Ante la inminente resolución sobre una parte de la reforma electoral, conocido como plan B, relacionada con adecuaciones en materia de comunicación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, resolver previamente, por “orden de prelación y seguridad jurídica”, sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018” y posteriormente, el proyecto ya anunciado.
“Cabe recordar que la expedición de la LGCS -señala la CJEF – fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN , lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal”.
Para el Ejecutivo Federal esta petición pretende evitar que se emitan “sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
En su petición, la CJEF subraya que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad, consideró que “la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad”. A cinco años de que se le dio entrada al trámite no se ha dictado sentencia definitiva.
Fuente: La Jornada
