Por Luis Javier Valero
¿Quién se va a creer que en la reunión de Peña Nieto con Barak Obama –cuyo tema central, quizá único, fue el de la seguridad pública–, que no abordaron la probable captura de Guzmán Loera y las implicaciones que esto tendría en ambos países?
Con toda seguridad ahí fue informado el presidente mexicano que contaban con muchas pistas acerca del sinaloense y no tardaría su detención-reaprehensión.
No hay espacio para la especulación y la denostación entre priistas y panistas. Entre las estructuras intocadas por el panismo gobernante en la docena anterior, se encuentra la del crimen organizado. Ni una sola estructura financiera, íntegra, de alguno de los cárteles existentes a su arribo al poder fue destruida; al contrario, no sólo pervivieron las de tiempo atrás, sino que a su sombra crecieron otras, entre ellas, la más salvaje de todas, la de los Zetas.
Contrariamente a lo planteado por algunos panistas, El Chapo no era priista, tampoco fue panista, a pesar del inmenso apoyo recibido en el gobierno de Calderón; simplemente fue, es y será narcotraficante. Su poder letal lo ejerció a plenitud, tanto como probablemente ningún otro narcotraficante en el mundo lo ha hecho. Y lo hizo en el sexenio del presidente que nació y creció en el más doctrinario de los panismos.
¿Fue pactada la entrega de Guzmán? No se puede descartar. Siempre quedará la duda de si lo hizo en acuerdo con el resto de los mandos de su grupo pues se filtró que había sostenido una reunión con el Mayo Zambada en los días previos y otra con el nuevo prófugo, Rafael Caro Quintero, cuyo imperio económico ha resistido el paso de casi 3 décadas.
Pero si nos faltaran elementos para asegurar lo anterior, ahí está la manifestación a favor de Guzmán en el centro de Culiacán, la capital de los capos mexicanos de las últimas 5 décadas, al son de la banda y con la algarabía propia de los sinaloenses.
Ni los manifestantes se creían que podrían alcanzar la liberación de Guzmán. No, el mensaje era otro, el de los jefes, el de los pares del Mayo Zambada a los sinaloenses, al gobierno, a los otros grupos criminales, en el sentido de que podría estar encarcelado Guzmán Loera, pero las cosas seguían, que la estructura del grupo se mantiene incólume.
Nuestro amigo Héctor Pérez Estrada plantea (“¿Qué sigue después del Chapo?”, El Diario de Chihuahua, 1/III/14) que El Chapo era “financiador de campañas y amigo del priismo”, sin parar mientes en que varios de los panistas sinaloenses más renombrados, incluido uno que fue el coordinador de los diputados locales allá fue amigo de algunos de los más destacados narcotraficantes y que en esa calidad acudió al sepelio del “Ceja Güera”, o que otro debió hacerse a un lado de la disputa por la candidatura presidencial a causa de los muy frecuentes señalamientos públicos en Sinaloa acerca de su cercanía con algunos de los capos
Y los señalamientos no reparaban en los límites partidarios, al mismísimo alcalde priista de Culiacán, luego aspirante derrotado a la gubernatura, Jesús Vizcarra, se le adjudicaron los mismos calificativos.
De ahí la importancia de ubicar los hechos reales acerca de la fuga de Guzmán Loera. Fue detenido por gobernantes priistas y alcanzó su libertad, sí, en un gobierno panista, pero los operadores de la Secretaría de Seguridad Pública eran de origen priista.
Jorge Tello Peón, el Subsecretario de Seguridad Pública que visitó el penal de Puente Grande mientras Guzmán Loera daba audiencias para despedirse, se convirtió, luego de ese cargo público, en vocero del grupo Cemex.
Uno de sus subordinados, Genaro García Luna, fue comisionado para encabezar la investigación acerca de la fuga. Los videos de las visitas de Tello Peón a Puente Grande desaparecieron; ni los fiscales, ni los jueces pudieron acceder a ellos. Luego, casi al término del sexenio de Vicente Fox, el director del penal, acusado y sentenciado por la fuga, fue liberado, “por buena conducta” en su reclusión.
García Luna sería el policía preferido de Felipe Calderón. Convirtió su agrupación policiaca en un poderoso ejército de cerca de 40 mil hombres que sembraron el terror y la violencia como signos característicos de su presencia. Las poblaciones de Michoacán y Juárez se convirtieron en testigos-víctimas de los excesos de estos hombres y a su paso murieron casi todos los cabecillas del narcotráfico, enemigos del Chapo Guzmán.
No importa el origen partidario, el problema era, como lo es ahora, la pervivencia de las estructuras de todo tipo que hacen viable el negocio principal y sus sangrientos y dolorosos negocios colaterales.
¿Obedece, la detención, solamente a la necesidad de mejorar la imagen pública del gobierno del presidente Peña Nieto?
