Por Carmen Aristegui
Ayer el IFAI votó una resolución importante: que el Ejército entregue fotos y registros tomados por elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el 27 de septiembre, a los muchachos de Ayotzinapa cuando llegaron al hospital del municipio para resguardarse de los ataques de la policía y tratar de recibir auxilio.
El Ejército deberá entregar, también, una versión pública con todos los informes y bitácoras que tenga relacionados con el caso Ayotzinapa.
Testimonios de muchachos sobrevivientes e informaciones periodísticas reportan la presencia del Ejército en el lugar donde se llevó a cabo el crimen. Se sabe, con información de Marcela Turati, que miembros del Ejército acudieron al Hospital Cristina donde un puñado de normalistas llegó para pedir auxilio después de la balacera en su contra. El encargado se negó y prefirió llamar a la policía. No llegó la policía, pero sí llegó el Ejército.
Cuando preguntaron de qué se trataba, el encargado les hizo saber que había hecho una llamada para denunciar el allanamiento. Los militares dijeron que, entonces, llamarían a la policía. Los muchachos dijeron a los militares que eran, precisamente, los policías municipales los que los estaban asesinando. Según esta narración, los militares se quedaron mirando y salieron unos minutos para intercambiar frases cuyo contenido se desconoce. Se limitaron a tomar fotografías, pedir datos de los muchachos y darles un regaño. Se retiraron del lugar sin realizar una acción más en el momento.
El papel del Ejército por omisión, por acción o cualquier otra variante es de suma importancia para tratar de esclarecer el caso Ayotzinapa. El abogado Vidulfo Rosales afirma que en la averiguación se encuentra la declaración de un policía municipal que afirma que el Ejército, en la zona, se encuentra coludido y protege, desde hace algunos años, a la delincuencia y a la policía municipal que, en este caso, vendrían a ser la misma cosa.
La revista Proceso publicó, esta semana, dos reportajes en los que se refiere a la existencia de “Tortura sistemática en la investigación”.
Anabel Hernández y Steve Fisher en “La versión oficial se cae a golpes” señalan que lo que la PGR “no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula” que “confesaron” mediante tortura física y psicológica, según los documentos y testimonios consultados.
Gloria Leticia Díaz en “Se lastimaban solos” revela las extraordinarias e inverosímiles explicaciones que dieron los marinos para justificar golpes y lesiones en los cuerpos de los detenidos y para explicar la tardanza de horas para ponerlos a disposición del Ministerio Público. De no ser porque es un asunto trágico, lo que ahí se lee podría provocar una carcajada.
En la averiguación citada se lee, por ejemplo, sobre la detención de Raúl Núñez El Camperra: “… intentó darse a la fuga y en dicha acción tropezó al descender del vehículo, provocándose algunas lesiones en distintas partes del cuerpo”. En la puesta a disposición, los aprehensores informaron: “… se aventó contra los tubos que se encuentran en la batea de la camioneta, golpeándose la parte del oído, cara y diferentes partes del cuerpo”. El certificado médico registra: “derrame y un moretón en el ojo izquierdo, huellas de golpes en la espalda, pierna derecha, glúteo izquierdo, cara y cuello”.
Para justificar la tardanza para ponerlo a disposición, informaron que condujeron en forma “lenta moderada”, pues su vehículo tenía “fallas mecánicas” y se les ponchó “la llanta delantera izquierda”. Solo tardaron 11 horas en llegar.
En otros informes de policías federales, se lee sobre tres personas detenidas en Cuernavaca “de forma voluntaria y espontánea” que aceptaron formar parte de Guerreros Unidos y que estaban “arrepentidos de la muerte de los estudiantes… que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes” y que los “enterraron (…) en las inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero”.
Una versión distinta a la que prevaleció en la llamada verdad histórica presentada por el procurador que habla de calcinamiento en Cocula.
El caso Ayotzinapa no podrá cerrarse en estas condiciones. Como en los peores tiempos, se reporta que hubo irregularidades serias con detenidos e inculpados. Los expertos de alto nivel convocados por la CIDH serán rigurosos con los derechos humanos. Cuando se acerquen al expediente, encontrarán cosas inadmisibles para una investigación. La tortura, por ejemplo.
Si tal cosa existiera, deberíamos aspirar a que, en el caso Ayotzinapa, surja una verdad verdadera.
Fuente: Reforma
