El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Estados Unidos, invertirá 1.3 millones de dólares semanales para montar su propio patrullaje para frenar el incremento de la inmigración de indocumentados en su frontera con México.
La respuesta de Texas es un desafío para el Vicepresidente Joe Biden, quien dijo en una entrevista con el diario español El País que “nosotros vemos esto como una responsabilidad compartida entre todos los Gobiernos afectados”.
“Ningún gobierno quiere ver a sus ciudadanos poner sus vidas en peligro y es nuestro trabajo hacer lo que sea necesario para evitar que la gente siga haciéndolo. Nosotros vemos a esta ola de niños inmigrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos como un serio desafío humanitario”, agregó.
Pero Texas lo veo como un asunto de seguridad, no humanitario.
El gobierno de Estados Unidos calcula que este año, entre 48 mil y 78 mil menores serán arrestados al intentar cruzar de México hacia su territorio.
De acuerdo con el Diario de Juárez, el vocero del DPS, Tom Vinger dijo que en esta nueva misión no se podrá aplicar las leyes migratorias pues la dependencia carece de la autoridad para hacerlo. Sin embargo, defensores de los derechos humanos en la frontera han cuestionado que eso se plantee como un problema de seguridad, en lugar de verse como un tema social y humanitario.
“Tal vez lo están poniendo como una respuesta a la crisis, pero no es así. Una estrategia que se enfoca solamente en resguardar la frontera no puede llevar a la solución; los que vienen en promedio no tienen otra opción, salen de su país porque ahí no pueden tener una vida”, dijo al diario local José Manuel Escobedo, directivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos en El Paso.
Las autoridades del estado señalaron a través de un comunicado firmado por el Gobernador Rick Perry, el vicegobernador David Dewhurst y el líder la Cámara Baja estatal, Joe Straus, que esta decisión es resultado de la “ausencia de recursos adecuados para asegurar la frontera”.
En el documento mencionan que la detención de menores no acompañados en el Valle del Río Bravo se ha duplicado en comparación con el año pasado, “abrumando los recursos federales y creando el potencial de mayor tráfico de drogas y el contrabando de personas”.
“Sin embargo, podemos asegurar a los texanos que el DPS trabajará en conjunto con nuestras agencias hermanas de aplicación de la ley para combatir a los despiadados cárteles mexicanos de las drogas que están al acecho de nuestras comunidades y que continúan cometiendo crímenes atroces e inimaginables en ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.
Así, reafirma la cooperación entre autoridades locales y federales para frenar actividades delictivas relacionadas con el el narcotráfico y la trata de personas. “Cuando nuestros oficiales hagan contacto con algún sospechoso de estar ilegalmente en el país, será turnado a las autoridades federales correspondientes”, dijo el portavoz de la DPS.
A su vez, el activista José Manuel Escobedo dijo al Diario que le parece un error usar recursos del estado (que podrían ascender hasta 35 millones de dólares extras) para una estrategia que “no garantiza un balance de los derechos civiles y los derechos humanos de la frontera”, y señaló que la responsabilidad de tratar con inmigración le corresponde al gobierno federal.
Fuente: Sin embargo y El Diario
