El exgobernador de Chihuahua César Duarte pidió hoy hacer uso de la palabra en la Corte de Miami, pero se quedó con las ganas de hablar, ya que su abogados no los autorizaron.
Sucedió al final de una prolongada audiencia de dos horas en la que su defensa le pidió a una jueza que rechace un pedido de extradición de Duarte para enfrentar cargos de corrupción en México. La audiencia fue a través de Zoom y Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.
Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.
“Todo lo que diga quedará en los récords”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia.
La audiencia terminó y Duarte no habló en público.
En la sesión, que ha durado ya por dos horas, la Juez Lauren F. Louis cuestionó por varios minutos la interpretación de la defensa sobre la vigencia de los cargos, señalando –sin resolver aún- que a ella le parecía que las acusaciones no son varias –como dice la defensa-, sino una por peculado, coincidiendo en la apreciación con la parte acusadora.
“Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda”, dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. “Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes”, aseguró.
La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.
Duarte, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, permanece preso en el Centro Federal de Detención en Miami, acusado por el desvío de 96.6 millones de pesos de recursos públicos durante su gestión.
El alegato de vencimiento de los delitos, o “moción para desestimar” la solicitud de extradición a México de Duarte, fue introducido el pasado 30 de septiembre por la representación del ex mandatario con la intención de reducir la acusación y, como señaló inicialmente, incluso terminar con el proceso.
Fuente: El Diario/ AP
