Por Azul Alzaga
Es una excelente noticia que hoy se esté debatiendo este que ha sido uno de los temas más enterrados por quienes pretenden que las cosas se mantengan como están.
En las últimas semanas se ha querido montar sobre el desencuentro del Presidente con el Poder Judicial por la Ley del sector eléctrico, un discurso que desde el inicio de este gobierno ha estado presente en la oposición: “estamos caminando hacia una dictadura, la concentración máxima del poder”.
Hoy sitúan la acusación en el supuesto “ataque a la institucionalidad, a la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial”. Se desvía la discusión hacia una supuesta contienda entre un régimen autoritario (representado por la 4t) y otro democrático y de libertades (representado en este discurso por la oposición y una banda de comunicadores que se llenan la boca hablando de la independencia e incuestionabilidad de jueces impolutos). Y se desvía para no aceptar el hecho de que, en realidad, la disputa que estamos viendo se encuentra entre mantener o no un régimen de privilegio que se resiste a ceder.
Pero, como con otros temas que han sido usados para este propósito, el argumento está lleno de huecos que lo hacen insostenible y permitir que el debate se sitúe ahí; impide tener una discusión profunda y urgente sobre la naturaleza de nuestro sistema de contrapesos, que acaso lleve a plantear más preguntas que respuestas, pero que sería muy útil que se diera con honestidad.
Un primer planteamiento sobre el tema tendría que partir de la evidencia sobre el rol que ha jugado el Poder Judicial en temas de enorme relevancia, que ponen en entredicho su supuesta autonomía en función de una defensa del bien común sobre el interés privado. Ahí nuestra máxima institución garante de la legalidad ha quedado a deber, y mucho. Hay numerosos casos documentados de resoluciones que, haciendo un uso leguleyo de la Constitución, tienen como resultado la protección, más bien, del poderoso, del mejor postor, de ese interés privado. La semana pasada se nos recordó solo la lista de algunas de ellas en la trayectoria del Ministro en retiro José Ramón Cossío, pero más que un personaje o un accidente, pareciera la norma en un poder al que jamás se le cuestiona ni se le pide rendir cuentas. Una primera pregunta es cómo y bajo qué instrumentos se modifica esa circunstancia, que a estas alturas resulta insostenible.
Más aún, pareciera no reconocerse el hecho de que muchas de esas resoluciones se recargan en modificaciones a la Constitución que violaron su esencia garante en temas como la defensa de los recursos estratégicos del país y la lógica de su propiedad, gestión y uso, para dar entrada a una que privilegia su privatización. Es el caso de los artículos 27 y 28 que hicieron de la Carta Magna un Frankenstein en el que coexisten prioridades irreconciliables. Esas modificaciones se hicieron bajo congresos en donde la alianza PRI-PAN, con la ayuda posterior del PRD, prevaleció de forma monolítica, con la complicidad de un Poder Judicial que fue todo menos un contrapeso.
Y es que ese es parte del punto: la conformación de este Poder ha sido generalmente una extensión de la prevalencia partidista con miras a un proyecto de país que hoy se pone a debate desde el encuadre de las instituciones, pero que ya había sido abiertamente cuestionado, no por López Obrador, sino por millones de mexicanos que votaron por un cambio de timón en 2018. De manera que, hacer creer que se defiende una autonomía por principio inexistente, no sólo es cínico, sino profundamente antidemocrático. ¿Es ilegítimo, autoritario, buscar cambiar la Constitución? No parecería ser el caso, sobre todo si se toma en cuenta que antes de llegar a este punto se intentó negociar con los actores afectados para que reconsideraran su voracidad y los medios corruptos que han empleado para hacerla valer. Muchos no han querido, justamente amparados en un marco normativo que pueden usar en su favor.
Dentro de ese marco, también era ya urgente debatir la forma en que instrumentos creados como recursos de garantía para el ciudadano frente a un posible abuso de poder del Estado, terminaron convirtiéndose en armas legales del poder económico contra el propio Estado y, en última instancia, contra otros ciudadanos sin recursos. Es el caso de la necesaria figura del amparo que, en el contexto actual, también ha fallado en su vocación por igualar condiciones para la aplicación de justicia y no alcanza a ser claro si ello tiene que ver sólo con lo anteriormente mencionado o con el propio diseño del mecanismo.
Sin duda hay más preguntas, pero es un hecho que el andamiaje, reglas del juego y personajes que hoy representan al Poder Judicial no responden a la necesidad de una sociedad que pide a gritos la democratización de sus instituciones, la rendición de cuentas y, en suma, un piso mínimo que permita caminar hacia un México más justo. Por eso es una excelente noticia que hoy se esté debatiendo este que ha sido uno de los temas más enterrados por quienes pretenden que las cosas se mantengan como están.
Fuente: El Soberano
