Por Azul Alzaga
Decir las cosas por su nombre es tan legítimo como benéfica la presencia de un debate que conecta a la ciudadanía con quienes representan los poderes
No es un tema de interpretaciones, la definición de traición a la patria está plasmada en el artículo 123, fracción I del Código Penal Federal, según el cual, así se calificaría a quien con sus acciones atente “contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
Independientemente de las razones del conjunto legislativo que votó en contra de la Reforma Eléctrica bloqueando su aprobación, en los hechos, la consecuencia de esa acción cabe literalmente en la definición. Apuntarlo públicamente y darle difusión no es polarizante, a pesar del malestar que su mención puede producir a quienes en este contexto han sido señalados desde diversas cuentas de redes sociales, la calle o figuras públicas. La traición no es de ahora, tenemos un texto constitucional cercenado que estableció la soberanía de la propiedad y explotación de los recursos del país. No es de ahora, pero hoy la traición se hizo viral.
Decir las cosas por su nombre es tan legítimo como benéfica la presencia de un debate público que conecta a la ciudadanía con quienes representan los distintos poderes del Estado para calificar su desempeño. Esa práctica, por cierto, es de uso corriente cuando se trata de la figura presidencial y se encabeza desde liderazgos políticos y económicos de oposición, así como de medios de comunicación que los replican. En ese caso, dicha práctica ha incluido, ahí sí, mensajes de odio que explotan las reivindicaciones de clase y discriminatorias que aún prevalecen en el país.
No es este el caso, pero esos mismos actores hoy gritan de indignación cuando, de manera inédita, se rompe el cerco informativo para dar a conocer y calificar la acción de servidores que, por mucho tiempo, han logrado permanecer en una especie de anonimato en lo que a su labor se refiere, mientras venden su imagen a partir de su capacidad publirrelacionista y el padrinazgo que les patrocina. Esa impunidad se rompió.
Lo que trae consigo el ejercicio que hoy describe de manera literal la acción de legisladores que optaron por un camino cuyo efecto queda claro a un amplio espectro social, es la construcción de memoria histórica y política.
El proceso entero de debate público previo a la discusión legislativa y la lógica consecuencia de la evaluación del resultado por parte de la ciudadanía, debiera quedar como precedente de una práctica normalizada. Será muy importante en esto que, bajo ninguna justificación, se valide su traducción en actos violentos o amenazas que atenten contra la integridad de nadie. El único cauce que un proceso de memoria como este puede tener, y sería valiosísimo, es el del uso de instrumentos pacíficos y democráticos existentes, o por venir, para desahogar el sentir popular: las elecciones, las consultas, la solicitud de juicio político y, en su caso, de aplicación de la ley. Para eso se necesita la franqueza pública, esa de la que sólo reconocen legitimidad en un sentido.
@AZULALZAGA
