Por Pablo Gómez
La tradición política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo sobre todo otro órgano del Estado. Algunos agudos problemas llevaron al asesinato del presidente de la República, pero sólo para entronizar a otro. También tuvimos presidentes títeres, pero lo fueron de un expresidente en funciones de jefatura máxima.
Es a esto a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en su discurso en el Tribunal Electoral. Más eso no significa que el sistema político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden más bien al lenguaje coloquial.
“Los Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es sólo uno, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.
En realidad, conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente despedir a los integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es el Congreso.
Al presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo), también se le puede despedir a través de un juicio, pero de carácter penal, a cargo del Poder Legislativo.
La realidad, sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran en manos de un solo partido para ejercer esas altísimas facultades. Se requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa mayoría.
Varios partidos, sin embargo, podrían despedir y sustituir al Poder Ejecutivo y al Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México y a los órganos de todos los organismos llamados autónomos o independientes, incluyendo al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De ese tamaño es el poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.
En los hechos, quienes reciben el voto popular, principalmente los partidos, son quienes podrían tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos los demás, pero, en forma ordinaria, no siempre para dar órdenes directas, excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.
El presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido, según la tradición mexicana. Si esto es lo que se quiere eliminar, entonces podríamos entrar a una situación en la que ese presidente sea el líder político de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Pero, como dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a serlo de verdad.
Dice Andrés Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá hablar en su nombre más que en forma absolutamente oficial. Ya ahora se observan intentos de pasar consigna del presidente electo por debajo del agua o con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto es preciso cambiarlo todo.
Ha dicho también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte, tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan a plenitud sus facultades de control político y del sistema de ingreso-gasto, que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o complicidad.
No importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera AMLO.
Lo que sería por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo sistema y buscar su sustitución radical.
En el nuevo esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, de lo que antes se hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se conocen, más las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada paso.
Si se quiere que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura políticas, sin secretos, insinuaciones, lecturas de pensamiento ni engaños.
Sería un error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión ni manera de actuar junto con el gobierno federal y sus grupos parlamentarios, así como de sus alcaldes y gobernadores.
Los partidos no deben ser sólo para hacer campañas, sino para elaborar ideas y luchar por ellas. Los gobiernos no son aparecidos incidentales, sino que surgen de formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un independiente, en cuyo caso, de seguro forma un partido para continuar.
El país requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no conforme un club de negocios, sino una manera de expresar objetivos y métodos con la mayor transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa, el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y clases. He aquí una tarea para hacer historia.
Fuente: Proceso
