Organizaciones internacionales de derechos humanos exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptar la solicitud de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para ampliar el tiempo de operación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de esclarecer el caso ocurrido en septiembre del año pasado.
En cartas por separado enviadas a Peña Nieto y al secretario ejecutivo de la (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, respaldaron la petición organizaciones como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS) y Robert F. Kennedy Human Rights.
“Dadas las solicitudes de información que el GIEI tiene pendientes con las autoridades mexicanas, las tareas relacionadas con peritajes forenses que deben ser completadas, y la investigación de evidencia pérdida, entre otros asuntos importantes, el GIEI ha solicitado más tiempo para cumplir con el objetivos establecido”, plantearon en su carta las ocho ONG.
De acuerdo con el GIEI, 40% de las solicitudes de información que entregó a las autoridades mexicanas se quedaron sin respuesta o ésta resultó parcial, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su posesión 19 objetos pertenecientes a los estudiantes.
El GIEI asiste en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y en la investigación de los hechos con el fin de determinar las responsabilidades penales; luego entregará un informe el próximo 6 de septiembre, al terminarse los primeros seis meses de su mandato.
Según las organizaciones, la tarea del GIEI “ha sido considerada como una oportunidad para abordar el tema general de las desapariciones forzadas en México”.
“Resulta claro que los expertos necesitan más tiempo para completar su objetivo. El apoyo del gobierno mexicano a esta solicitud demostraría su sincero compromiso con la verdad, la justicia y las reparaciones”, planteó Maureen Meyer, integrante de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
“De aprobarse la extensión del mandato del GIEI, esperamos que las autoridades mexicanas sigan apoyando su trabajo y que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los agentes del Estado clave”, se advierte en la misiva, al referirse de manera indirecta a la negativa de las autoridades a entrevistar a 26 militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, activos la noche de la tragedia.
Sin embargo, la extensión del mandato del GIEI en México necesita la aprobación del gobierno federal y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, en la carta enviada a Emilio Álvarez Icaza, fechada el mismo 20 de agosto, las organizaciones puntualizan en que el grupo de expertos debe continuar su labor considerando que “entre 2007 y principios de 2015 se han registrado más de 25 mil personas desaparecidas, con muchas investigaciones incompletas y pocas condenas”.
En ese sentido, las ONG consideraron “emblemático” el caso Ayotzinapa, porque “demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México”.
Por lo anterior recomendaron que la investigación “también debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas”.
Además resaltan la necesidad de que el GIEI continúe operando, toda vez que el Grupo “informó que 40% de sus solicitudes permanecen sin respuesta o con respuesta parcial”, de ahí que en coincidencia con los familiares de las víctimas los expertos “han solicitado más tiempo para ‘dar seguimiento a esta tarea aún no concluida’ y cumplir con los objetivos planteados al definirse su mandato”.
En el documento, recuerdan las palabras expresadas por la presidenta del CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, al oficializar el acuerdo en noviembre de 2014: “Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este acuerdo histórico tiene una importancia fundamental, en el sentido de que representa una oportunidad clave para avanzar en un tema de carácter estructural que México viene sufriendo desde hace años, como son las desapariciones forzadas de personas “.
Los firmantes insistieron en que la ampliación del plazo es necesaria para “asegurar que esta oportunidad única no se acorte antes de que rinda todos sus frutos”.
Fuente: Proceso
