Por John M. Ackerman
Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los ciudadanos para que participen directamente en los procesos de vigilancia y evaluación de los comicios.
Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos.
Ello no implicaría problema alguno si las instituciones electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos, independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes constantes.
Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder cuidar las elecciones con total independencia y objetividad.
Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden homenaje al poder y se hacen de la visita gorda frente a las violaciones legales.
Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el Estado de México hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio. Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los funcionarios de casilla, evidenciadas por los numerosos casos de conteos amañados y actas irregulares.
Frente a la traición de las instituciones electorales a su espíritu ciudadano, toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), y con el imprescindible apoyo del licenciado Julio Ortiz, entregamos la semana pasada dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del Estado de México.
Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en jurisprudencias y casos clave resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania.
Por otro lado, sometimos a las autoridades a un “Juicio Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo” de Alfredo del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39 (referente a la soberanía popular), 40 (sobre la República representativa y democrática) y 41 (celebración de elecciones libres y auténticas).
Ésta sería la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su par en el Estado de México, los ciudadanos estamos formal y cínicamente excluidos del proceso de impugnación.
Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales?
Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente tendrán que tomar en cuenta el artículo primero de la CPEUM que establece el principio “pro persona”, que obliga a todas las autoridades del país a recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección de los derechos humanos.
Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”, participen en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la sociedad.
Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y simulación es la recuperación el espíritu original de las reformas electorales de los noventa, permitiendo el acceso ciudadano a la justicia. Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos presentados por #NiUnFraudeMás. l
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