 40 años de estos hechos, los afectados por este desplazamiento continúan un proceso legal para obtener indemnizaciones justas.
La presa “El Caracol” en Guerrero (1981-1986) afectó a la comunidad de Balsas Sur, cuyos pobladores se resistieron a abandonar su territorio hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inundó la comunidad sin previo aviso.
Después de la tragedia, la comunidad logró un amparo y se detuvo la obra.
Regreso a las guardias blancas de hace 76 años
Los especialistas coincidieron en que la Reforma Energética de Peña Nieto hará que el país retroceda 76 años en la historia, para enfrentar circunstancias similares a que se registraron previo a la Expropiación Petrolera de 1938, en la que los dueños de la tierra eran expulsados de las mismas.
“Quizá ahora sea peor ya que la Ley Petrolera de 1925 les daba derechos a los ‘superficiarios’; en aquella ley los concesionarios los incorporaban a sus proyectos y les daban el 11 por ciento de utilidades. Hoy en la reforma de diciembre de 2013 no se les toma en cuenta”, argumentó el Senador Luis Sánchez.
Por su parte, el ex dirigente del SUTERM, David Bahen, detalló que la situación será de riesgo latente para las comunidades más pobres y vulnerables, pues la explotación petrolera y la industria eléctrica, cuando la lleven a cabo los particulares, tendrán un evidente propósito de lucro particular.
“En lo sucesivo, de acuerdo a ese artículo [octavo transitorio], se va a regresar a un esquema que ya se vivió y que fue nefasto. Por una parte, Pemex va a realizar actividades de exploración y explotación, básicamente lo que actualmente realiza, pero no todo. Otra parte la harán las trasnacionales, y lo harán no solamente en la plataforma terrestre, sino en la plataforma marina. Estamos hablando de 570 mil km2 en el mar”, apuntó.
Advirtió que no existen muchas posibilidades de que las leyes secundarias vayan en sentido contrario de estos pronósticos, pues la Reforma Energética entrega la posibilidad a empresas trasnacionales para realizar actividades estratégicas, sin ningún tipo de control u obligación de respetar los asentamientos humanos o el equilibrio ecológico local.
“Una perforación masiva en manos de las trasnacionales que jamás toman nota de los asuntos ambientales ni les preocupan, significa una depredación muy fuerte que supera cualquier pueblito, a cualquier comunero, a cualquier núcleo pequeño de población”, explicó.
“¿Cómo controlar a trasnacionales? No hay manera. Porque el Gobierno federal, en los 21 artículos transitorios, lo que propone es el desbarajuste, el descuartizamiento de la industria petrolera y de la industria eléctrica”, sentenció David Bahen.
Fuente: Sin Embargo