Es probable que no, pero ese factor por supuesto no se puede desestimar y si, de pasada, se abre la posibilidad de que por ella el gobierno recupere márgenes de credibilidad, dijeron, pues adelante, pero seguramente que el factor determinante fue el enorme peso de Guzmán en la guerra de los cárteles y la necesidad de abatir, de manera inmediata, los niveles de violencia y de pérdida de control gubernamental sobre amplias zonas del país, algo que al gobierno norteamericano le empezaba a preocupar seriamente y que al de Peña Nieto le empieza a calar conforme se acercan las elecciones de mitad de sexenio.
No es cosa menor, en lo que va del año del priista Peña Nieto se han presentado más de 21 mil homicidios, según los reportes sobre la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cantidad ligeramente superior a la presentada en el mismo período del gobierno anterior: “De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2012 se denunciaron mil 718 delitos de este tipo. En 2013, 18 mil 147, y en enero pasado, mil 366 (Total, 21 mil 231). La cifra no difiere mucho de lo manifestado en los primeros 14 meses del sexenio de Felipe Calderón, cuando hubo 21 mil 206 homicidios dolosos”. (Nota de Georgina Saldierna, La Jornada, 1/III/14).
Dados a trivializar prácticamente todo (no nos queda de otra, aparentemente) de repente pareciera olvidarse la enorme tragedia vivida. Vivimos la más grande matanza de todo un siglo, y prácticamente todos, de una manera ú otra, nos convertimos en damnificados de una guerra de cuyas secuelas nadie se hace responsable.
Justo es remarcarlo, tan sólo en la entidad murieron más de 17 mil personas y de sus muertes nadie se ha hecho responsable. En la mayoría de los casos la autoridad no ha indagado mayor cosa y todos nos olvidamos de la otra parte, que en el caso de Chihuahua y Sinaloa era –es– el Cártel de Juárez, y en Baja California, los Arellano Félix, en Guerrero los Beltrán Leyva y otros; en Michoacán el cúmulo de agrupaciones, el otras zonas del país, los Zetas, el Cártel del Golfo, o los Nueva Generación, etc.
Nada de eso se acabó con la detención de Guzmán. Todavía hoy, a una semana de ese hecho, ninguno de los gobiernos, ni el de EU, ni el mexicano, han podido informarnos del avance en el desmantelamiento de la estructura financiera y empresarial de El Chapo.
Y tampoco las fiscalías, o procuradurías estatales de las entidades, en las que se acreditó la comisión de miles de delitos por individuos señalados públicamente como integrantes del Cártel de Sinaloa – “operadores”, les decían–, han informado de las denuncias en contra de Guzmán por su presunta autoría intelectual.
En particular la de Chihuahua. El recuento es extremadamente doloroso como para actuar solo como testigos del modo en que se pretende extraditar a Guzmán. En la semana, El Diario publicó un puntual reportaje: “Causaron Cártel de Sinaloa y ‘La Línea’ la historia más sangrienta de Juárez”… “El saldo más costoso para Ciudad Juárez, establecen ciudadanos organizados, fueron los más de 10 mil asesinatos cometidos durante la ‘guerra’ librada aquí desde el 2008, además de una ‘oleada’ de delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y robos violentos, tanto a personas y negocios como a casas-habitación”. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 24/II/14).
El relato de como se les hizo llegar a los integrantes de la policía municipal juarense que se había roto el pacto existente entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa es impresionante:
“Con la condición del anonimato, el ex oficial local contó que una mañana a finales del 2007 todos los mandos de la policía local fueron convocados a una reunión en el parque Central, la que se realizó a las 14:00 horas… Luis Guillermo ‘El Pariente’ Castillo Rubio, detenido por la PGR en Querétaro en diciembre del 2011, encabezó el encuentro y se dirigió a los jefes policiacos en esta frontera.
‘Desde este momento en adelante aquí el cabrón es ‘El Viceroy’, cualquier movimiento que hagan estos –dijo refiriéndose a los representantes de ‘El Chapo’– tiene que ser supervisado por nosotros, cualquier bodega, cualquier cargamento, cualquier llamada que hagan éstos y que suelten ustedes algo y no nos enteramos nosotros, se los va a llevar la chingada’.
-Nosotros dijimos ‘ah, cabrón qué pedo’, porque antes se trabajaba en conjunto y con cualquiera de los dos cárteles mandaba, explicó el ex policía”. (Ibídem).
“La intervención del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez se ventiló también en una Corte Federal de El Paso durante un juicio por narcotráfico realizado en 2010. Durante el proceso contra Manuel Chávez Betancourt y Fernando Ontiveros Arámbula, acusados de traficar 100 ó más kilos de mariguana a Estados Unidos, participó como testigo Jesús Fierro Méndez, alias ‘Puma’ y ex capitán de la Policía en Juárez. El ex oficial declaró en la audiencia que Guzmán le autorizó tanto a él como a otros miembros de su organización a proveer información a las autoridades federales de Estados Unidos sobre ‘sus rivales del cártel de Vicente Carrillo Fuentes”. (Ibídem).
Los elementos ahí están, investigarlos, dar cuenta de la estructura económica de este cártel y de los otros existentes, será la única manera de que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtenga beneficios de esta detención, de lo contrario sólo le dará la razón a quienes sostienen que fue un montaje.
