Legisladores panistas insisten en que haya una contrarreforma para que se sancione severamente a manifestantes que agreden a autoridades, mientras que el perredista Miguel Barbosa dijo que se trata de una iniciativa propia de la derecha más retrasada.
Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Las fracciones del PRD y el PAN en el Senado se confrontaron, ya que los panistas insistieron en que haya una contrarreforma que sancione severamente a manifestantes que agreden a autoridades, exigieron mano dura al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y se proclamaron defensores de los capitalinos.
En ese sentido, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, tiene lista una iniciativa –publicada en la Gaceta– para regular las movilizaciones sociales que da facultades a la autoridad de disolver aquellas manifestaciones contrarias “a las buenas costumbres”, a las normas de orden público, así como aquellas en que los manifestantes “profieran insultos o amenazas” o emplean violencia contra las personas o autoridades”.
Se trata de una reforma propia de la derecha más retrasada, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, quién advirtió que los panistas tratan de capitalizar los sucesos de un día antes, en que un grupo de jóvenes agredió a policías y provocó hechos violentos en el Distrito Federal, para figurar políticamente en la capital del país donde los blanquiazules no existen.
En relación a señalamientos de la senadora Mariana Gómez del Campo, quién insistió en que ante la falta de actuación del jefe de Gobierno, Barbosa dijo que no tienen ninguna autoridad moral, si provienen de un gobierno que permitió los excesos y corruptelas de la ex procuradora Marisela Morales y quien se desempeñó como responsable de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En tanto, la panista Gabriela Cuevas agendó una iniciativa, que quedó pendiente de presentar para la próxima sesión, en la que parte de la interpretación de que al no ser una facultad expresamente concedida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la de regular las manifestaciones públicas, esta materia está reservada al Congreso de la Unión.
Bajo ese supuesto, pretende que se expida una ley que establece la facultad de la autoridad, en sentido amplio, para disolver las manifestaciones “contrarias a las buenas costumbres” o a las normas de orden público, así como aquellas en las que se profieran insultos o amenazas, se emplee violencia contra las personas y sus bienes.
Asimismo, establece los requisitos previos que deberán cumplir los ciudadanos que deseen realizar una manifestación entre los que se encuentra dar aviso con 72 horas de anticipación, señalando, entre otras cosas, el lugar de la movilización, ruta de recorrido, día y hora de celebración, objeto de la reunión, número de participantes, medidas de seguridad previstas y las demandas sociales o de carácter político que motivan su realización.
Establece que las manifestaciones sólo podrán celebrarse entre las 11 y las 18 horas. Señala, además, que cuando una manifestación altere el funcionamiento de instituciones públicas, la Secretaría de Seguridad Pública deberá disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones.
Establece también que la autoridad sancionará a los manifestantes ante el inexacto cumplimiento de la ley propuesta, mismas que pueden ser multa de hasta 30 días de salario mínimo y arresto de hasta 36 horas.
Fuente: La Jornada
